El 26 de febrero, el periódico El Universal publicó una entrevista a Ignacio Carrillo Prieto, exfiscal especial para la atención de los hechos probablemente constitutivos de delito en contra de personas vinculadas con movimientos sociales y políticos del pasado (FEMOSPP), a propósito de la matanza del 2 de octubre de 1968, de la que este año conmemoraremos 50 años.

De dicha entrevista, cabe destacar, entre otras cosas, lo señalado por el exfiscal respecto de la simulación que fue “el apoyo del poder público a la fiscalía” y el hecho de que el gobierno no quiso que se supiera la verdad y mucho menos que se adjudicaran responsabilidades penales por las desapariciones forzadas, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y demás atrocidades cometidas durante la llamada Guerra Sucia.

Lo expresado por el exfiscal en ésta y otras oportunidades nos recuerda una vez más que en la cúpula gobernante de nuestro país prevalece y se reproduce un pacto de impunidad y ocultamiento que ha permitido que se cometan innumerables violaciones graves desde la Guerra Sucia y, particularmente, en el contexto de la fallida estrategia de seguridad militarizada implementada desde hace más de diez años.

La reflexión anterior me remite al informe: “Derecho a la Verdad en México. Alcances y limitaciones en casos de violaciones graves a derechos humanos”, publicado el 9 de febrero de este año e integrado a partir de un ejercicio colectivo del que el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México tuvo la fortuna de ser parte por invitación de la organización Artículo 19.

La denuncia que atraviesa dicho informe es que desde la Guerra Sucia y hasta la fecha se han inhumado personas, enterrado verdades, asesinado periodistas y silenciado investigaciones. A toda costa se ha intentado ocultar tanto delitos y violaciones a derechos humanos como las estructuras de poder que les rodean.

Tal como expresé el día de la presentación del informe, “un gobierno comprometido con la verdad debería de documentar ampliamente los hechos; desclasificar proactivamente información; investigar y sancionar responsabilidades individuales; identificar y disolver las estructuras y condiciones que permiten las violaciones; construir verdades con participación de las víctimas y reconocer oficialmente sus responsabilidades”.

Lejos de ello, las experiencias recogidas en el mencionado informe dan cuenta de cómo el gobierno mexicano ha usado diversos mecanismos para obstruir la verdad. Algunos de dichos mecanismos, reportados en las conclusiones del informe son: fabricar narrativas mediáticas para confundir o engañar a la opinión pública; intimidar a las víctimas para callar su denuncia y usar al sistema de justicia para “evitar que la verdad salga a la luz y justificar la impunidad” (págs. 174-178). Empeora la situación el hecho de que no exista la voluntad gubernamental necesaria para terminar con las prácticas anteriores y garantizar sistemáticamente verdad, justicia y reparación.

Pese a ello, no hemos visto que el acceso a la verdad ocupe un lugar preponderante ni en los discursos de quienes aspiran a la presidencia ni en la opinión pública. Necesitamos exigir colectivamente que la verdad sea una realidad y no una ficción. De lo contrario, vamos a seguir atorados en la trampa, en la mentira, que el exfiscal Carrillo Prieto alude en la entrevista realizada por El Universal.

Necesitamos exigir que se entierre el pacto de impunidad y ocultamiento, no la verdad; que cese la violencia y se generen condiciones para que las violaciones a derechos humanos y delitos que han sido cometidos sean esclarecidos y sancionados (una #FiscalíaQueSirva sería uno de varios pasos en ese sentido). Pero también necesitamos exigir el desmantelamiento de las estructuras de poder que han permitido que toda clase de atrocidades sean perpetradas sin consecuencia alguna.

Todo ello es parte del derecho a la verdad, que es un derecho constitucional tanto individual como colectivo, es decir, pertenece no sólo a las víctimas sino también a la sociedad en su conjunto. Debemos impulsar que este derecho forme parte de la agenda nacional e instar  a las y los candidatos presidenciales a que formulen propuestas concretas sobre cómo pretenden garantizar el acceso a la verdad en México en caso de llegar a la Presidencia.

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*La Mtra. Denise González Núñez es coordinadora del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México