Nuestro país vive tres tipos de ‘genocidio’ de diferentes intensidades, pero el más preocupante tiene que ver con los delitos del mercado blanco (de ‘cuello blanco’), pues son los que han generado la mayoría de los desplazamientos que derivan en conflictos sociales, expresó el ex titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Luis González Plascencia.

Durante la tercera mesa de diálogo 'Seguridad y Derechos Humanos' de la conferencia internacional ‘Seguridad, democracia y derechos humanos: La Vía Civil’, el ahora secretario general de la Universidad Autónoma de Tlaxcala detalló que la crisis de violencia e inseguridad tiene su génesis a finales de los años 90, aunque se le suele ubicar durante la denominada guerra contra el narco de Felipe Calderón (2006-2012).

En ese periodo, México vivió dos transiciones: una política, que no permitió tener gobernantes e instituciones sólidos, y una crisis económica que sí tuvo éxito. Este último punto desarrolló al mercado, pero la falta de fortaleza política dio paso al mercado negro, en todas sus manifestaciones, y el mercado gris, el de la corrupción. Un tercero es el blanco.

“La manera en que se ha desarrollado el mercado ha generado el desplazamiento, éstos funcionan a partir de dispositivos de orden material y psicológico: por una parte, y en un proceso paulatino pero seguro, la privatización o particularización de lo público; así como un proceso de socialización de las pérdidas y la privatización de las ganancias. Estos dos ejes caracterizan la manera en que el mercado se ha desarrollado en las tres versiones: negra, gris y blanca”, dijo.

González Plascencia, quien dirigió la CDHDF de 2009 a 2013, dijo que estas características del mercado “están generando desplazamiento en el plano laboral, educativo, financiero, territorial, urbano. Desplazamientos simbólicos, pero también reales, y estos desplazamientos están generando víctimas en cada uno de estos terrenos”.

Comentó que al calificar como genocidio la problemática que vive México, lo hace en el sentido no técnico del concepto y más en el literal, el que se refiere a la muerte de personas. Por ello, el genocidio de alta intensidad se ha concentrado en la discusión entre seguridad y derechos humanos, a partir del elevado número de personas asesinadas, desaparecidas y desplazadas.

“A nivel de intensidad media, tiene que ver con la inseguridad pública, a la violencia de calle. Genocidio de baja intensidad, lo que se llama delitos de ‘cuello blanco’, es decir, la violencia asociada al mercado blanco, asociado al desarrollo del mercado común, porque está siendo responsable de muchos de los desplazamientos, y que implica un aniquilamiento en cámara lenta, en un sentido metafórico”.

Afirmó que al crimen organizado, la corrupción y la criminalidad convencional la hemos querido resolver por la vía de la policía y las fuerzas armadas, lo que implica una paradoja, pues el propio sistema genera una cantidad de violencia estructural que deja víctimas, que después pretende combatir con sus propios mecanismos.

“No voy a decir que la delincuencia se debe de manera directa a estos desplazamientos, pero sí tenemos que tener en cuenta que todas estas víctimas, de estos procesos de desplazamiento, de alguna manera tienen que gestionar su supervivencia.

“Existe evidencia de que algunos espacios donde esa supervivencia se gestiona es en esos espacios la criminalidad organizada. Pero si ya eso es violencia, lo que me parece un absoluto contrasentido es que tratemos de contener esa violencia con más violencia, porque lo que sí ha pasado, desde el sexenio de Felipe Calderón, con la decisión de incorporar a las fuerzas armadas, es que la violencia institucional  se ha incrementado”.

Recalcó que la crisis de seguridad que había en los 90 y a principios del presente siglo, se convirtió en una crisis de derechos humanos, porque el combate al crimen organizado comenzó a generar violaciones graves en esta esfera.

Bajo esta observación, Luis González explicó que entiende la posición del secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos, al pedir un marco que regule su actuación en labores de seguridad pública, sin embargo, intentar resolver este conflicto con una Ley de seguridad interior no sería viable.

“Esa sería la peor de las soluciones. Así como haber incorporado a un conflicto de carácter civil a las fuerzas armadas (fue un error), creo que sería peor ahora tratar que con una ley resolviéramos este entuerto que se presenta para el Ejército y para la Marina, en esta coyuntura. Eso, sin duda, lo que haría sería agregar más violencia”.

Sobre lo que entendemos por seguridad, manifestó que es el resultado del respeto y protección a los derechos humanos, que evita el desplazamiento de las personas hacia un escenario de precariedad.

Apuntó que tenemos que ver cuáles son los efectos del mercado en la producción de inseguridad y cómo las fuerzas armadas y la impunidad están complejizando más el problema; al tiempo que debemos lograr compensaciones del mercado y disminuir sus efectos en la generación de la inseguridad y la desigualdad, tanto en los planos materiales como en los psicológicos.

Santiago Corcuera: quieren hacer legal algo ilegal

El Mtro. Santiago Corcuera, académico del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, acusó que las propuestas de Ley de seguridad interior de los partidos Acción Nacional (PAN) y del Revolucionario Institucional (PRI) buscan dar un concepto de seguridad interior para “legalizar lo que debe seguir siendo ilegal”.

A partir de una revisión puntual del lenguaje jurídico, el profesor universitario recalcó que la seguridad pública es una función que le corresponde al Estado mexicano y recae en cuerpos civiles. La aparición de las fuerzas armadas se da cuando se comete un delito grave que afecta la estabilidad del país, como una insurrección, pero eso se define como “valor jurídico”.

Comentó que este problema añejo partió de una confusión, en 1996, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al entender como similares los conceptos de seguridad pública y seguridad interior, lo que permitió la participación de las fuerzas armadas en labores que la ley marcaba puntualmente como cosa de civiles.

“Como la participación de las fuerzas armadas en investigación criminal, como la actuación de las fuerzas armadas en esas funciones que le correspondería a una policía ministerial o a una policía preventiva; creo que eso debe de detenerse”.

Enfatizó que nadie sugiere que el Ejército y la Marina deben regresar a los cuarteles de inmediato, pues sería un error frente a la realidad violenta que vivimos. Expresó que lo primero que debe hacer el Estado es reconocer que tenemos un problema y fue por la decisión, en su momento, de Felipe Calderón, de usar a instituciones que no están hechas para cumplir con la función que se les asignó.

Si no se da este primer paso, “no vamos a enmendar la conducta, sino que la vamos a querer perpetuar, inventando una definición de seguridad interior que no existe. Nos va a decir que es seguridad interior lo que no es, y eso va a legalizar lo que debería seguir siendo ilegal”.

Por su parte, Mario Patrón, director general del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), comentó que una alternativa frente a la estrategia de seguridad actual, que se enmarca en la militarización, es un retiro paulatino de las fuerzas armadas de esta tarea y el fortalecimiento de las instituciones civiles.

Finalmente, Francisco Jiménez, quien ha vivido todo el proceso de transformación de la justicia y derechos humanos en Guatemala, dijo que no es la presencia de las fuerzas armadas en el Estado lo más peligroso, sino que civiles quieran implementar “una cultura de gestión de corte militar”, pues, en sentido estricto, eso resulta más riesgoso que la militarización, entendida como el control por parte del Ejército.

Luis González Plascencia compartió panel con Mario Patrón, director general de Centro Prodh; Francisco Jiménez, consultor en seguridad y justicia para el Centro de Investigaciones Nacionales (CIEN); y Santiago Corcuera, académico del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.

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