Mal comienza 2017, quinto año de gobierno de Enrique Peña Nieto. La desobediencia civil pacífica, los bloqueos a calles y carreteras, el cierre simbólico de gasolineras, las amenazas de cierre de las mismas por parte de concesionarios, toma de estaciones de servicio por parte de personas cubiertas del rostro quienes surten de combustible a los automovilistas de manera gratuita, las posturas de algunos actores políticos y los saqueos son claros indicadores de la debilidad presidencial, la crisis de credibilidad por la que atraviesa su gobierno, políticas erróneas y la falta clara de un liderazgo fuerte.

Ciudadanos y ciudadanas comunes, campesinos, transportistas, concesionarios de servicio de transporte público, habitantes de diversas colonias a lo largo de la república mexicana, líderes políticos y representantes de partidos políticos se movilizan para protestar en contra de lo que consideran un abuso por parte de las autoridades federales y para exigir se dé marcha atrás al llamado “gasolinazo”.

En este arranque de año, la gente ha salido a las calles en 31 entidades y contando: Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, y Zacatecas, para protestar en contra del “gasolinazo”.

Lo anterior ha provocado que el Grupo Gasolinero G500 cerrara 50 de sus mil 800 estaciones y que anunciara el cierre temporal de hasta 400 de ellas si no se dan las condiciones de seguridad necesarias, pues han sufrido actos de vandalismo e intentos de robo de combustible.  A los cierres por la inseguridad generada por las protestas públicas se suma el cierre previo de gasolineras por desabasto. Tal es el caso de Puebla, en donde el grupo ONEXPO (Organización Nacional de Expendedores de Petróleo), tuvo que cerrar 150 de sus mil 200 gasolineras por falta de producto.

Igualmente, hubo bloqueos y cierres de carreteras en estados como Veracruz, Chihuahua, Chiapas, Oaxaca, Sonora, Querétaro, Morelos, Guanajuato, Jalisco, Michoacán y el Estado de México. Por ejemplo, se registraron cierres en la México-Puebla, la México-Toluca, México-Cuernavaca, Lerma-La Marquesa, México-Querétaro, México-Pachuca, Naucalpan-Toluca, afectando algunos de los principales accesos a la Ciudad de México.

En algunos lugares, como en el municipio de Nicolás Romero, en el Estado de México, las protestas trajeron como efecto secundario que algunas personas saquearan y vandalizaran tiendas de autoservicio. Este desorden sumado al intento de otro grupo por saquear el mercado ubicado en la colonia El Molinito, Naucalpan, produjo que comenzaran a correr rumores sobre actos vandálicos y saqueos, por lo que vecinos de las colonias Loma Linda y San Agustín colocaron barricadas para impedir que los supuestos delincuentes llegaran a sus lugares de habitación, sin haber solicitado primero la protección de las autoridades.

Por otra parte, circula en redes sociales una convocatoria para una protesta masiva en todas las plazas públicas del país, a llevarse a cabo este 7 de enero. La cita en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México es a las 10 de la mañana. Asimismo, organizaciones campesinas, como la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, se han sumado a las protestas por el “gasolinazo” convocando un paro nacional para el 31 de enero.

Pero la rebelión no se da sólo en las calles, pues aún antes de estos tres días de protestas el político Jesús Zambrano, vicecoordinador del PRD en la Cámara de Diputados, llamó a la ciudadanía, vía Twitter, a no comprar gasolina los primeros tres días del año, y a hacer una revolución pacífica en contra de un gobierno al que calificó como “mentiroso y traidor”.  Pide a Peña Nieto que detenga inmediatamente el incremento al precio de las gasolinas y del diésel, más aún convoca a quienes no han salido a la calle a protestar a que lo hagan.

Asimismo, otro integrante del PRD, el senador Mario Delgado, ha comentado la necesidad de llamar a un periodo extraordinario de sesiones para revocar el “gasolinazo”, eliminando los artículos transitorios 11 y 12 de la Ley de Ingresos 2017.

Pero, la crítica no proviene sólo de la izquierda opositora sino de prominentes integrantes del mismo partido del presidente, el PRI. Es el caso de Francisco Labastida Ochoa, quién en mesa de debate con Carmen Aristegui, cuestionó las pérdidas sufridas por Pemex en los cuatro últimos años, ya por la baja de los precios del petróleo, pero también por la baja en la producción de barriles de petróleo, entre 300 y 400 mil barriles por día. Y aunque el político en cuestión no lo relacionó directamente con la reforma energética, dicha unión es inevitable.

En fin, las protestas se multiplican en espacios, actores y modalidades, como puede observarse con sólo abrir cualquier sitio de noticias. Las razones que explican esta importante y extendida movilización no son simplemente económicas, aunque el aumento en el precio de la gasolina y sus implicaciones en torno a un alza generalizada de precios es efectivamente lo que detona las protestas. No alcanza para explicar la que amenaza con convertirse en la más importante manifestación de inconformidad ciudadana durante el presente sexenio.

El momento en que dichas protestas ocurren se caracteriza, primero, por ser el año que, de acuerdo con la teoría, marca el declive del poder del presidente, siendo el tercer y cuarto año los de máximo poder para un mandatario.

Segundo, que contraviniendo la teoría, el cuarto año no se caracterizó por la acumulación de factores que dieran a Peña suficiente margen de acción para concretar su proyecto de gobierno, sino el inicio de tal declive.

Tercero, Peña inicia su quinto año de gobierno arrastrando una significativa caída de popularidad, la cual no se caracterizó por altos y bajos, sino por una marcada tendencia a la baja, hasta llegar a una cifra nada tranquilizadora, pues ocho de cada 10 personas entrevistadas afirmó desaprobar la gestión presidencial.

Cuarto, un contexto económico adverso marcado por un crecimiento pobre de la economía interna, el incremento de la deuda pública, un insignificante incremento salarial, un alza continua de los precios de los productos de primera necesidad, sin importar lo que indiquen las cifras oficiales, desempleo y precarización de las condiciones de vida de amplios sectores de la población, pobreza y desigualdad.

Para quien esto escribe, el quid para analizar las protestas por el llamado “gasolinazo”, no está en clave económica, solamente, sino política, y se ubica en la crisis de credibilidad que cursa la presente administración.

La falta de liderazgo presidencial y lo que podría calificarse como “falta de legitimidad por desempeño” —esto es, la gente asume que Peña no debería permanecer en su encargo por la falta de resultados—, impide al primer mandatario convocar a la población a apoyar a su gobierno en un momento en que el aumento al precio de las gasolinas se vuelve necesario para completar el presupuesto gubernamental cuando ha bajado el dinero que de Pemex pasaba a las arcas públicas: 75 mil millones de dólares en los cuatro años de este gobierno, a decir del mismo Labastida Ochoa.

Más aún, esta “crisis de legitimidad por desempeño” provoca la desobediencia civil, pacífica o violenta, que se activa cuando la población llega a la conclusión de que quien gobierna no tiene autoridad para mandar. Siguiendo al sociólogo alemán Max Weber, quien definió “legitimidad” como la “probabilidad de que la gente obedezca”, lo que se observa en prácticamente toda la república mexicana es indicativo no sólo de las adversas condiciones económicas por las que atraviesa el país sino lo que puede convertirse en una crisis política de consecuencias no esperadas. 

* La Dra. Ivonne Acuña es académica del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la IBERO.