El 50 por ciento de los 28 mil 156 casos registrados de desaparición forzada en México ha ocurrido en los estados fronterizos de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Durango, aseguró Ruth Fierro Pineda, activista del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua (Cedehm), en el marco del segundo día del Foro "El rol de la academia en las graves violaciones de derechos humanos en México", realizado en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.

Dijo que las desapariciones forzadas son una constante en el país desde el sexenio pasado, sin embargo, 47 por ciento de éstas se han dado entre 2013 y 2015. Alertó que el gobierno se ha visto rebasado en el tema, al considerar al territorio mexicano como un cementerio.

En la mesa de trabajo "Desapariciones forzadas y voluntarias", organizada por el Departamento de Derecho de la Ibero,  Santiago Corcuera Cabezut, impulsor y ex coordinador del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, dijo que las universidades deben ser activistas y difundir sus ideas en pro de los derechos humanos, pues lo que hagan moverá un poco la piedra de la impunidad.

En tanto, Ariel Dulitzky, del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, dijo que la mayoría de las personas que ven violentados sus derechos son los más desfavorecidos económica, social y culturalmente. 

Activistas piden crear en escuelas materia sobre derechos humanos

Jacobo Dayán, especialista en derechos humanos y asuntos internacionales, dijo que los principales interlocutores para generar política pública y conciencia sobre los derechos humanos son la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Cultura, por lo que debe incluirse desde la primaria y secundaria el tema. 

En tanto que Eliana García Laguna, activista y defensora de las garantías fundamentales, alertó sobre la necesidad de formar antropólogos forenses, ya que actualmente no hay ninguno de profesión.

Destacó que hasta el año 2013 se creó la primera licenciatura en ciencias forenses, a petición de la PGR. Adelantó que el Sistema de Justicia Penal Acusatorio no servirá de mucho ya que no hay pericia forense para seguir los casos.

En la ponencia "Tortura en México", activistas, defensores de derechos humanos y académicos coincidieron en que la tortura no debería ser aceptada como un método para conseguir la declaración de un presunto delincuente.

Durante su participación, Ignacio López Vergara Newton, del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) destacó que "la tortura es aceptada porque es más importante fabricar o encontrar culpables". Sin embargo, dijo que todos los delincuentes tienen derechos, los cuales no tendrían por qué ser violentados si las autoridades hicieran buenas investigaciones para resolver los casos.

En tanto, Ana Claudia Martínez Coutigno, de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), hizo hincapié de que la promoción y defensa de las garantías debe formar parte de la agenda de la academia, además de que las universidades tienen que inmiscuirse en la elaboración de leyes que tengan una visión de respeto de los derechos fundamentales.

Coincidieron en que el Estado debe reconocer que en México hay una graves crisis de derechos humanos, ya que ése es el primer paso para revertir las cifras de violaciones. Marcia Aguiluz Soto, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), mencionó que de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió entre 2006 y 2014 más de 11 mil casos de violaciones a tales garantías.

Los ponentes de las diversas mesas de trabajo coincidieron en que la sociedad en general también debe participar en el cambio, ya que las leyes no van a solucionar, por arte de magia, el problema de la violación a los derechos humanos.

El Foro "El rol de la academia en las graves violaciones de derechos humanos en México" fue convocado por el Colegio de México, Seminario sobre Violencia y Paz; la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso-México), Maestría en Derechos Humanos y Democracia; Konrad-Adenauer Stiftung (KAS); la Universidad del Claustro de Sor Juana; la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, Departamento de Derecho, Programa de Derechos Humanos, Maestría en Estudios sobre Migración y el Departamento de Estudios Internacionales; la Universidad Iberoamericana Campus Puebla, Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría; la Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas y el Observatorio del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (OSIDH) y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos "Todos los Derechos para Todas y Todos".

AA/ ah