El asesinato de personas de la comunidad LGBTQ+ motivado por odio es una de las formas más extremas de violencia estructural. Estos crímenes, cometidos por prejuicio hacia la orientación sexual, identidad o expresión de género de las víctimas, han sido reconocidos como crímenes de odio por organismos como la CIDH y la ONU. Incluyen transfeminicidios, lesbicidios y homicidios homofóbicos, entre otros.
En América Latina, el Observatorio de Personas Trans Asesinadas (TMM, 2022) documenta que esta región concentra la mayor cantidad de asesinatos hacia personas trans en el mundo. En algunos estados de México, el transfeminicidio ha sido tipificado como delito autónomo, reconociendo la violencia transmisógina como una forma específica de feminicidio (Villanueva, 2021).

Los esfuerzos para “corregir” la orientación sexual e identidad de género, conocidos como ECOSIG o comúnmente llamados “terapias de conversión”, incluyen prácticas como sesiones psicológicas, psiquiátricas y consejería religiosa, destinadas a modificar la orientación sexual o la identidad y expresión de género de las personas (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2019). Se advierte que estos métodos no solo implican tratos crueles, degradantes e inhumanos, sino que en algunos casos llegan a considerarse tortura, involucrando privación de libertad, aislamiento o medicación forzada.
México fue pionero en Latinoamérica al prohibir las ECOSIG. El 22 de marzo de 2024, la Cámara de Diputados aprobó reformas al artículo 209 del Código Penal Federal y adicionó el artículo 465 BIS a la Ley General de Salud, con el objetivo de erradicar todo trato cruel, inhumano o degradante que busque reprimir la orientación sexual, identidad o expresión de género de las personas LGBTQ+.

Las violaciones "correctivas" son una forma extrema y brutal de violencia sexual que buscan castigar o forzar a una persona a cambiar su orientación sexual o identidad de género (CIDH, 2015), bajo la falsa idea de que ser LGBTQ+ es algo que debe corregirse. Este tipo de agresión ocurre principalmente contra mujeres lesbianas o bisexuales. En estos casos, los agresores intentan justificar sus acciones diciendo que están “dando una lección”, “haciendo un favor” o “castigando” a las víctimas por su orientación sexual, perpetuando la violencia sexual como una herramienta de control y castigo (OHCHR, 2011).

Las agresiones físicas son conductas que implican el uso deliberado de fuerza o poder sobre otra persona, con la intención de producir daño corporal, ya sea leve o severo. Los ataques físicos motivados por odio hacia identidades LGBTQ+ constituyen delitos de odio y son atentados contra la integridad física y psíquica. Estas acciones pueden incluir empujones, golpes, patadas, quemaduras, entre otros, y no solo generan consecuencias físicas inmediatas, sino también afectaciones psicológicas a largo plazo (CIDH, 2015; HRW, 2018).

La negación de atención médica por motivos de orientación sexual o identidad de género se manifiesta en formas como la negación directa del servicio, malos tratos, o más sutil, a través de actitudes hostiles, lenguaje despectivo o falta de respeto hacia su identidad. También, se ha documentado que la falta de capacitación del personal médico y la escasa implementación de protocolos inclusivos provocan que muchas personas LGBTQ+ posterguen su atención médica, lo que agrava su estado de salud. Incluso donde existen lineamientos oficiales para una atención sin discriminación, su aplicación suele ser limitada o nula, particularmente en zonas rurales o en instituciones sin formación específica en diversidad sexual y de género (APA, 2015; APA, 2021; Recchi et al., 2018).

La discriminación estructural hacia las personas LGBTQ+ se manifiesta cuando normas, instituciones y políticas sociales refuerzan desigualdades históricas que marginan sistemáticamente a esta población. A diferencia de la discriminación directa o interpersonal, esta forma está incrustada en el funcionamiento cotidiano de la sociedad, expresándose en leyes que no reconocen plenamente sus derechos, sistemas de salud que desatienden sus necesidades diferenciales, y prácticas laborales o educativas que invisibilizan o estigmatizan sus identidades. Esta forma de discriminación es especialmente preocupante porque está profundamente normalizada en las normas y prácticas sociales, lo que genera una resistencia institucional al cambio y dificulta la modificación de políticas y procesos que perpetúan la desigualdad (HRW, 2018).

El discurso de odio es cualquier forma de comunicación —como comentarios, publicaciones, gritos o mensajes— que insulta, degrada o incita al rechazo hacia personas por ser quienes son, especialmente por su orientación sexual, identidad de género, color de piel, religión u origen. Es cuando alguien usa sus palabras para sembrar odio o desprecio contra un grupo, como cuando se dice que las personas LGBTQ+ “no deberían existir” o que “son una amenaza para la sociedad”. Este tipo de lenguaje no solo hiere a nivel individual, sino que también crea un ambiente peligroso, donde se normaliza la exclusión de quienes no encajan en lo que se considera “normal”, negándoles el derecho a vivir con libertad, dignidad y seguridad (Naciones Unidas, s.f.; Foucault, 2005; OHCHR, 2019).

Excluir de lugares a personas LGBTQ+ consiste en negarles el acceso o permanencia en espacios públicos o privados debido a prejuicios hacia su identidad de género u orientación sexual. Esta forma de discriminación limita su participación en la vida comunitaria, restringe derechos como el libre tránsito y refuerza la marginalización social. En algunos contextos, las autoridades o actores sociales imponen normas explícitas o implícitas que empujan a estas personas fuera de espacios comunes, como plazas, baños, escuelas o zonas comerciales (ICJ, 2007; CIDH, 2015).

El acoso por orientación sexual o identidad de género es una forma de violencia que consiste en acciones como insultos, amenazas, burlas, exclusión social, agresiones verbales y físicas, así como ciberacoso. Este tipo de acoso puede ocurrir en distintos espacios de la vida cotidiana, como la escuela, el trabajo, el hogar o lugares públicos. Las consecuencias para quienes lo enfrentan son profundas y duraderas, incluyendo altos niveles de estrés, ansiedad, depresión y, en casos extremos, riesgo de suicidio (OHCHR, 2015).

Patologizar la diversidad sexual o de género implica considerar que estas identidades constituyen una enfermedad, lo cual es falso y representa una violación a los derechos humanos, esta lógica patologizante ha sido históricamente utilizada para justificar distintos tipos de abusos contra personas LGBTQ+.
La Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales en 1990, y la transexualidad en 2018. Sin embargo, aún persisten prácticas institucionales y discursos que medicalizan las identidades disidentes como si fueran trastornos. Esta visión puede dar lugar a procedimientos médicos forzados, especialmente hacia personas trans, incluyendo tratamientos hormonales no consensuados, esterilización o cirugías obligatorias como condición para el reconocimiento legal de su identidad (OHCHR, 2016; APA, 2015; Mayer, 2003).

Las burlas denigrantes son comentarios, apodos o imitaciones que se hacen con la intención de hacer sentir mal a alguien, ridiculizarlo o menospreciarlo por cómo es o cómo se expresa. En el caso de las personas LGBTQ+, estas burlas suelen dirigirse a su orientación sexual, identidad o expresión de género, y se basan en prejuicios o estereotipos. Por ejemplo, reírse de un hombre gay imitando su forma de hablar o llamar de forma burlona a una persona trans por cómo se viste, estas acciones no solo hieren a nivel personal, sino que también refuerzan la idea de que solo hay una forma “correcta” de ser o de vivir la sexualidad (CIDH, 2015).

Rechazar expresiones de género significa no aceptar o criticar la forma en que una persona decide mostrar su identidad de género a través de elementos como la ropa, el peinado, el tono de voz, los gestos o el uso de accesorios. Esta forma de rechazo se manifiesta cuando, por ejemplo, se ridiculiza a un hombre por usar maquillaje, se obliga a una niña a vestirse de manera “femenina”, o se castiga a alguien por no actuar según lo que se espera de su género (CIDH, 2015).

Minimizar la lucha LGBTQ+ se refiere a actitudes o discursos que reducen la importancia de las demandas por igualdad y reconocimiento de estas poblaciones. Esta forma de invalidación puede manifestarse cuando se desestima la discriminación que enfrentan o se sugiere que ya han alcanzado suficiente reconocimiento. También ocurre cuando se asume que sus reclamos son exagerados o cuando se manifiesta que sus necesdidades diferenciales son un privilegio (Corte IDH, 2017).

Desacreditar la inclusión se refiere a negar, minimizar o poner en duda los esfuerzos y derechos de las personas LGBTQ+ a formar parte plena e igualitaria de la sociedad. Por ejemplo, esto se puede observar mediante comentarios hostiles, discursos públicos, políticas, omisiones legales y prácticas discriminatorias que niegan o disputan el derecho de las personas LGBTQ+ a integrarse y participar en la sociedad en condiciones de igualdad. Un ejemplo claro es rechazar la implementación de programas de inclusión laboral para personas LGBTQ+ argumentando que “todos deberían competir en igualdad de condiciones”, ignorando las desigualdades estructurales que históricamente han dejado a estas poblaciones en desventaja (OHCHR, 2012).

El misgendering se refiere al uso incorrecto de los pronombres con los que una persona se identifica, ya sea de forma intencional o no. Por ejemplo, cuando una persona que se identifica con los pronombres “ella” es llamada intencionadamente “señor”. El deadnaming ocurre cuando no se respeta el nombre elegido por personas trans o no binarias, y se utiliza el nombre que les fue asignado al nacer, el cual ya no representa su identidad. También se considera deadnaming cuando se insiste en preguntar por el antiguo nombre o cuando se descalifica o invalida el nuevo nombre elegido (Sánchez, 2020; ICJ, 2007; McLemore, 2018).

La expresión “estás confundidx” es una forma de invalidación que se utiliza para descalificar la identidad o la orientación sexual de una persona. Decirle a alguien LGBTQ+ que “está confundidx” implica que no sabe realmente quién es, que su vivencia no es válida o que necesita “corregirse” o “aclararse”, como si su identidad fuera temporal, errónea o producto de una fase. Esta frase suele usarse con tono condescendiente, hacia jóvenes LGBTQA+ (Comisión Internacional de Juristas ICJ, 2007).

Esta expresión representa un tipo de aceptación condicionada, disfrazada de inclusión, que sigue perpetuando mecanismos sutiles pero profundos de discriminación. Este tipo de frases aparentan apertura al principio, pero al continuar con la segunda parte de esta, antecedida normalmente por un “pero”, existe una afirmación que restringe derechos o cuestiona la legitimidad de las identidades LGBTQ+. Por ejemplo: “Te acepto, pero no apoyo la adopción homoparental”. Aunque inicia con una aparente “tolerancia”, el uso del “pero” introduce una negación del derecho a la familia, colocando límites arbitrarios a la igualdad (Freire, 1970).

Asumir el género o la sexualidad de una persona significa dar por hecho, sin preguntar ni tener certeza, cuál es su identidad de género o su orientación sexual basándose en estereotipos, apariencias o comportamientos. Se considera una forma de violencia simbólica porque impone una norma rígida que no da espacio a la diversidad ni a la autodeterminación (Comisión Internacional de Juristas ICJ, 2007).