El hallazgo de fosas clandestinas ha sido recurrente durante la última década en el país. Derivado de un contexto de violencia(s) generalizada(s), con diferentes matices, las cifras oficiales de la Procuraduría General de la República (PGR) señalan que de agosto de 2006 a junio de 2015 se han exhumado 662 cuerpos de personas de 201 fosas en 16 estados del país.  Por su parte, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) señala que de marzo de 2011 a febrero de 2014 se han exhumado 534 cuerpos de 246 fosas en el mismo número de entidades.²

Han existido casos de fosas que han recibido una exposición significativa a nivel nacional e internacional, como los ocurridos en San Fernando, Tamaulipas, en 2011; La Barca, Jalisco, a fines de 2013 y comienzos de 2014; y, en fecha reciente, en Tetelcingo, Morelos, y Colinas de Santa Fe, Veracruz, sólo por mencionar algunos.

Las cifras oficiales respecto a esta situación varían de una institución a otra; así también, no todas las fiscalías estatales han hecho públicas sus cifras en torno al hallazgo de fosas clandestinas. Para complejizar aún más el problema, hay casos que han sido documentados por medios locales, pero no han tenido la misma exposición a nivel nacional ni están en los registros oficiales. De forma adicional, ciertos municipios tienen una probabilidad alta de tener fosas, sin embargo, aún no se han encontrado. Por lo tanto, hasta hoy no sabemos con exactitud cuántas fosas clandestinas existen en nuestro país.  

Con ello en mente, el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México (PDH Ibero) ha desarrollado, como parte de una colaboración con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH) para la redacción de un informe conjunto, una base de datos con un poco más de tres mil registros de notas de prensa local y nacional de casos de fosas desde 2007 a 2014. La intención de esta base de datos será sumar nueva información que pueda ser comparada tanto con las cifras oficiales existentes, así como con otras de organizaciones y universidades que han estudiado el tema. 

El ejercicio aquí descrito consideró los municipios registrados en nuestra base de datos en los años 2013 y 2014, los cuales tuvieran un caso o más de fosas, así como en los que se cree muy difícil encontrar una. Agregamos variables geográficas y sociodemográficas que Data Cívica ha sistematizado (véase datacivica.org/blog/usar-datos-para-desenterrar-tragedias), y un modelo estadístico diseñado por Human Rights Data Analysis Group (véase https://hrdag.org/2017/03/23/mx-fosas) para predecir en qué municipios es posible encontrar fosas clandestinas.

Los hallazgos obtenidos de este modelo estadístico fueron dos. El primero fue que se determinó qué municipios tuvieron una probabilidad alta de tener un caso o más de fosas, así como aquéllos con una baja probabilidad de tener una fosa. El modelo pudo utilizar variables geográficas y sociodemográficas para predecir con exactitud si una fosa sería encontrada en un determinado municipio (estas variables se encontraban dentro de los 46 municipios registrados en 2013 y los 80 municipios de 2014). Las predicciones en ambos años fueron exactas, inclusive después de realizar varias pruebas.

En lo que toca al segundo hallazgo, después de pruebas desarrolladas para ambos años en las que se pidió al programa utilizar el modelo de 2013, sumando las variables sociodemográficas de 2014 para conocer cuáles podrían ser los municipios que tendrían fosas en el segundo año, se predijeron de manera precisa los 80 municipios con fosas clandestinas que se registraron en nuestra base de datos en 2014.

Así, al sistematizar las notas de prensa de 2016 en nuestra base de datos, se podrá predecir dónde se encontrarán más fosas en 2017; esto significa que los municipios que el modelo señale con una probabilidad alta de tener una, serán ubicaciones adecuadas para iniciar grupos de localización y búsqueda.

¿Qué lecciones se pueden aprender de este ejercicio? Si tomamos en cuenta el contexto de violencia actual en el país, y a éste se suma la posible relación del hallazgo de fosas clandestinas con las violaciones graves a derechos humanos —ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada y tortura— (tema abordado por el informe conjunto de la cmdpdh y el pdh IBERO próximo a publicarse), el uso de este modelo adquiere mayores implicaciones: podría comprobarse si es certero o no —una vez sistematizadas las notas de prensa de los últimos años, en especial de 2016— que en alguno de los municipios donde se predice que hay una fosa, ésta se encuentre ahí (en 2017).

Sin embargo, debemos ser prudentes y cuidadosos con estas conclusiones ya que, por un lado, los colectivos de familiares que están actualmente exhumando fosas en diferentes estados de la república corren enormes riesgos; por otro lado, el gobierno mexicano tiene aún grandes retos para identificar los cuerpos y restos de las personas; también hay que considerar la complejidad de actores involucrados en los procesos de exhumaciones.

Desde nuestra perspectiva, es de vital importancia determinar la identidad de las personas que ahí se encuentran, empezar a solucionar los problemas de justicia e impunidad, devolver los cuerpos a sus familiares, y llevar a cabo investigaciones que permitan conocer sus historias. Más aún, es fundamental que como sociedad empecemos a responder preguntas que nos posibiliten encontrar soluciones a la crisis de derechos humanos que enfrentamos en nuestro país. Desde el pdh Ibero, creemos que algunas de ellas son: ¿dónde están y quiénes son las personas que fueron inhumadas clandestinamente?, y ¿quiénes depositaron sus cuerpos en fosas clandestinas, y por qué?