En México, muchos niños migrantes acompañados y no acompañados permanecen privados de su libertad en estaciones migratorias, muchas veces en condiciones de hacinamiento e insalubridad, dijo en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México Jan Jarab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).

 

Incluso se han documentado casos de algunos de esos migrantes menores de edad, que se encuentran en condiciones degradantes en las estaciones migratorias, que han sido víctimas de violencia física y de malos tratos por parte del propio personal de esos lugares, agregó Jarab, durante su participación en la "Consulta global de expertos. Violencia contra la niñez en movilidad: del continuum de violencia al continuum de protección", alojada en la IBERO.

 

Esto ocurre en México pese a que desde finales del 2014 cuenta con un marco legal especial, ajustado a los estándares internacionales, en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; así como con instituciones especializadas en atención de la niñez, por ejemplo, la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes; y el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, de cuyo secretario Ejecutivo, el licenciado Ricardo Bucio Mújica, el funcionario de la ONU destacó su compromiso para la protección de la niñez.

 

Sin embargo, la política migratoria del Estado mexicano continúa  enfocada en ‘tres D’: detección, detención y deportación. Este enfoque “aumenta el riesgo a forzar a los migrantes, incluso a los niños, a esconderse, a no acercarse a la autoridad, a escoger los caminos más peligrosos para evitar ser detenidos y deportados”.

 

“La política de las tres D, hay que decirlo, los aleja de la protección. Y además aumenta el riesgo de que los niños migrantes se conviertan en víctimas de la delincuencia, de la violencia por parte de la delincuencia”. 

 

Otro asunto pendiente en la correcta aplicación de la ley es la falta de nombramiento de tutores y representantes legales de niños o niñas migrantes no acompañados. En algunos estados este rol es atribuido correctamente a las procuradurías de la protección de niños; pero “hemos documentado que en algunos contextos esto termina siendo suplido por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), lo que representa un claro conflicto de interés; y además estos agentes no están capacitados para ejercer el rol de tutores”.

 

Sobre el principio del interés superior del niño, Jan Jarab mencionó que su determinación se reduce muchas veces a la simple pregunta de si la niña o niño no acompañado desea o no solicitar el estatus de refugiado; sin que se evalúe otra razón de protección, sin que se evalúe el riesgo de la violencia en el país de origen. 

 

Además, la pregunta sobre la solicitud de asilo suele ir acompañada con fuertes desincentivos. “Hay advertencias, de que en caso de solicitar estatus de refugiado, el menor va a permanecer mucho más tiempo privado de su libertad, muchas veces en malas condiciones en una estación migratoria; y no sorprende entonces que muy pocos niños de hecho hacen esta solicitud”.

 

“Resultan regresados muy rápidamente a sus países de origen, sin una verdadera evaluación de su interés superior y bajo la figura del regreso supuestamente voluntario”. Y si la única otra opción consiste en una detención prolongada “no se puede hablar de regreso voluntario. Se debe llamar seudovoluntario, porque es de hecho una deportación, pero sin garantías del debido proceso”.

 

Asimismo, el acceso a la solicitud de asilo no está siempre garantizado, pues cuando un niño (a) la llega a considerar, su entrevista se hace muchas veces por teléfono, porque algunas estaciones migratorias, incluso las grandes, no cuentan con la presencia de representantes de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar). 

 

“Y la ausencia de la Comar ha terminado también afectando los periodos largos de detención a la espera de la resolución de las solicitudes, incluso de aquellos que ya gozan del reconocimiento de su condición de refugiado, pero que por obstáculos burocráticos continúan detenidos”.

 

 

Frente a esta situación, el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos recomienda:

 

1. En el caso de los niños migrantes, la condición del niño debe primar sobre su estatus migratorio o el de sus padres. Para ello se necesita la correcta determinación del interés superior del niño (que debe ser una tarea de las autoridades competentes y profesionales de la protección del niño, no del personal del INM), que no se puede reducir a la solicitud o no del estatus de refugiado. También se requiere tomar en cuenta la violencia que pueden enfrentar estos niños en sus países de origen, y no debe ser aceptable la deportación rápida (a veces en 24 horas) sin evaluar las condiciones del riesgo de violencia.

 

2. La no detención. Toda vez que la detención de niños y niñas en estaciones migratorias constituye en sí misma una violación a los derechos del niño y a la legislación mexicana, México necesita urgentemente desarrollar alternativas que permitirían acabar con la detención en estaciones migratorias de los niños acompañados y no acompañados.

 

3. La tutela de los niños no acompañados. Los tutores o representantes de los niños no acompañados deben tener una clara definición de sus tareas, que no debe ser puramente formalista, sino que deben representar al niño sin que le quiten su propia voz. Además deben ser capacitados para este rol, y no deben estar en conflicto de interés; por lo que no deben ser personal del INM.

 

4. Es fundamental que los niños puedan acercarse a los servicios del Estado sin que sean detenidos y deportados. Las políticas públicas deben facilitar el acceso a los derechos económicos, sociales y culturales a todos los migrantes, pero especialmente a los niños, para favorecer su regularidad y no empujarlos a mayores riesgos. 

 

Texto y foto: PEDRO RENDÓN/ICM