Si algo comparten los últimos dos sexenios, el de Felipe Calderón Hinojosa y el de Enrique Peña Nieto, es el autoritarismo y la cerrazón ante la mínima crítica pública. En los doce años que suman ambos mandatos, 551 mujeres periodistas fueron amenazas, intimidadas, asesinadas, desaparecidas u obligadas al desplazamiento o exilio.

El “banderazo” se le debe a Felipe Calderón, quien es responsable de desatar los demonios en este país y que, hasta el día de hoy, se mantienen libres. La militarización y la “guerra contra el narco” fue la escenografía que permitió ocultar a los verdaderos enemigos de periodistas y medios de comunicación críticos o con mínimos espacios de independencia. La cortina de humo que colocó Calderón fue la delincuencia organizada. Todo atentado a periodistas y medios de comunicación tuvo respuestas rápidas. “Atentados de la delincuencia organizada”, señalaban las autoridades, declaraciones que, en ningún momento, se sustentaron en la más mínima investigación.

La versión oficial de que los atentados contra la prensa venían de la delincuencia se desvanecieron en la medida en que las organizaciones de la sociedad civil dedicamos recursos para documentar cada ataque a periodistas. El resultado es que el principal enemigo de los periodistas y los medios de comunicación críticos son agentes del Estado, gobernadores, presidentes municipales, policías, militares, etcétera: actores políticos llenos de soberbia, quienes, al sentirse evidenciados por periodistas, despliegan todo el aparato que tienen a la mano para perseguirles, amedrentarles, amenazarles o generar presión a directivos y dueños de medios para, cuando así lo deciden, hacer que despidan a periodistas incómodos, por realizar su labor guiados por la búsqueda de la verdad o la denuncia de los abusos de poder.

Dueños de medios que lucran con la precariedad laboral de cientos de periodistas en nuestro país, priorizan mantener su relación cordial con los poderosos. Para las periodistas, además, los ataques se tiñen de misoginia y machismo, que buscan desacreditar su labor disminuyéndola, arguyendo asuntos personales o desatando a través de cuentas falsas campañas de desprestigio contra ellas o, en el peor de los casos, por medio de otros periodistas cobijados por la corrupción.

La estridencia de Calderón por la sangre se apagó, como por arte de magia, en cuanto su sucesor, Enrique Peña Nieto, tomó el poder: el silencio ocultó la barbarie que se vive en muchos lugares del país, donde presidentes municipales, funcionarios estatales y federales amasaron fortunas explicadas sólo por la corrupción rampante y la impunidad que les cobija.

La gravedad es tal que, de acuerdo con la Federación Internacional de Periodistas (FIP), México ocupa el segundo lugar en el mundo como país más peligroso para ejercer el periodismo, por el número de asesinatos contra quienes ejercen el periodismo, sólo después de Afganistán, donde ocurrieron 16 asesinatos, en tanto que en México se registraron 11 sólo en el año 2018.

Es decir, lejos de disminuir, los ataques a la libertad de expresión se recrudecieron en el sexenio de Enrique Peña Nieto, quien además contaba con instancias creadas para investigar y sancionar a quienes atacaran a periodistas y para brindar la protección necesaria, con el propósito de generar las condiciones idóneas para que pudieran seguir haciendo su labor periodística con seguridad. Los resultados nos demuestran, a todas luces, que las instancias no cumplieron su labor a cabalidad.

Recientemente, en Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), elaboramos el informe Herencia de un sexenio: Simulación y desplazamiento, que hace el corte de caja de lo que fue el sexenio más violento contra las periodistas. Lo que documentamos del 1 de diciembre de 2012 al 1 de diciembre de 2018 fueron 440 casos de violencia contra mujeres periodistas, en 31 de los 32 estados del país. De estos casos, 11 fueron feminicidios, seis de ellos relacionados con su labor periodística y siete desplazamientos: uno de ellos se convirtió en exilio.

En comparación con el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, cuando se registraron 131 casos de violencia contra mujeres periodistas, en el de Enrique Peña Nieto la violencia contra las periodistas aumentó 222%. Las entidades donde se concentró la mayor parte de las agresiones fueron Ciudad de México con 18.05%, Veracruz con 13.54% y Puebla con 8.79%, entidades éstas que se han caracterizado por el autoritarismo de sus gobernantes.

Las periodistas no sólo viven condiciones de desigualdad que las ponen en desventaja de sus compañeros hombres, sino que enfrentan contextos adversos que las exponen a peligros extras, sobre todo si cubren seguridad pública y política: corrupción, lavado de dinero, estructuras criminales, tráfico de influencias, movimientos sociales, derechos humanos, desaparición y trata de personas.

Es significativo que el 39.10% de los casos de agresión registrados están relacionados con agentes del Estado. Cabe destacar que a partir de diciembre de 2012 creció el perfil del personaje político como principal agresor, tales como candidatos, militantes o simpatizantes de partidos políticos. Es de llamar la atención que funcionarios estatales (16%), municipales (18%) y candidatos/simpatizantes de partidos (16%) son quienes concentran el mayor número de perpetradores de violencia contra las periodistas.

Las agresiones más frecuentes que enfrentan las periodistas son violencia psicológica (87.68%), que va desde amenazas, campañas de desprestigio, bloqueo informativo, hasta actos de intimidación, como el hostigamiento y el espionaje. En un segundo rango se encuentra la violencia física, con 35.07%; prosigue la violencia patrimonial con 13.51%, la cual está relacionada con robos de material de trabajo en las redacciones como computadoras, discos duros, memorias externas, teléfonos y cámaras fotográficas, así como el allanamiento a sus domicilios y el acoso judicial. Las reporteras son víctimas de la violencia institucional por parte del Estado. CIMAC documentó que el 44.05% de las agresiones están relacionadas a este tipo de modalidad de violencia.

El entorno digital fue otro espacio en donde se concatenaron otras formas de violencia que atentaron en contra de las comunicadoras. Los ataques que estuvieron relacionados a entornos digitales (4.98%) han sido, en su mayoría, prácticas de espionaje, acceso no autorizado a cuentas personales, difusión de información personal, amenazas y acecho en los medios de comunicación más usados por las periodistas, tales como correos electrónicos, grupos de WhatsApp y redes sociales. La mayoría de estos actos están acompañados de expresiones misóginas y descalificativas.

En el sexenio de Peña Nieto fueron asesinadas seis mujeres periodistas por su labor informativa, aunque CIMAC documentó el asesinato de once. Estos crímenes no fueron reconocidos o ligados a su actividad profesional por parte de las autoridades y de los medios de comunicación. La violencia desatada en las entidades federativas y su ocultamiento dejaron en la indefensión a las periodistas, provocando que el camino del desplazamiento forzado se recrudeciera. CIMAC conoció siete casos de mujeres periodistas en situación de desplazamiento forzado (en uno de estos casos la periodista fue orillada a exiliarse) en los estados de Sinaloa y Guerrero (cada uno con dos casos), Tamaulipas, Coahuila y Chihuahua. De estos siete casos, CIMAC acompañó a cinco. Adicionalmente conoció otros tres (Guerrero, Veracruz y Puebla) en los que no se logró contactar a las víctimas.

En México se desató el desplazamiento interno de periodistas que, ante la urgencia de protegerse, salen hacia lugares donde puedan encontrar seguridad lo más pronto posible. En esta problemática se identificaron tres momentos del proceso de desplazamiento. En primer lugar, ante una situación de riesgo que pone en peligro su vida y la integridad de ellas o de su familia, las periodistas tienen que salir de su lugar de residencia en busca de refugio y seguridad; en un segundo momento, llegar a un lugar desconocido y enfrentar una vida ajena y alejada de sus redes inmediatas; y en tercero, carecer de garantías para retornar y retomar sus proyectos de vida.

CIMAC reconoce que, entre las principales consecuencias del desplazamiento de periodistas, está el cortar los lazos familiares, sociales y culturales del lugar de origen. La falta de medidas de protección integrales por parte del Estado mexicano limita su acceso a sus derechos humanos tales como una vida digna, atención a servicios de salud, vivienda, alimentación, educación y seguridad. Todas estas consecuencias no sólo coartan su derecho a la libertad de expresión, sino que también atentan contra el derecho a comunicar y contra la libertad de prensa.

En este sexenio, como en ningún otro, el gobierno federal y los gobiernos estatales contaron con más herramientas para garantizar el derecho a la libertad de expresión y la labor periodística. Sin embargo, los avances normativos no se expandieron ni se tradujeron en acciones para garantizar el pleno ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Se crearon estructuras institucionales con la finalidad de atender la seguridad del gremio, pero en vez de actuar conforme a esos objetivos, violentaron a las víctimas. En el informe se revisa y analiza el actuar de las dos principales instancias encargadas tanto en la procuración de justicia y en brindar protección, tales como la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) y el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

El reto no es menor, máxime cuando las empresas periodísticas han iniciado una escalada de despidos, lo cual recrudece las condiciones de precariedad a la que se enfrentan cientos de periodistas, quienes, de acuerdo con la nueva tabla de salarios mínimos dada a conocer en diciembre pasado, el salario será de 248.09, un salario que en la mayoría de los casos no se cubre al aplicar el destajo: es decir pagar por nota, entre treinta y cincuenta pesos, siempre y cuando se publique.

Esta precariedad se agudiza entre las reporteras, quienes en muchas de las ocasiones tienen a su cargo a su padre o madre, además de sus hijas e hijos, lo cual implica para ellas un mayor desgaste no solo físico o emocional, sino económico. Generar las condiciones que garanticen el desarrollo de las periodistas en entornos seguros pasa sin duda por la mejora de sus condiciones laborales, y la investigación y sanción de todas las agresiones contra ellas.

* Artículo publicado originalmente en IBERO, Revista de la Universidad Iberoamericana. Año X, número 60, febrero-marzo de 2019 (pp 26-29).

** Egresada de la carrera de Sociología de la Escuela de Estudios Profesionales Acatlán, de la Universidad Nacional Autónoma de México, con un diplomado en Los Derechos Humanos en las Nuevas Reformas Constitucionales de México, también por la UNAM. Periodista de amplia trayectoria, especializada en periodismo con enfoque de género. Ha sido ponente a nivel nacional e internacional sobre periodismo de género y estrategias de comunicación con perspectiva de género. Ha impartido diversos talleres sobre vocería y estrategias de comunicación para organizaciones sociales y políticas. Su trabajo periodístico le ha valido el reconocimiento a nivel nacional e internacional. Actualmente es directora del Centro de Comunicación e Información de la Mujer, CIMAC, A. C, asociación fundada en 1988 por un grupo de profesionales de la comunicación cuya misión es generar y publicar información noticiosa sobre la condición social de las mujeres, asegurar que las y los periodistas incorporen los derechos humanos de las mujeres en su trabajo cotidiano, así como promover los medios como una herramienta de transformación educativa y social que sirva como estrategia para que las organizaciones civiles transmitan sus actividades, demandas y propuestas.