Por: Ariadna Salazar Quiñonez / Ivonne Hitzel Roldán León, académicas del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana

En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada es preciso recordar que México ha sido escenario de numerosos casos emblemáticos de desapariciones forzadas ocurridas de manera sistemática y grave. Este delito se configura cuando se produce el arresto, la detención, el secuestro o cualquier forma de privación de libertad que sea obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, apoyo o aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento, suerte o paradero de la persona desparecida, sustrayéndola de la protección de la ley (Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas). 

Según la información proporcionada por el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia a partir de 2006 se detectó al alza la presencia de este delito en el país. Lamentablemente, en los últimos tres mandatos presidenciales se ha ido incrementando: durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) se registraron 17,000 desapariciones forzadas; en el mandato de Enrique Peña Nieto (2012-2018) fueron 35,000 y en el de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) se registraron 50,000. Para el año 2022 la cifra alcanzó 100 mil personas desaparecidas, en 2023 dicha cifra se incrementó un 7.3% y en 2024, un 6.3%. 

El Registro Nacional de Personas Desaparecidos y No Localizadas (RNPDNO) de la Secretaría de Gobernación registra que de un total de 327,000 personas desaparecidas, más de 115,000 son personas desaparecidas y no localizadas, 16,000 fueron localizadas y 11,000 se encontraron sin vida. Se atribuye que durante el mandato de López Obrador, más de 600 personas víctimas de desaparición forzada no fueron localizadas. Durante el presente sexenio en el estado de Sinaloa (166 desaparecidos) se cometió este delito muy por encima del resto de casos en el país, seguido de Tamaulipas (88), y en el caso de Sonora, Guerrero y Michoacán se supera la treintena de casos, en Chiapas y el Estado de México se registraron más de veinte casos. Dentro de las personas desaparecidas más de 82% son hombres y más de 17% son mujeres, y Tamaulipas es el Estado donde más se registró la desaparición forzada de mujeres. 

Durante el sexenio se incrementó el registro de casos de desapariciones forzadas respecto del anterior mandato, el pico más alto fueron los años 2021 y 2022 superando los 120 casos -este último año se incorporó la Guardia Nacional a realizar funciones de seguridad-. En 2023 y 2024 se redujo el número de casos, se registraron 70, al igual que en 2020. En 2022 se detectó un incremento en el número de mujeres que pasó de 8 víctimas a tener una media de 30 en los siguientes años; se determina que actualmente, un tercio de las desapariciones forzadas son de mujeres. La edad de las mujeres desaparecidas la edad oscila entre 10-24 años, siendo el rango de edad con más desaparecidas de 15-19 años. En el caso de hombres va de 15 a  49 años, el rango de edad más común es 25-29. 

La nacionalidad es en gran mayoría mexicana, aunque en el caso de personas extranjeras la constante es que no se conoce la nacionalidad; se arguye que se trata de migrantes sin documentación para permanecer en el país. También hay constancia de que provienen de países principalmente de Centro y Sudamérica. 

Existen casos de especial gravedad en las crisis de desapariciones forzadas en México, donde la impunidad y falta de respuestas por parte de las autoridades han sido una constante en la lucha de las familias por encontrar a sus seres queridos y obtener justicia. Algunos de ellos han tenido gran impacto tanto a nivel nacional como internacional:  

• Desapariciones en la Guerra Sucia (década de 1970 y 1980). En el marco de la "Guerra Sucia", el gobierno mexicano llevó a cabo operaciones militares y de inteligencia para reprimir a movimientos políticos y sociales. Se estima que miles de personas fueron desaparecidas, especialmente en estados como Guerrero, Oaxaca y Michoacán. Los casos de Rosendo Radilla, quien desapareció en 1974, y el de Jesús Piedra Ibarra, hijo de Rosario Ibarra de Piedra, son particularmente emblemáticos de este período. 

• 2.500 desaparecidos de San Fernando, Tamaulipas (2010-2011). Se registraron múltiples masacres y desapariciones. El hallazgo de fosas comunes con los cuerpos de 72 migrantes en 2010, y en 2011, se descubrieron más fosas con cerca de 200 cadáveres. Muchos de los desaparecidos eran migrantes centroamericanos. 

• Desapariciones en Allende, Coahuila (2011). Ocurrió una masacre que involucró la desaparición de más de 300 personas en manos del crimen organizado donde las autoridades locales y estatales fueron acusadas de complicidad o inacción, y la magnitud de los crímenes no se conoció plenamente hasta años después. 

• El Caso Ayotzinapa (2014). Debido a la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, que el 26 de septiembre de 2014 fueron atacados por la policía municipal y entregados a un grupo criminal. Los hechos siguen sin esclarecerse completamente, y las familias continúan exigiendo justicia. Guerrero es uno de los estados del país más afectados en la comisión del delito de desaparición forzada y de hallazgos de fosas clandestinas. 

• El Caso Tlajomulco (2023). En Jalisco destaca especialmente debido a la detección de violencia con artefactos explosivos en contra de personal de la Fiscalía del Estado cuando se dirigía a buscar los cuerpos de personas presuntamente desaparecidas. 

Derechos de las Víctimas y Memoria 

Las víctimas directas de los delitos de desaparición forzada de personas tienen reconocidos derechos a la verdad, memoria, acceso a la justicia, a la reparación del daño y a las garantías de no repetición, así como a que las autoridades inicien acciones de búsqueda y localización desde el momento en que se tenga noticia de su desaparición, a recibir tratamiento especializado desde el momento de su localización para la superación del daño sufrido producto de los delitos previstos en la Ley, a que su nombre y honra sean restablecidos en casos donde su defensa haya sido imposible debido a su condición de persona desaparecida.  

Familiares de las Víctimas 

Es preciso recordar que la normativa en materia de desaparición forzada determina que los derechos de los familiares de las víctimas son: participar dando acompañamiento y ser informados de manera oportuna de aquellas acciones de búsqueda que las autoridades competentes realicen para la localización de la persona desaparecida. También proponer diligencias que deben ser llevadas a cabo por la autoridad competente en los grupos de acciones de búsqueda.    

Colectivos 

Las víctimas de la desaparición forzada no son solo aquellas personas que, desafortunadamente, no regresaron a casa, sino también sus familias. Estas familias, a las que les falta un ser querido, incluyen a niñas, niños y adolescentes que son herederos de las ausencias. En México, las familias de personas desaparecidas han conformado colectivos de búsqueda que representan la encarnación de la memoria y la justicia en los casos de desaparición de personas. 

Los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas en México están integrados principalmente por familiares de las víctimas, en su mayoría mujeres. El objetivo de la colectivización es organizarse para buscar a sus seres queridos ante la inacción o insuficiencia de las autoridades. Estos colectivos no solo realizan búsquedas en campo, sino que también llevan a cabo labores de investigación, sensibilización y presión social para exigir justicia y verdad. 

Su trabajo, a menudo realizado en condiciones adversas y con escasos recursos, ha visibilizado la crisis de desapariciones en el país, evidenciando la necesidad de respuestas más eficaces y humanas por parte del Estado. 

Además de la creación de nuevos marcos jurídicos, se estima que en todo México existen más de 100 grupos y colectivos que realizan búsquedas en las diferentes entidades federativas, donde han creado redes y brigadas. La cantidad exacta de colectivos de buscadores de personas desaparecidas en la Ciudad de México (CDMX) no está completamente documentada debido a la naturaleza dinámica y a veces informal de estos grupos. Sin embargo, se estima que existen varios colectivos activos en la CDMX, entre los cuales destacan Hasta Encontrarles, Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos y Colectivo Solecito. No obstante, la cifra sigue siendo una incógnita debido a la falta de apoyos integrales a las familias. 

Recomendaciones 

El Informe del Comité de ONU contra la Desaparición Forzada de 2023 establece recomendaciones precisas para la protección permanente de los servidores públicos dedicados a la búsqueda e investigación y a establecer un programa integral de protección para ellos. Cabe resaltar que se exhortó a México a fortalecer de manera inmediata el sistema de protección a víctimas para garantizar la seguridad de sus familiares y acompañantes. Debe establecer medidas de protección adecuadas para las víctimas, familiares, acompañantes y servidores públicos que garanticen la continuidad de la búsqueda e investigación de las desapariciones, brindando oportunidades de participación para asegurar que las víctimas no se queden sin apoyo. 

Asimismo, se exhorta al Gobierno de México a implementar de manera urgente un plan de acción para la prevención del delito, así como en daños a la vida e integridad corporal de todos aquellos que buscan a personas desaparecidas, sus familiares, los movimientos de la sociedad civil, las organizaciones y los servidores públicos. Necesitamos con el Estado de derecho, que se investiguen los hechos delictivos.

En suma, es obligación de carácter permanente del Estado Mexicano realizar búsquedas e investigaciones de manera exhaustiva y diligente. Los perpetradores de estos delitos deber ser juzgados y se deben imponer las sanciones adecuadas a la gravedad de los delitos, así como la reconstrucción del tejido social y alcanzar la paz. 

La búsqueda de memoria y justicia es un acto fundamental para los familiares de las víctimas de desaparición forzada. Mantener viva la memoria de sus seres queridos no solo preserva su dignidad y humanidad, sino que también desafía el olvido y la impunidad. Estos familiares se convierten en guardianes de la verdad, luchando por el reconocimiento de los crímenes y por la responsabilidad de quienes los cometieron. La justicia, en este contexto, es un proceso doloroso pero necesario para reparar el daño, restaurar la confianza en las instituciones y asegurar que tales atrocidades no se repitan en el futuro. 

Notas de interés:

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