La Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, mejor conocida como Ley 3de3, no acabará con la corrupción ya que ésta no obliga a los funcionarios a presentar su declaración patrimonial, fiscal y de conflicto de interés, aseguró la doctora en Derecho y académica de la Ibero, la Mtra. Loretta Ortiz Ahlf.

Consideró que el gobierno federal debió vetar el artículo 29, el cual establece que los funcionarios pueden ocultar información sobre su patrimonio o su declaración fiscal, con el argumento de que son datos de su vida privada, y no en el 32, que determina que las personas físicas y morales que reciben recursos o contratan con los tres niveles de gobierno presenten su 3de3.

"Está claro que el gobierno quiere quedar bien con los empresarios porque los deslinda de presentar sus declaraciones, pero de quien debe estar atento es de los funcionarios, porque ellos son los que piden los moches".

Sin embargo, aseguró que el artículo 32 también debe modificarse porque es impensable de todas las personas físicas y morales que reciben recursos o contratan con el gobierno presenten su declaración patrimonial, fiscal y de conflicto de interés.

Comentó que una de las opciones para acabar con la corrupción es que el gobierno haga públicos todos los contratos que celebra con particulares, y dé a conocer los montos destinados a estos, ya que así se podría detectar si alguna empresa está acaparando las licitaciones o si los recursos asignados corresponden al trabajo que se va a realizar.

"Si ves que toda la obra del Estado de México y la federal únicamente la está haciendo una sola empresa, te llama la atención y empiezas a investigar".

Señaló que tanto la participación de los ciudadanos como la voluntad política son indispensables para que el Sistema Nacional Anticorrupción rinda frutos. "Las auditorías de las obras no debe realizarlas el Congreso porque además de que se tarda dos años en entregarlas, no tiene la facultad para castigar las irregularidades que encuentre, por eso debe haber auditores especializados".

Cabe recordar que hace unos días el gobierno federal ejerció su facultad de veto, al realizar observaciones parciales a la Ley 3de3, específicamente al artículo 32, incisos B y C y otros 15 artículos relacionados con éste, al considerar que atentan con la vida privada y la protección de datos.

Será esta semana cuando las juntas de Coordinación Política del Senado y de la Cámara de Diputados decidan si las observaciones realizadas por el gobierno federal pasan en automático al pleno o las mandan a comisiones.

La Licenciatura en Derecho de la Ibero tiene como objetivo formar profesionistas capaces de resolver o de proponer soluciones para los problemas jurídicos públicos, privados y sociales que garanticen el respeto a la ley y a la dignidad humana y que redunden en una mejor calidad de vida en México.

AA/ ah