Desde los centros, programas e institutos de derechos humanos de las universidades y tecnológicos confiados a la Compañía de Jesús en México hacemos un llamado a las autoridades responsables de la procuración de justicia del estado de Jalisco y del gobierno federal.

Ante el reciente hallazgo del rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, donde se encontró un probable centro de reclutamiento forzado en cuyo interior hay por lo menos tres crematorios con restos humanos, prendas de vestir y objetos personales abandonados, expresamos nuestra profunda preocupación y exigimos una respuesta expedita, transparente y efectiva por parte de las autoridades competentes del  estado de Jalisco y del gobierno federal. Este preocupante descubrimiento de un lugar de exterminio refuerza la crisis en materia de desaparición de personas en esta entidad, así como la necesidad de la actuación del Estado para garantizar la verdad, la justicia y la reparación del daño para las víctimas, directas e indirectas, de la desaparición de personas. Las necesidades de coordinación institucional requeridas para esclarecer los hechos y evitar situaciones de repetición, convoca también la urgente atención y acción de las autoridades del nivel federal.

Desde nuestro quehacer académico comprometido con la salvaguarda de los derechos humanos, manifestamos nuestra solidaridad con las madres, familiares y  colectivos de las personas desaparecidas, quienes demuestran una valentía incansable ante la indiferencia institucional. Su lucha, lejos de ser una responsabilidad que debieran asumir en soledad, es una deuda que el Estado debe saldar con acción inmediata y garantías efectivas de no repetición.

En ese tenor, demandamos a las autoridades del estado de Jalisco y del gobierno federal:

•  Investigación exhaustiva y profesional. Que se apliquen con rigurosidad los protocolos forenses necesarios para la recuperación, análisis e identificación de los restos encontrados, garantizando el derecho de las familias a conocer la verdad.
•  Transparencia y rendición de cuentas. Que se informe públicamente sobre las diligencias realizadas en torno a este hallazgo, asegurando que no haya encubrimiento ni negligencia en las investigaciones.
•  Protección y reconocimiento a las buscadoras. Que se pongan en marcha mecanismos efectivos de seguridad para las familias buscadoras y sus acompañantes, quienes enfrentan riesgos constantes en su labor por la verdad y la justicia.
•  Compromiso real del Estado. Que se asignen los recursos humanos, técnicos y financieros suficientes para la búsqueda, localización y, en su caso, la identificación de personas desaparecidas y la investigación de estos hallazgos, así como el fortalecimiento de las instituciones responsables.

No podemos permanecer en silencio ante la crueldad descarnada. Desde el ámbito universitario, reiteramos nuestra disposición para contribuir con la investigación, el análisis y la formación de profesionales que trabajen conjuntamente en la atención de esta tragedia. Sin embargo, es imperativo que las autoridades asuman su responsabilidad y actúen con la urgencia que la situación demanda. Las víctimas y sus familias merecen justicia. El país no puede seguir siendo un territorio de horror, impunidad y dolor.