Los programas de Asuntos Migratorios y de Derechos Humanos, pertenecientes a la Dirección de Programas de Incidencia de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, se unen a 60 organizaciones y a la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todos y Todas” en contra de la Ley de Seguridad Interior que se discute en el Congreso.

Bajo el lema #SeguridadSinGuerra, los firmantes afirman que las tareas de seguridad no son propias de la autoridad militar, como lo han expresado en diferentes ocasiones especialistas nacionales e internacionales, incluso el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, aunque desde hace 10 años han tenido presencia en este tema que debería ser responsabilidad de civiles.

Se ha planteado la necesidad de dar a las fuerzas armadas un marco legal para definir su participación en las tareas de seguridad pública, lo que es consecuente con el pensamiento de los adherentes a este llamado. Sin embargo, una Ley de Seguridad Interior no dará certidumbre ni a la milicia ni a la ciudadanía.

El problema central de esta propuesta normativa es una respuesta que no atiende los problemas que han llevado a que las fuerzas armadas sean las únicas que puedan dar seguridad a la población, y tampoco toma en cuenta los efectos negativos de la estrategia de seguridad militarizada impuesta desde 2007 en nuestro país.

La evidencia demuestra que el despliegue de militares no ha reducido la violencia; en cambio, ha desgastado a las fuerzas armadas en tareas que no le corresponden constitucionalmente y para las que no están preparados. De ahí la crisis de la violencia y de violaciones a los derechos humanos en México.

A través del portal derechoshumanos.org.mx, los programas de la IBERO CDMX; el Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz del ITESO; y el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría de IBERO Puebla, así como organizaciones civiles como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. A. C., se sumaron a la postura en contra de la Ley de Seguridad Interior y la exigencia de que sean autoridades civiles las encargadas de solucionar la crisis de inseguridad y violencia.

“Antes que una Ley de Seguridad Interior, se requiere construir policías confiables y capacidad preventiva por parte de las autoridades civiles. Para ello, es indispensable trazar un plan de regreso escalonado de las fuerzas armadas a sus cuarteles y un programa de profesionalización policial que en verdad logre instituciones policiales eficaces y confiables. El anterior presidente Felipe Calderón y el actual presidente Enrique Peña así lo han ofrecido. Ambos han incumplido”, señala el comunicado.

El problema viene desde la conceptualización de seguridad interior, pues se confunden funciones y tareas de seguridad nacional y de seguridad pública. Se propone un régimen de excepción que atenta contra el derecho al libre tránsito, debido proceso, presunción de inocencia, entre otros, y no presenta alguna ruta para corregir la crisis institucional de seguridad.

“Se trata de un régimen incompatible con la Constitución y que deja además sin escuchar las voces de las víctimas que ha dejado la actual estrategia de seguridad”.

Cabe destacar que la Ley de Seguridad Interior es el síntoma extremo de un modelo de seguridad fallido, y es constatable a partir de la alta proporción de víctimas de todo tipo de delitos y violaciones graves a los derechos humanos, la extendida percepción de inseguridad, la subdenuncia desproporcionada y la masiva desconfianza social hacia las instituciones que deberían proteger.

“El despliegue militar afecta cada vez más a las propias autoridades militares, cuyos estándares de uso máximo de la fuerza no son propios de las tareas policiales y de investigación de delitos. Es hora de cambiar la ruta para lograr una seguridad sin guerra”.

Ante este panorama, este colectivo propone:

1. Promulgar la Ley reglamentaria del artículo 29 constitucional, mismo que prevé las bases para decretar la suspensión temporal de garantías. En esta ley se debe:

a) Incluir fuertes contrapesos del poder legislativo y judicial.

b) Fijar objetivos precisos así como límites de tiempo, claros e improrrogables.

c) Incluir mecanismos de responsabilidad económica y política para los gobiernos locales que se declaren incapaces de cumplir con su mandato constitucional de proveer seguridad pública.

d) Considerar un modelo de controles múltiples en terreno que permitan la supervisión de las operaciones y la revisión en periodos cortos por parte del propio Congreso, tales como la integración de comisiones adhoc que soliciten información y realicen inspecciones en los lugares donde se desplieguen las FFAA.

2. Las intervenciones de las fuerzas armadas en estos operativos deben ir aparejadas con una normatividad de uso de la fuerza, armamento y rendición de cuentas, apropiada para las tareas de seguridad pública.

3. Crear una comisión plural de trabajo entre representantes del Ejecutivo Federal, del Congreso de la Unión, de la academia, de las víctimas de la violencia a lo largo de estos diez años de seguridad militarizada, y de la sociedad civil organizada que construya el consenso que soporte esta ley reglamentaria, con base en diagnósticos y evidencia empírica.

4. Construir en el seno de la misma comisión un plan de regreso de los militares a los cuarteles, sujeto a condiciones y estándares precisos de contención y reducción de la violencia a manos de autoridades civiles competentes y confiables. El plan puede ser incluido en los artículos transitorios de la ley reglamentaria referida.

5. El plan de regreso debe incluir el diseño de un perfil de competencias profesionales y de herramientas de supervisión sobre las tareas de policía y de investigación que actualmente desempeñan las autoridades militares, así como mecanismos anticorrupción en todas las instancias de seguridad.

6. Igualmente, esta comisión debe diseñar los ajustes necesarios al Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) para forzarlo a cumplir con la profesionalización policial, sujeto a plazos y establecer consecuencias ante el incumplimiento.

7. El plan debe considerar que se restablezca una instancia de coordinación para la consolidación del sistema de justicia penal acusatorio, estableciendo un programa coherente y consistente de combate a la impunidad.

8. Se debe asegurar una supervisión independiente, imparcial y expedita de las violaciones a los derechos fundamentales.

Firmantes

#SeguridadSinGuerra

 Alan García Huitrón, Alberto Athié. Aleida Calleja, Alejandra Nuño, Alejandro Anaya, Alejandro Madrazo, Ana Lorena Delgadillo, Alma Gómez Caballero, Álvaro Santos, Ana Lidia Murillo Camacho, Angélica Nadurille Álvarez, Antonio Cervantes Guerrero, Carlos Antonio Flores Pérez, Carlos Cruz Santiago, Carlos Fazio, Carlos Ventura Callejas, Carolina Pimentel, Carolina Robledo Silvestre, Catalina Pérez Correa, Cecilia Bárcenas, Celina Izquierdo Sánchez, Clara Jusidman, Claudia Janette Soto, Consuelo Morales, Cuba Flores. Cynthia Salazar, Cinthia Eslava Montiel, Dafne Estefanía Gómez, Daniel Gershenson, David Fernández Dávalos, Deborah Ruíz Verduzco, Denise Dresser, Diana Paola Olvera Feregrino, Diego Enrique Osorno, Edgar Cortez, Eduardo Gallo, Elena Azaola Garrido, Eliana García, Enrique González Ruiz, Enrique Pasta Muñuzuri, Ernesto López Portillo, Erika Llanos Hernández, Eurídice Román De Dios. Fernando Belaunzarán, Fernando Ríos Martínez, Francisco Saucedo Pérez, Guadalupe Aguilar, Helena Varela Guinot, Imelda Marrufo, Irma Rosa Martínez Arellano, Isabel Mejía Echarri, Jacobo Dayán, Javier Sicilia, Jesús Mendoza Zaragoza, Jesús Robles Maloof, Jorge Fernández Mendiburu, Jorge Fernández Souza, Jorge González de León, Jorge Javier Romero Vadillo, José Carlos Bustamante Luna, José Luis Caballero, José Salcido, Julián Mejía Berdeja, Julio Mata. Julio Ríos, Karina Ansolabehere, Layda Negrete, Leticia Gutiérrez Valderrama, Leticia Vázquez, Lisa Sánchez, Lucha Castro, Lucia Baca Baca, Luis Daniel Vázquez Valencia, Luis F. Fernández, Luis González Plascencia, Maite Azuela, Mara Hernández, Margarita Espino del Castillo, Margarita López, María Guadalupe Morfín Otero, Mariana Bernárdez, Mariclaire Acosta, Mario Saucedo Pérez, May-ek Querales Mendoza, Miguel Álvarez Gándara, Miguel Barrera, Miguel Concha Malo, Miguel Sarre Iñiguez, Nasheli Ramírez, Norma González Benítez, Olga Noriega, Pablo Girault, Pablo Reyna Esteves, Pablo Romo Cedano, Paulina Vega, Pilar Noriega García, Quetzalcoatl G. Fontanot, Ramón Gracida Gómez, Roberto Hernández, Rocío Culebro, Rogelio Gómez Hermosillo, Santiago Aguirre, Samia Cruz Rivera, Sarah Aguilar, Séverine Durin, Silvano Cantú Martínez, Silvia Eslava Montiel, Teresa Carmona Lobo, Vanesa González-Rizzo. Yolanda Tello Mondragón.

Organizaciones

Asociación Sinaloense de Universitarias, AC

Albergue Tochán

Causa en Común, A. C.

Cauce Ciudadano AC

Centro de Derechos Humanos de la Montaña "Tlachinollan", A.C. (Guerrero)

Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A. C.

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, A. C. (Chiapas)

Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, A.C

Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi A. C. (Coahuila)

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. A. C.

Centro de Derechos Humanos Paso del Norte A. C.

Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios A. C.

Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, A. C.

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A. C.

Colectiva Ciudad y Género, A. C.

Colectivo Colibrí

Colectivo Ni Una Menos. Cancún

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH)

Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo

Comité Solidario y Derechos Humanos Monseñor Romero

Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad (Oaxaca)

Dirección de Programas de Incidencia de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México

Enjambre Digital

Espacio libre independiente Marabunta

Familiares en Búsqueda María Herrera

Familiares en Búsqueda María Herrera-Xalapa

Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México

Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (FUNDEM)

Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León

Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD)

Indignación, A. C.

Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría SJ. Universidad Iberoamericana Puebla 

Instituto de Justicia Procesal Penal, AC

Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB)

Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A. C. (IMDHD)

Instituto para la Seguridad y la Democracia, (Insyde)

Justicia para Nuestras Hijas, A. C.

La Alameda Morelos

Laboratorio de Innovación para la Paz

México Unido contra la Delincuencia A.C.

Mi Ciudad Mx

Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad

Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)

Participando por México A.C.

Plataforma Internacional contra la Impunidad (Guatemala)

Programa de Asuntos Migratorios (PRAMI) de la Universidad Iberoamericana CDMX

Programa de Atención a Víctimas de la Universidad Autónoma de Morelos

Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana CDMX

Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz, ITESO (Guadalajara)

Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez

Red retoño

Red Solidaria Década Contra la Impunidad AC

Regresando a Casa Morelos, A. C.

Renacer Lagunero

Ririki Intervención Social

Scalabrinianas Misión con Migrantes y Refugiado, SMR

Sicsal México (Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con América Latina)

Unidos por los Desaparecidos en Baja California

Uniendo Cristales

Desaparecidos Justicia A.C.

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”

(conformada por 80 organizaciones en 21 estados de la República mexicana):

Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF) (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C. (Ciudad de México); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Ciudad de México), Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristóbal de las Casas, Chiapas).

Redacción IBERO