Aunque el artículo 40 de la Ley General de Educación apunta los objetivos de la educación inicial, enfocada a los menores de cuatro años, ésta cuenta con un nivel de cobertura bajo, pues aunque está comprendida en el sistema educativo nacional, no forma parte de la educación básica y se le considera educación extraescolar.

Esto fue señalado por Claudia Osiris Martínez Valle, colaboradora del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación, de la Universidad Iberoamericana, y del Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia, plataforma de pronunciamiento público impulsada por el Sistema Universitario Jesuita, al que pertenece la Ibero.

Según datos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en 2013 la cobertura de educación inicial equivalía apenas a 12.2 por ciento (1´018,038) del total de niñas y niños en ese rango de edad. Además, su cobertura tiende a concentrarse sólo en ciudades de mayor desarrollo, pues históricamente este servicio era dirigido, casi exclusivamente, a madres y padres asalariados del sector formal como parte de sus prestaciones sociales, señaló Claudia Martínez.

La investigadora indicó que las políticas y servicios dirigidos a la atención de la primera infancia siguen siendo una materia pendiente en México, pues aunque diversos estudios han mostrado que ésta es una etapa decisiva en el desarrollo de las capacidades físicas, intelectuales y emotivas de cada niño y niña, y la más vulnerable del crecimiento, las políticas dirigidas a este sector son escasas.

Aunado a ello, hay una multiplicidad de enfoques y términos para referirse a esta etapa y persisten lagunas importantes en cuanto a datos e investigaciones, más allá de los indicadores del sector salud (mortalidad, desnutrición y crecimiento).

Si bien queda mucho por avanzar en el tema, ya se han registrado algunos aciertos, a partir de la tragedia en la estancia infantil ABC, que colocó el tema de la atención a la primera infancia en la agenda y opinión públicas.

Esto, dijo, facilitó ciertos avances en materia normativa, como la creación de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Infantil, en 2011, que reconoció que los niños tienen derecho a recibir servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil en condiciones de calidad, calidez, seguridad, protección y respeto de sus derechos, identidad e individualidad con el fin de garantizar el interés superior de la niñez.

Además, se modificó el artículo primero constitucional, que establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte, entre los cuales figura la Convención de los Derechos del Niño, que considera a los infantes como sujetos de derechos y que señala la igualdad y la mutua relación existente entre los derechos a la supervivencia y desarrollo, a la protección y a la participación.

Si bien la importancia otorgada en el discurso y los avances en materia normativa son necesarios, han sido insuficientes para cambiar las condiciones que persisten en la cotidianidad de los planteles que atienden a los menores. Se trata de un reto enorme tanto por la complejidad como por la ausencia de políticas en este nivel, apuntó.

JTGI/ ah