En cinco años, las cosas cambiaron para la sociedad y en específico para personas con discapacidad (PCD). Más personas con discapacidad logran conseguir trabajos con contrato, también la pensión empieza a jugar otro papel en las personas mayores de 60 años de esta población (la pensión se ha convertido en su principal fuente de ingreso) y también menos personas piensan que a quienes tienen una discapacidad no se les respetan sus derechos.

Sin embargo, más personas con discapacidad dicen haber sufrido discriminación, situándose con los grupos más discriminados, recurren cada vez más a consultorios privados o de farmacia en lugar del sistema público de salud. Esto es lo que observamos comparando los datos de las encuestas ENADIS 2017 y 2022.

Trabajo formal. Más PCD logran conseguir trabajos y prestaciones; el salto fuerte está fuera de las ciudades

Entre 2017 y 2022, el panorama laboral para las personas con discapacidad mejoró de forma modesta pero significativa. La proporción de quienes cuentan con un contrato formal aumentó de 24.9% a 32.4%, y el acceso a prestaciones médicas pasó de 26.8% a 33.7%. El avance es más notorio en zonas no urbanas, es decir zonas rurales, donde el empleo con contrato prácticamente se duplicó (de 7.4% a 15.5%), mientras que en las zonas urbanas pasó del 32.1% a 41.3%.

Mientras el panorama laboral general del país se mantuvo sin mejora significativa (un mercado formal plano y prestaciones que retroceden), las personas con discapacidad sí registraron avances modestos en ambos indicadores (subidas de alrededor de 7 puntos porcentuales en contrato y prestaciones).

Estos datos reflejan una mejora relativa en el piso laboral para un grupo históricamente rezagado, que empieza a ganar presencia en el mercado formal. Aun así, la brecha frente a la población sin discapacidad sigue siendo amplia (siete puntos también), lo que evidencia que sigue siendo un tema para impulsar. Para las PCD, la mejora relativa es real, aunque insuficiente para cerrar brechas.

¿Quién sostiene a quién después de los 60?

En hogares con PCD mayores, la pensión para adultos ya es la principal fuente de ingreso para ambos sexos (≈33%), mientras que el trabajo/negocio pesa mucho más en hombres (30.7%) que en mujeres (11.3%). En 2017, ellas dependían con mucha mayor frecuencia de hijas/os (45.8%); esa carga familiar sigue alta (30.8%) pero bajó. Para política pública, este apoyo podría empezar mitigar pobreza en la vejez y a ser una ayuda que pudiera descomprimir a las familias.

Salud: el mapa de atención se reacomoda

Entre la población con discapacidad el uso de servicios institucionales (IMSS/ISSSTE/PEMEX/Defensa/Marina) bajó ligeramente (de 39.8% a 38.5% sumando las categorías nuevas de 2022), y la atención en SSA/Seguro Popular/INSABI/IMSS-Bienestar pasó de 38.4% a 27.1% una caída fuerte, pensando que es una población que requiere una mayor y más diversa atención médica. En paralelo, creció la atención privada (de 12.4% a 19.7%) y la confianza en los consultorios de farmacia (de 7.4% a 11.8%). Esto representa un cambio de rutas que exige vigilancia en cuanto a la calidad de los servicios públicos y el gasto en los bolsillo de las personas con discapacidad y sus familiares.

Edades y dónde viven las personas con discapacidad

La comparación de los datos de la ENADIS 2017 y 2022 muestra que las personas con discapacidad (PCD) se concentran en edades avanzadas: casi la mitad tiene 60 años o más (55%), frente a apenas 10% en la población sin discapacidad. Mientras que en la población sin discapacidad prevalece un perfil joven (25% entre 15 y 29 años), en la PCD este grupo apenas alcanza 9-10%. En cuanto a la residencia, la diferencia es más sutil, pero se puede entrever que después de transcurrir 5 años se ha aumentado la residencia en zonas rurales tanto para personas con discapacidad como sin discapacidad, destacando este cambio en el primer grupo con una diferencia de 5 puntos porcentuales.

En el estrato socioeconómico las brechas son claras: entre las PCD aumentó la proporción en niveles bajo y medio bajo (73% en 2022) y se redujo la presencia en niveles alto y medio-alto, por debajo de la población general. Estos patrones (envejecimiento, mayor ruralidad y menor holgura económica) refuerzan la urgencia de más políticas de inclusión educativa, laboral y social.

Educación: distancia que se achica… y la que no

Entre las PCD de 15 a 24 años subió la asistencia escolar de 28.6% a 36.5%, una señal de inclusión a la educación superior y media que vale celebrar. En la niñez, sin embargo, cayó un poco (6–14 años: de 79.5% a 77.4%), mientras que en la población sin discapacidad se mantiene con poca variación (6-14 años: de 46.4% pasó a 47.8% y 15-24 años: de 97.0% pasó a 96.0%).

El analfabetismo se mantuvo con una gran brecha respecto a la población sin discapacidad de aproximadamente 18 puntos porcentuales.

Por otro lado, en el ámbito de la escolaridad, el salto a la universidad sigue siendo la colina más empinada. En educación superior, el total de PCD se estanca, pasó de 10.8% a 10.3%, en 2022, mientras que la población sin discapacidad pasó de 23.9% a 22.2% de 15–59 años.

Trayectorias de salida de la escuela: menos embarazo, más costo

Entre mujeres con discapacidad, dejar la escuela por embarazo/pareja cayó (de 17.6% a 14.7%), mientras no poder pagar subió un poco (de 21.5% a 23.5%). En hombres con discapacidad, salirse para trabajar se mantuvo (≈31%) y no poder pagar bajó de 19.3% a 12.7%. Las barreras cambian de rostro: menos normas de género, más economía.

Respeto percibido

Menos adultos mayores piensan que a quienes tienen una discapacidad no se les respetan sus derechos. Entre 2017 y 2022 cae la proporción que percibe “poco o nulo respeto” a los derechos de las PCD por arriba de 5 puntos porcentuales, donde distinguimos lo que opinan las personas sin discapacidad y con discapacidad: Personas sin discapacidad: jóvenes de 56.4% a 48.6% y PCD: jóvenes de 60.8% a 48.6%, Personas sin discapacidad: adultos de 59.6% a 53.4% y PCD: adultos de 62.8% a 55.1%**, Personas sin discapacidad: mayores de 52.7% a 47.7% y PCD: mayores de 49.3% a 44.3%. Esto sugiere un cambio positivo en las actitudes declaradas hacia las personas con discapacidad, sobre todo según la opinión de otras personas con discapacidad, aunque la mitad de la población aún percibe irrespeto, lo cual muestra que el avance es real, pero incompleto.

La mejora es consistente por edad, con el mayor avance entre jóvenes. Detrás hay efecto generacional: las cohortes más nuevas declaran menos prejuicio en casi todos los temas de derechos. Aun así, los niveles siguen altos para un país que ya reconoce la discapacidad como categoría protegida. El dato funciona como termómetro del clima social, no como prueba de cumplimiento de derechos.

Así, la percepción social hacia las personas con discapacidad muestra una de las mejoras más claras dentro de todos los grupos evaluados por ENADIS. La proporción de quienes consideran que hay “poco o nulo respeto” a sus derechos bajó siete puntos porcentuales (de 58.6% a 51.7%), un cambio que solo superan las caídas observadas en los grupos trans y adultos mayores.

Si bien este avance sugiere un cambio cultural sostenido (las personas con discapacidad ganan visibilidad pública, mayor reconocimiento en medios y en el discurso político, y comienzan a ser percibidas con más respeto en distintos entornos) la mitad de la población sigue creyendo que los derechos de las personas con discapacidad no se respetan plenamente, lo que evidencia que la inclusión simbólica ha avanzado más rápido que la inclusión práctica.

Más personas con discapacidad reportan discriminación

Entre 2017 y 2022, la proporción de PCD de 18 años y más que dijo haber sido discriminada en los últimos 12 meses subió de 19% a 23.9%, un aumento de 4.9 puntos porcentuales. En 2022, ese nivel coloca a la PCD entre los grupos con tasas más altas, junto con mujeres (24.2% y población indígena (26.7%). El repunte puede reflejar mayor disposición a denunciar y mayor conciencia social, pero también la persistencia de prácticas discriminatorias que siguen presentes en varios ámbitos de la vida cotidiana.

Discriminación y denuncia: la paradoja 2022

La convivencia es áspera: más gente reporta haber sido discriminada en el último año, aún cuando baja la negación concreta de derechos. La discriminación vivida en los últimos años sube de 19% a 23.9% entre PCD.
Hay una reducción de la negación de derechos la cual baja de 24.6% a 22.2%. Hay un ligero aumento en la denuncia, pues crece de 8.7% a 12.1%; sin embargo, la mayoría no denuncia y la razón #1 sigue siendo “no le harían caso” (de 49% a 43.3%), mientras “no tenía importancia” sube (de 9.3% a 17.6%).

Hay una reducción de la negación de derechos la cual baja de 24.6% a 22.2%. Hay un ligero aumento en la denuncia pues crece de 8.7% a 12.1%; sin embargo la mayoría no denuncia y la razón #1 sigue siendo “no le harían caso” (de 49% a 43.3%), mientras “no tenía importancia” sube (de 9.3% a 17.6%).

Notas relacionadas:

• Empleos Para Personas con Discapacidad y Neurodivergencias: ¡IBERO Impulsa Feria de Inclusión Laboral! 
• IBERO Impulsa Inclusión Laboral con Feria para Personas con Discapacidad y Neurodivergencias
• Académicos IBERO Reflexionan sobre Inclusión Laboral en Coloquio Internacional