La implementación para elegir por voto popular a más de mil 600 ministras y ministros, magistradas y magistrados, juezas y jueces añade una logística compleja porque hablamos de todos los puestos del Poder Judicial, tanto a nivel nacional como local, afirmó el Doctor (Dr.) Pedro Martínez Esponda, Académico de Tiempo Completo del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana (IBERO).

Indicó que organizar elecciones en el Poder Judicial por voto popular no será fácil, dado que este sistema es muy amplio e implica un mayor financiamiento para realizar los comicios extraordinarios de 2025, cuando se elijan ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la mitad de los jueces y magistrados de distrito; más la otra mitad en las de 2027.

Señaló que, si ya es complejo organizar comicios federales y locales en el país para elegir presidente, diputados, senadores y alcaldes, con el número de personas del Poder Judicial que van a ser votadas, el ciudadano tendrá que revisar cientos de candidatos y candidatas, además de su trayectoria judicial.

"Cuando vamos a la urna a votar qué tanto conocimiento tenemos de la gente por la que estamos votando. Imagínate tú frente a una boleta con 150 nombres de candidatos y candidatas a ocupar puestos de jueces. Quiénes son, las sentencias que han dictado y cómo funcionan éstas. Veo la implementación compleja, quizá sale mejor de lo que pensamos y esperemos que sea así", señaló.

Dijo que la preocupación principal se encuentra en la elección popular, pues las y los jueces, las y los magistrados y las y los ministros, van a estar sujetos a presiones y a una falta de independencia cuando lleguen a esas posiciones, donde el partido mayoritario podría tener cierta influencia en decidir quiénes van a ser las y los candidatos.

El especialista acotó que otro problema será el Tribunal de Disciplina Judicial –que estará integrado por cinco magistrados electos por voto popular por un periodo de seis años—, podrá juzgar lo que hacen estos magistrados por el fondo de sus sentencias, lo que viola su autonomía para hacer cumplir la ley.

"La Reforma Judicial no dice nada sobre las fiscalías. Ahora el ministro en retiro y expresidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, ha dicho que eso lo va a decir otra reforma. Habrá que esperar, pero los problemas más graves que tiene la justicia en México no se están resolviendo con esta reforma, donde las fiscalías son las que integran las carpetas de investigación", refirió.

Además, mencionó que en las fiscalías de los estados faltan más recursos para ofrecer mejores salarios a las y los abogados que trabajan en los Ministerios Públicos, quienes ganan en promedio 11 mil pesos mensuales, con cantidades brutales de trabajo y sujetos a amenazas de grupos criminales, de actores políticos o económicos.

"Hay un problema de recursos en las fiscalías. Quizá esto se atenderáen la reforma siguiente. Habrá que ver, pero hoy por hoy esta reforma tiene muchos silencios, muchos temas que no aborda y que son cruciales para la impartición de justicia en nuestro país", sostuvo.

Finalmente, mencionó que la propuesta de Reforma Judicial que formuló la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de México, Norma Piña, es amplia e insatisfactoria porque llega tardísimo cuando se hubiera necesitado antes para ser puesta a discusión pública, además de que diluye los temas clave para mejorar al Poder Judicial y los problemas de corrupción que enfrenta la justicia en México.

Texto: Luis Reyes Foto: Pexels

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