Por Andrea L. Virrueta López^[1]

Observatorio de Conflictos Socioambientales (OCSA)

El Observatorio de Conflictos Socioambientales de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México (OCSA) da cuenta de las diferentes afectaciones y tipos de violencia que enfrentan las personas que habitan los territorios en donde se desarrollan proyectos de naturaleza extractiva. Su labor ha permitido identificar que estas afectaciones y violencias tienen consecuencias diferenciadas y condicionadas en razón de género.

Como parte de estos hallazgos, se ha observado también que el desplazamiento forzado es una de las expresiones de la violencia que las personas de las comunidades afectadas viven como consecuencia de la necesidad de proteger su integridad y su vida. Con base en esto, se reconoce que las afectaciones y las violencias que experimentan mujeres de las comunidades, en razón de conflictos socioambientales, son diferenciadas.

La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH, 2023) define el desplazamiento forzado interno como una violación de derechos humanos que es resultado de situaciones de violencia generalizada, un conflicto armado, violaciones a derechos humanos, catástrofes climáticas, pérdidas patrimoniales, o cuestiones de seguridad, identidad y bienestar en general, que obligan a las personas a huir de su hogar o lugar de residencia habitual dentro de los límites nacionales. La misma organización señala que el desplazamiento forzado interno representa una violación autónoma al derecho de libre circulación y a elegir un lugar de residencia, e involucra afectaciones a diferentes derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales; asimismo, resulta en una violación de naturaleza continua y sostenida, pues sus impactos se extienden en el tiempo, hasta que las vulnerabilidades y las necesidades que resultan del desplazamiento hayan desaparecido.

Desde el OCSA, tal como señalan Manuel Llano y Dolores Rojas (2022), se ha identificado que el desplazamiento forzado puede ser consecuencia, entre otras razones, de haber experimentado de manera sostenida un alto grado de violencia vinculada al crimen organizado, el cual se llega a expresar en crímenes como levantamientos, secuestros, asesinatos y extorsiones.

El caso de Las Coloradas de la Virgen, en Chihuahua, es un conflicto derivado de la explotación forestal clandestina para la siembra de amapola por el crimen organizado, el cual ha provocado altos índices de violencia que han forzado el desplazamiento de muchos de los habitantes de la sierra Tarahumara.

En esta zona, se han llevado a cabo saqueos y robo de casas, ganado y tierras, y también se ejercen amenazas y cometen asesinatos de familias enteras. A través de la información de la base de datos del OCSA, detectamos que los asesinatos se extienden a personas defensoras del bosque, el territorio y los derechos humanos. Prueba de lo anterior es el homicidio de Otilia Martínez Cruz, de 60 años, y de su hijo Gregorio Chaparro Cruz, de 20 años, en el municipio de Guadalupe y Calvo. Es un acto que forma parte de una cadena de asesinatos a personas activistas, en situaciones que habían sido denunciadas como de impunidad.

Estas expresiones de profunda violencia han provocado el desplazamiento de grandes flujos de la población, como en las localidades Milpillas y Las Chinacas, donde vivían poco más de mil quinientas personas, y en donde se señala que la población quedó hoy reducida a la mitad; si bien se identifica que algunos habitantes han regresado, al aceptar las condiciones establecidas por los grupos criminales, otros se han refugiado en Parral y en Chihuahua capital.

¿Cuál es la consecuencia desde una perspectiva de género?

Las afectaciones por conflictos socioambientales son diferenciadas en razón de género, tanto en el contexto familiar y social, como en el desplazamiento forzado mismo. En casos como el de Las Coloradas de la Virgen, la situación se complejiza aún más debido a las condiciones de extrema violencia derivadas del poder de la delincuencia organizada, así como de la violencia ejercida en contra de las mujeres en este estado en razón de género, lo cual se observa en actos de violencia sexual e incluso feminicidios.

Con base en un estudio de Villalobos, Martínez y Carrillo (2018), se ha evidenciado que, como resultado de los parámetros establecidos por el sistema patriarcal, la violencia de género está fuertemente arraigada en las relaciones sociales, las culturas y las propias políticas del país, lo cual, además, se ejemplifica con especial gravedad en los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua. Organizaciones como Justicia para Nuestras Hijas documentó que, en el periodo 1993-2017, se registraron 2,657 muertes de mujeres, en las que destaca la dificultad de considerar los hechos como feminicidios (El Heraldo de Chihuahua, 11 de noviembre de 2017, citado en Villalobos, Martínez y Carrillo, 2018, nota 193, p. 155).

En cuanto al contexto del desplazamiento forzado interno, de acuerdo con Diana Delgado (2023), se estima que el 54% de las personas afectadas son mujeres y que, del total de familias, alrededor del 40% son lideradas por ellas. Por medio de entrevistas realizadas por Delgado, se pudo identificar que estas jefas de familia se habían desplazado como consecuencia del asesinato, el secuestro, la desaparición o el reclutamiento forzado de integrantes hombres de sus familias, por lo general sus esposos.

La UNICEF (1998) identifica que durante el desplazamiento forzado interno existen efectos que se manifiestan en la separación familiar, la exposición al trauma por la violencia a diferentes escalas y las afectaciones en la salud, entre otros elementos que acompañan la violencia de género. Se destacan situaciones de especial vulnerabilidad en razón de género en contextos de desplazamiento, como la violencia sexual e intrafamiliar y la explotación con fines sexuales.

Tal como lo ha registrado el OCSA, el desplazamiento forzado interno es una de las expresiones de mayor magnitud de violencia en contextos de conflicto socioambiental, ya que es una decisión que busca hacer frente a los altos niveles de afectaciones que ponen en riesgo la integridad e incluso la vida, de manera invisibilizada, lo que le convierte en una decisión de supervivencia. Sin embargo, las violencias que caracterizan el camino son una perpetuación de la violencia y la violación a derechos humanos que, en casos como el de Las Coloradas de la Virgen, en Chihuahua, se magnifican. No atender las causas de este desplazamiento, así como las necesidades durante el trayecto, desde una visión interseccional, es una violación que comete el Estado, ante su omisión que perpetúa la violencia y la agrava en razón de género al ni siquiera visibilizarla.

Referencias

Brea Velducea, M. (2017). Destierra el narco a centenares de familias de la sierra de Chihuahua. La Jornada. Recuperada de https://www.jornada.com.mx/2017/03/24/politica/003n1pol

Llano, M. y Rojas, D. (2022), ¿Es la actividad minera una causante del desplazamiento interno forzado en México?, Heinrich Böll Stiftung, consultado el 3 de agosto de 2023, disponible en: https://mx.boell.org/es/2022/04/07/es-la-actividad-minera-una-causante-d...

Delgado, D. (2023). En Chihuahua, 14 mil personas han sido desplazadas por la violencia; pérdida de empleo y vivienda, principales consecuencias. Animal Político. Recuperado de https://www.animalpolitico.com/estados/desplazados-chihuahua-violencia

cmpdh (2023). ¿Qué es el desplazamiento interno forzado? Recuperado de http://desplazamiento.cmdpdh.org

Estrada, J. (2017). Comunidades indígenas denuncian ante la onu despojo por proyectos de desarrollo. Recuperada de https://www.jornada.com.mx/2017/11/13/politica/005n1pol

Estrada, J. y Villalpando, R. (2019). Matan a madre e hijo, defensores de bosques en Chihuahua. La Jornada. Recuperada de https://www.jornada.com.mx/2019/05/04/estados/024n1est

Gómez, M. (2019). Isidro Baldenegro y la impunidad contra los rarámuris. La Jornada. Recuperada de https://www.jornada.com.mx/2017/01/24/opinion/018a1pol

unicef (1998). The gender dimensions of internal displacement: Concept paper and annotated bibliography. Nueva York: Women’s Commission for Refugee Women and Children.

Villalobos Díaz, D., Martínez Esparza, P., y Carrillo Domínguez, H. (2018). Diagnóstico y propuestas sobre la violencia en la Sierra Tarahumara para la sociedad civil, comunidades, autoridades estatales y federales 2006-2017. Chihuahua: Contec/Ficosec. Recuperado de https://kwira.org/wp-content/uploads/Diagnostico-integrado-Contec.pdf