En medio de un contexto marcado por la militarización de la seguridad pública y un considerable incremento en los niveles de violencia, en México se ha favorecido la reproducción generalizada y sistemática de graves violaciones a los derechos humanos, que en su mayoría quedan sin castigo, y se suma a la histórica impunidad de los crímenes cometidos durante la guerra sucia en los 70 y 80.

De acuerdo con la Organización Data Cívica, hay al menos 33 mil personas desaparecidas en nuestro país; mientras que el Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas informó que se vive un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio nacional. En ese sentido, Ayotzinapa es sólo un ejemplo.

En el marco de la lucha contra el crimen organizado, la tortura aparece como una práctica utilizada de manera generalizada por las fuerzas de seguridad, tanto civiles como militares, tal y como lo señalara el Relator de Naciones Unidas sobre la Tortura; mientras que en materia de homicidios y ejecuciones, el panorama es igual de sombrío.

“Se siguen reproduciendo incidentes extremadamente violentos, en particular atentados contra el derecho a la vida, a un nivel intolerable”, detalló el Relator Especial de Naciones Unidas sobre las Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias. Ejemplos son los asesinatos de migrantes en San Fernando, Tamaulipas, y Cadereyta, Nuevo León, entre 2010 y 2012.

Casos emblemáticos de este contexto de violación a los derechos humanos son la ejecución de 22 personas en Tlatlaya, en 2014; los hechos ocurridos el 6 de enero de 2015, en Apatzingán, y la muerte de 42 personas en Ecuandureo, el 22 de mayo de ese mismo año, ambos en Michoacán. Además del despojo de las tierras a comunidades campesinas e indígenas para ‘megaproyectos de desarrollo’.

Frente a esta serie de problemas, la IBERO presentó su postura sobre la ‘Impunidad y graves violaciones a derechos humanos’, que forma parte de los planteamientos que la Universidad Iberoamericana hará a los candidatos a la Presidencia de la República, cuando visiten el campus universitario para dar a conocer su proyecto de país.

En ese sentido, la Iberoamericana afirma que es necesario impulsar una política de Estado orientada a combatir la impunidad. El combate a la impunidad y la corrupción no tiene que ver sólo con la decisión de las y los funcionarios, sino que implica la necesidad de desmantelar los incentivos y estructuras que las hacen posibles.

De esta manera, si bien es cierto que su erradicación requiere voluntad política, lo anterior no resulta suficiente si no se construyen las bases institucionales y legales que permitan su combate efectivo. De igual manera, debe reconocerse el principio constitucional orientado a la preservación de la seguridad pública por parte de las autoridades civiles, por lo que resulta contrario a los principios democráticos más elementales cualquier estrategia, legislación o política pública basada en la militarización del país.

Sobre ‘Impunidad y graves violaciones a derechos humanos’, y en el marco de las campañas electorales, la Universidad Iberoamericana Ciudad de México lanza los siguientes cuestionamientos a la y los candidatos a la Presidencia de México:

• ¿Qué opinión le merece la posibilidad de adoptar un mecanismo internacional de expertos para el combate a la impunidad?
• ¿Qué estrategia adoptará para garantizar el derecho a la verdad, el procesamiento y sanción de responsables y la reparación a las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante los períodos identificados como “la guerra sucia”, y el más reciente denominado “lucha contra el narcotráfico”? Particularmente, ¿cómo enfrentaría el problema de la práctica sistemática y generalizada de actos de tortura y desaparición forzada?
• ¿Cuál es su posición frente a la Ley de Seguridad Interior, y que estrategia adoptará para atenderla o enfrentarla?

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ICM