El intento por aprobar en fast-track una iniciativa de Ley General de Biodiversidad (lgb) a fines del año pasado fue detenido gracias a la presión pública de un espectro amplio de personalidades y organizaciones de la sociedad civil y la academia especializadas en el cuidado y la preservación del ambiente. En el análisis crítico que especialistas en derecho y protección ambiental hicieron, se evidenciaron omisiones y carencias que dejarían a la biodiversidad en un estado de mayor vulnerabilidad en comparación con la legislación vigente.

En respuesta a estos cuestionamientos, el Senado de la República aplazó la discusión y aprobación de la ley, y comenzó un proceso de consulta técnica en el que las voces de los expertos y la sociedad civil pudieron expresarse.  De cualquier modo, el formato de la consulta resultó ser muy distante y especializado, y dejó afuera actores clave en la preservación de la biodiversidad como los pueblos indígenas y las comunidades locales.

Después de esta consulta técnica se incorporaron modificaciones y añadidos a la propuesta de ley, las cuales permitieron subsanar algunas de las carencias más preocupantes del proyecto original, en específico las relacionadas con vida silvestre y áreas protegidas.¹ No obstante, hay dos temas de gran trascendencia que siguen sin ser debidamente atendidos: 1) la participación de los pueblos y las comunidades indígenas y locales, y 2) la reglamentación del aprovechamiento del uso y conocimiento sobre la biodiversidad.

La discusión respecto a esta ley, que de aprobarse y entrar en vigor modificaría de manera significativa el marco regulatorio del ambiente en México, sigue vigente en este momento: la propuesta revisada se discute en comisiones de la Cámara Alta. Frente a este proceso, subrayamos que cualquier política para la gestión del territorio y la preservación del patrimonio natural debe respetar los derechos de las comunidades locales y los pueblos indígenas, actores clave y aliados estratégicos en el cuidado de la biodiversidad.

Una característica peculiar en nuestro país es que la tenencia de la tierra es mayoritariamente social. Algo más de 100 millones de hectáreas, equivalentes a 53% del territorio nacional, son propiedad de núcleos agrarios: ejidos y comunidades que concentran 80% de nuestros bosques y selvas, 74% de la biodiversidad, así como dos terceras partes de los litorales del país.² Además, los pueblos indios poseen muchos saberes sobre los territorios que han habitado desde hace siglos y acerca de las relaciones ecológicas de las especies que ahí existen.

La propuesta de la lgb incluye entre sus apartados la incorporación del Protocolo de Nagoya en la legislación mexicana. Este instrumento tuvo su origen en el Convenio sobre Diversidad Biológica de la Organización de las Naciones Unidas (cdb), del que México forma parte desde 1992, el cual ha generado controversias ya que pretende regular el acceso a los recursos genéticos y su aprovechamiento a partir de la lógica del mercado, propia de las empresas y la industria, pero no así de los pueblos y las comunidades.

En las reuniones del cdb, el tema no está agotado y se mantiene el debate sobre las características del consentimiento que los pueblos indígenas y las comunidades locales deben dar para el aprovechamiento de la riqueza natural. La exigencia constante de pueblos, tribus y naciones indígenas es que se les garantice decidir mediante consultas previas, libres e informadas.

Otros países mesoamericanos como Costa Rica y Guatemala han discutido sobre la incorporación del Protocolo de Nagoya en su legislación; ellos han destacado la importancia de complementar la lógica mercantil del protocolo con el respeto al derecho de las comunidades y los pueblos indígenas a decidir sobre sus bienes y su territorio.

No es posible considerar la biodiversidad como una mercancía porque no es un producto de las relaciones sociales de producción. Por el contrario, es la base material que soporta la producción económica y, más aún, es patrimonio de las generaciones futuras. La diversidad biológica de genes, especies y paisajes forma parte esencial de la cultura de los pueblos y las comunidades, en especial de las indígenas y rurales, y con ella entretejen su vida cotidiana.

En el proceso de creación de la lgb no se puede excluir la voz de estos actores. La consulta técnica realizada por el Senado no les ha permitido participar ni ser escuchados. La lógica del Protocolo de Nagoya no da cabida a su cosmovisión y modo de habitar el mundo. El consentimiento que prevé la iniciativa de ley debe ser consistente con las formas de organización de cada pueblo y respetuoso de sus valoraciones y decisiones; debe ser resultado de un ejercicio informado pero también libre, y eso no se logra con instrumentos que sólo incorporan la lógica mercantil.

En la discusión de la lgb no sólo se debate la legislación ambiental, sino que también entran en disputa dos visiones de país: una que refuerza la primacía del mercado sobre lo social, y otra en la que se respetan los derechos territoriales de los pueblos como aliados y guardianes del patrimonio colectivo. Por lo tanto, es importante estar atentos a la deliberación de las comisiones del Senado y discusión en el pleno de la iniciativa de ley; más trascendental aún será buscar mayor incidencia de los pueblos indígenas y las comunidades locales cuando ésta pase a la Cámara Revisora.

De aprobarse la lgb con su redacción actual, tal vez las tortugas marinas no corran tantos riesgos, pero las y los guardianes de la biodiversidad pueden verse en grave peligro de perder su patrimonio y sentenciados a sucumbir ante la voracidad del mercado “con todas las de la ley”.