Pocas veces en la historia mexicana es posible advertir la construcción y degeneración de un arquetipo político en un periodo relativamente corto como son 20 años (como dice el tango). El caso del gobernador (con licencia) de Veracruz, Javier Duarte, expone en forma melodramática el funcionamiento de un extenso aparato de complicidades del poder político en México cuando se trata de aparentar una "aplicación estricta de la ley" ante el escándalo flagrante de corrupción.

 Pulcritud legal a modo... de escape. Una cortina de humo resulta la discusión sobre el alcance del fuero constitucional que, se dice, imposibilita al aparato de procuración de justicia, estatal y/o federal de actuar en contra de un clan criminal encabezado por Duarte, junto con un complejo entramado de cómplices políticos que, bien a bien, involucran en buena medida a sus dos predecesores (los príistas Fidel Herrera y Miguel Alemán Velasco).

 La interpretación legal de la Procuraduría General de la República, institución que solicitó la orden de aprehensión contra el ahora prófugo Duarte, se inserta en la lógica constitucional del fuero como atributo unívoco e indivisible para la figura de la representación política de que se trata, la de quien ocupe el cargo de gobernador en funciones (igualmente constitucionales) y que no es posible el fuero para dos individuos cuando solo uno está ejerciendo la función pública que cubre la atribución. Bajo esa óptica, si a Duarte le fue concedida la licencia por el Congreso veracruzano, resulta secundario si se le otorgó en forma temporal o definitiva, toda vez que el mismo Congreso decidió nombrar un gobernador interino para que se concluyera el mandato constitucional de la administración que encabezó Duarte.

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