Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), enfatizó que cualquier modelo de seguridad que se busque implementar debe tener como base a las personas y no a las instituciones, y como eje transversal la defensa y protección de los derechos humanos.

La declaración de González Pérez se dio a partir de la explicación del general Alejandro Ramos, jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de que la seguridad interna se refiere cuando el Estado ve afectadas, entre otras cosas, la continuidad de sus instituciones.

“Parte de lo que pareciera identificarse en las propuestas de lo que se quiere regular en materia de seguridad interior, se mezcla mucho con la seguridad pública. (Este tema) implica la defensa de las personas y no la de las instituciones, creo que ese es un eje fundamental y distintivo en la conceptualización de las tareas de combate a la delincuencia”.

Durante la mesa ‘Relaciones cívico-militares y propuestas de Ley de Seguridad Interior’ de la conferencia internacional ‘Seguridad, democracia y derechos humanos: La Vía Civil’, el ombudsman nacional afirmó que al abordar la seguridad en sus diferentes vertientes –interna, nacional o pública--, el presupuesto básico debe pasar por los derechos humanos.

Además, agregó que cualquier marco de seguridad que tenga interacción con la sociedad debe estar a cargo de un mando civil. Dijo que hay un gran reconocimiento a las fuerzas armadas, pero también se debe entender que la colaboración es coadyuvante y no debe sustituir a órdenes civiles.

Otro elemento esencial, explicó, es que la política de Estado que se ha ejercido todo este tiempo ha sido la equivocada, pues “le hemos apostado más a lo reactivo que a lo preventivo” y bajo este esquema no habrá ejército ni policías suficientes para acabar con esta crisis de inseguridad y violencia en el país.

Respecto a una Ley de seguridad interior, Luis González refrendó que está en contra, sobre todo porque hay una creencia de que un marco jurídico solucionará los problemas desde la perspectiva de los derechos humanos y no es así. Recalcó que lo único que puede evitar esas violaciones es el cumplimiento de la ley.

Por su parte, el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (IIJ-UNAM), Pedro Salazar, afirmó que no podemos seguir enfrentando los problemas de la delincuencia con una lógica de procuración de justicia, diseñada para un régimen de pretransición democrática.

“O modernizamos nuestra procuración de justicia a la realidad institucional y a la gravedad de la crisis de seguridad que tenemos o no vamos a tener la capacidad institucional civil para enfrentar el problema”.

Una de las objeciones a la Ley de seguridad interior que habían propuesto desde el Legislativo es que la “aprobación de una norma en ese sentido sería tanto como reconocer la normalización y perpetuar esta situación hacia adelante.

“Lo que hay detrás de la objeción es una genuina aspiración a que esto sea verdaderamente excepcional y que podamos prescindir de estas tareas de manera permanente y constante, y que en efecto, lo que exista es una cuestión subsidiaria cuando sea necesario. Pero hoy, lo subsidiario se ha vuelto la regla. Y ahí es donde está el problema”.

Expresó que al reivindicar la agenda de derechos humanos es proteger al débil frente al fuerte, y “creo que no debemos perderlo de vista porque ahí está el eje articulador de una política que sea sensible a la situación de las personas”.

Agregó que “tenemos que tomar decisiones con responsabilidad, visión de Estado y con altura de miras de largo plazo, y eso requiere reformas estructurales en serio, creación de instituciones y un muy buen plan de transición.

“Si lo que queremos es que las autoridades civiles regresen a realizar sus tareas (prevención, investigación, persecución y sanción de los delitos), tenemos que crear las instituciones y, al mismo tiempo, contener el fenómeno delictivo. Tenemos que ser muy estratégicos cuando diseñemos un modelo de transición que nos permita llegar al derrotero al que aspiramos”.

La senadora Angélica de la Peña manifestó que el problema de fondo es que no se ha fortalecido al tercer orden de gobierno (los municipios) y mucho menos a sus corporaciones policiacas. Este panorama implica que las fuerzas armadas no podrán regresar a los cuarteles ni siquiera gradualmente.

“El principal problema es que las corporaciones policiacas, en los tres órdenes de gobierno, principalmente a nivel local, pero preponderante en el municipal, somos un desastre”, por lo que tenemos que resolver este tema de fondo y determinante en este proceso violento y de inseguridad.

La mesa ‘Relaciones cívico-militares y propuestas de Ley de Seguridad Interior’ tuvo como participantes a la senadora Angélica de la Peña; Luis Raúl González Pérez, titular de la CNDH; Pedro Salazar, director del IIJ-UNAM; y el general Alejandro Ramos, jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Sedena.

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