Inviable, perpetuar a fuerzas armadas en guerra contra el crimen: Mario Patrón

Mié, 25 Oct 2017
Inician actividades de la conferencia internacional ‘Seguridad, democracia y derechos humanos: La Vía Civil’
Fundamental hacer un debate integral y holístico: Jan Jarab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
  • Mario Patrón, director general de Centro Prodh.
  • Jan Jarab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
  • Aldo Ponce Ugolini, profesor-investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
  • Ernesto López Portillo, asesor en seguridad pública.
  • Jan Jarab y el general Alejandro Ramos, jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de Sedena.

Es inviable que las fuerzas armadas dejen de realizar súbitamente las labores de seguridad pública que hoy desempeñan en México, “pero también es inviable perpetuar indefinidamente esa intervención extraordinaria”, opinó el maestro Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

En su discurso en la inauguración de la conferencia internacional ‘Seguridad, democracia y derechos humanos: La Vía Civil’, Patrón dijo que “nadie regatea el relevante papel que han tenido en estas tareas las fuerzas armadas, pero no puede ignorarse que la experiencia comparada a nivel internacional indica que el modelo de seguridad más adecuado para la ciudadanía es aquel que descansa en pilares civiles”,

Destacó que en la reforma constitucional en materia penal del 2008, en virtud de la cual se adicionó expresamente en el artículo 21 que las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinario y profesional, se reconoció que la prioridad institucional en dicho ámbito no era la perpetuación del Ejército y de la Marina en el combate a la delincuencia, sino el fortalecimiento a las instituciones civiles de seguridad.      

Sin embargo, en este año algunos partidos políticos y las propias fuerzas armadas han posicionado la necesidad de una Ley de Seguridad Interior, que formalice la participación del Ejército en las tareas de seguridad. “Desde nuestra óptica, esto terminaría por fortalecer el papel preponderante de las fuerzas armadas en estas tareas, pero sobre todo, dejará de lado que el problema de fondo es el modelo de seguridad y la imperiosa necesidad de reformar democráticamente a las policías del orden civil”.

Patrón recordó que en diversas entrevistas el general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional, ha reiterado que las tareas de seguridad no son propias de la naturaleza del Ejército, y que se les ha expuesto a una política donde las instituciones civiles no ponen ni han puesto de su parte.

“En efecto, la presencia militar en distintos territorios de la nación ha generado un incentivo político perverso para las autoridades políticas municipales y estatales, que no han apostado por profesionalizar sus instituciones de seguridad; sino que han apostado porque las fuerzas armadas federales  resuelvan el problema”, consideró el titular del Centro Prodh.

Después de dar este contexto dijo que en un estado democrático de derecho las políticas de seguridad deben ser llevadas al debate público. “Demandar este debate no es expresión de mezquindad para las fuerzas armadas, ni ingenuidad frente a las atrocidades de la delincuencia, es lisa y llanamente defender las bases de nuestra maltrecha democracia”.

Hoy, tras diez años de guerra contra el crimen organizado, resulta impostergable y sobre todo  políticamente prudente, convocar a un proceso de debate amplio en el que se evalúe por qué hasta ahora las políticas instrumentadas no han funcionado, y se diseñen alternativas solidas que permitan construir un modelo de seguridad de corte ciudadano.

Para tal efecto, en ‘Seguridad, democracia y derechos humanos: la vía civil’ se brindarán elementos para ese debate, se darán construcciones conceptuales, se conocerán experiencias comparadas a nivel internacional y se analizará la propia experiencia de México. “Para eso es una dicha contar con la propia presencia de las fuerzas armadas, pero también con la Comisión Nacional de Seguridad, y también con instituciones policiales a nivel local, y desde luego que con expertos y expertas en el mundo de democracia y derechos humanos”.

Fundamental hacer un debate integral y holístico

Para Jan Jarab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, lo que este país necesita y merece es una discusión abierta, honesta, amplia, informada e inclusiva sobre la seguridad y sus vínculos ineludibles con los derechos humanos y con la democracia.                                                                        

Discusión que permitiría a unos y otros presentar argumentos; explicar por qué  el modelo actual de la política de seguridad es un éxito o no, en términos no sólo de derechos humanos, sino también de seguridad como tal; explicar cuáles son los argumentos para creer que la situación puede cambiar, si las respuestas siguen siendo las mismas o caso contrario, si se considera que se necesita un cambio; cuál debería ser el rector de ese cambio, sus alcances y el porqué de ese cambio. “Para lo anterior se necesita escuchar todos los argumentos en un ambiente de pluralidad, respeto y tolerancia”.

Aclaró que para la oficina que representa el tema de la seguridad en México no se puede simplificar a preguntar si deben o no participar en esas funciones las fuerzas armadas. “Desde nuestra perspectiva resulta fundamental hacer un debate integral y holístico, y por consiguiente, es igualmente importante analizar el rol de las fuerzas armadas; cuándo y cómo pueden apoyar las tareas de las corporaciones policiales; cuál es la filosofía de la intervención de todas las corporaciones de seguridad, no sólo de las fuerzas armadas, sino también de las policías a varios niveles”.

Pero además hay que cuestionarse: qué mecanismos existen para la rendición de cuentas y cómo se garantiza su eficacia; cuál es la responsabilidad de los superiores jerárquicos y quienes intervienen en las operaciones, tanto por acción como por omisión; cómo se fortalecen y modernizan los cuerpos policiacos de todos los ámbitos de gobierno; cuál es el rol de las empresas privadas de seguridad.

Cómo se deben enfrentar las altísimas tasas de impunidad; cómo se invierte en la prevención; cómo se articula la participación ciudadana en la discusión y elaboración de políticas de seguridad, su implementación y evaluación; cómo se potencia el acceso a la información, dentro del diseño, implementación y evaluación de las políticas de seguridad; cómo se construye o reconstruye la confianza en la sociedad ante varias corporaciones y entre los ciudadanos.

El debate es más amplio que sólo tratar el tema de la política de seguridad. Hay que hablar de cómo se combate la disparidad social; cómo se crean oportunidades socioeconómicas para los sectores excluidos; cómo se combate la corrupción; cómo se fortalece la independencia y autonomía de diversos actores claves para cualquier Estado de Derecho.

Cómo se favorece una  cultura de paz y respeto a los derechos humanos en la sociedad; cómo se transforma el sistema carcelario; cómo se transforman las políticas migratorias, para evitar el paradigma de la criminalización de la migración irregular; y cómo se protegen de manera eficiente actores claves para cualquier sociedad democrática, como los son los defensores de derechos humanos y los periodistas.

“Tenemos una fuerte convicción. Que respecto a los derechos humanos, a la dignidad humana, el buen funcionamiento del Estado de Derecho va de la mano con la seguridad ciudadana. Y que cometer violaciones de los derechos humanos en el contexto de la política de seguridad representa un perder, perder, para toda la sociedad. De hecho cuando las autoridades cometen violaciones de derechos humanos utilizando la seguridad como excusa están contribuyendo a la desaparición de las reglas de conducta civilizada también entre particulares”.

Aldo Ponce Ugolini, profesor-investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas, comentó que el CIDE -otra de las instituciones convocantes a la conferencia- apuesta por una política integral de seguridad que permita realizar ajustes dirigidos a fortalecer el respeto a los derechos humanos y la reducción de la violencia.

Acerca de la conferencia, dijo que es una buena oportunidad para que se hagan públicos los resultados sobre investigaciones en torno a las causas de la violencia, las consecuencias de la militarización, y para analizar el estado de la cuestión.

El Centro de Investigación y Docencia Económicas participa en esta conferencia con varios investigadores que han publicado trabajos al respecto “para poder dar respuesta a qué hacer, a cómo reformar el modelo actual, pero también dar respuesta a una serie de problemáticas sobre derechos humanos que actualmente existen”.

Ernesto López Portillo, coordinador Técnico de la conferencia internacional ‘Seguridad, democracia y derechos humanos: La Vía Civil’, explicó que en ésta se quieren construir puentes de comunicación permanentes, profundos, entre la construcción de conocimiento, particularmente con evidencia empírica, y la toma de decisiones por parte de las autoridades.

“México requiere procesar pronto discusiones, debates, diálogos, para construir alternativas que reduzcan la violencia. Nos urge la construcción de alternativas informadas, serias, constructivas, en donde las diversas miradas puedan reunirse en las mesas de discusión que sean necesarias, para que acumulemos experiencias prometedoras y casos de éxito en la reducción de la violencia”.

Cabe mencionar que entre el público asistente se contó con la presencia del general de brigada de Justicia Militar y licenciado Alejandro Ramos Flores, jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Da click para ver el micrositio de la conferencia

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Texto y fotos: PEDRO RENDÓN/ICM


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