Fronteras inteligentes: una mirada a la frontera Estados Unidos-México

Mar, 29 Oct 2024
En el ámbito digital es esencial pasar del enfoque de seguridad nacional centrado en el Estado, a un enfoque que proteja la integridad de las personas migrantes y sus derechos, afirma estudiante de Relaciones Internacionales
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El internet y las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) han revolucionado la vida de las personas. Cada vez con más frecuencia somos testigos de grandes avances tecnológicos que posibilitan el acceso a más información y oportunidades de desarrollo. Un ejemplo claro surge en el ámbito educativo, donde estas tecnologías desempeñan un papel importante en la enseñanza y aprendizaje de las y los estudiantes. Ahora es mucho más sencillo adquirir cantidades masivas de conocimiento apretando unas cuantas teclas y presionando el botón enter para que se desplieguen miles de páginas web. Al mismo tiempo, las TICs han permitido que la comunicación sea más rápida y eficaz a través de distintos medios, como el correo electrónico, las videoconferencias y, lo más destacado, las redes sociales. Por estas razones, estas herramientas han transformado casi todos los aspectos de la vida moderna, pero al mismo tiempo “han repercutido en cómo se construye y distribuye el conocimiento y el poder en todo el mundo” (UNESCO, 2023).

Aunque es cierto que fungen como un instrumento esencial en la actualidad, estas herramientas también han generado nuevos desafíos, solo por mencionar algunos: la difusión y rápida propagación de información falsa, la dependencia tecnológica que ha llevado en gran parte a una desconexión social frente a frente, problemas de salud por el uso excesivo, la brecha digital entre quienes tienen acceso a ellas y quienes no, y los riesgos relativos a la seguridad y protección de datos. Con esto hago referencia a que, así como la tecnología se ha vuelto un medio fundamental en nuestro día a día, también puede ser utilizada para fines perjudiciales o desfavorables.
 
Antes de meternos de lleno en ese tema, es importante mencionar que estas tecnologías han resultado de mucha utilidad para una gran variedad de personas. En lo que a este artículo respecta, han sido de utilidad para que las poblaciones migrantes maximicen sus oportunidades de arribar a su país de destino en busca de mejores condiciones de vida. Por una parte, la información que antes se transmitía de una persona migrante a otra, ahora puede ser transferida por medios digitales; a su vez, las redes sociales, especialmente WhatsApp y Facebook, funcionan no sólo como medios para compartir información, experiencias o tener contacto con familiares, sino también para que puedan ejercer sus derechos en caso de que sufran alguna violación a los mismos o sean víctimas de algún delito. De la misma manera, la tecnología forma parte de los “procesos de acompañamiento y atención a personas migrantes y en los procesos de trabajo de los albergues, organizaciones, personas defensoras de derechos humanos y periodistas” (Red en Defensa de los Derechos Digitales, 2023).
 
En general, podemos dar cuenta de que estos medios han generado mayor confianza y comodidad para las personas migrantes, pero no podemos dejar de lado que la información transmitida de manera digital implica un desafío pues, en ocasiones, no se puede saber de manera segura si es cierta o fue tergiversada.
 
Ahora bien, como se mencionó con anterioridad, también pueden ser utilizados de manera perjudicial. En el ámbito migratorio, el uso de la tecnología ha tenido un gran papel en la contención migratoria, una política aplicada a la migración irregular en tránsito que se manifiesta, entre otras cosas, en la deportación y detención de migrantes de manera violenta y sin ofrecer soluciones humanitarias. Con las tecnologías, esta práctica se ha vuelto más novedosa y se ha ampliado el abanico de derechos humanos de las personas migrantes que pueden ser violentadas. Por ejemplo, el uso que las entidades supranacionales y organismos gubernamentales han dado a las TICs en el ámbito de la migración irregular, han tenido efectos negativos en su tránsito, específicamente cuando hablamos de las fronteras inteligentes, las cuales han ampliado las capacidades de control, vigilancia y criminalización por parte de los Estados, vulnerando en la mayoría de los casos los derechos humanos de esta comunidad (Méndez-Fierros, 2023), como el derecho a la privacidad, el derecho a la no discriminación, el derecho al asilo y a la protección internacional, el derecho a la libertad de movimiento, el derecho a la dignidad humana, entre muchos otros.
 
La frontera geopolítica entre México y Estados Unidos, con una longitud total de 3,152 kilómetros, es una de las más transitadas en todo el mundo desde su establecimiento en 1909. Hasta el presente año, convergen en ella una gran mezcla de culturas y diferentes formas de vida. Al ser Estados Unidos la economía más grande del mundo, muchas personas eligen al país como lugar de destino y, aunque existen diversos factores, la búsqueda de empleo y de condiciones de vida dignas son de las principales razones por las que las poblaciones migran hacia allá, por lo que México ha sido históricamente un país de tránsito y se ha convertido también en uno de destino. Tan solo en 2023, México detuvo a 778,907 personas en situación irregular (UPMRIP, 2023), alcanzando un récord desde que se tiene registro, lo que convierte a nuestro país en una especie de muro para aquellos que tienen como objetivo llegar a Estados Unidos.
 
La llegada de migrantes trae consigo opiniones divididas, por una parte, algunos de los discursos de rechazo y xenofobia apuntan que la migración es responsable de la pérdida de empleos, el auge del terrorismo y las amenazas a la cultura, juicios que incluso forman parte de las estrategias de campaña de Donald Trump, lo que fortalece estas narrativas y, al mismo tiempo, se usan como justificación para aumentar y diversificar las medidas de seguridad, lo que las hace más invasivas y violentas. Sin embargo, no hay evidencia alguna que sostenga que este tipo de comentarios reflejan una realidad, por el contrario, generalmente no ocurre así.
 
A pesar de esta falta de evidencia, la digitalización y militarización de la frontera entre ambas naciones continúa y se hace cada vez más fuerte frente a la constante llegada de personas migrantes. Los Estados consideran que, ante el incremento de las migraciones, es esencial incrementar las medidas de vigilancia y control para reducir los efectos negativos que, supuestamente, tiene la migración en la seguridad nacional (CEJIL, 2023, p.13). Sin embargo, esto solo alimenta más la idea de que la migración es un problema de seguridad que se debe contrarrestar pues, aunque el concepto de fronteras inteligentes es utilizado por los gobiernos como una herramienta para agilizar la gestión de fronteras mediante tecnología, realmente se trata de una vigilancia intensiva que atenta contra la privacidad, seguridad y dignidad de las personas migrantes (Migrar sin Vigilancia, s.f.).
 
Son presentadas como herramientas neutrales, pero el sistema que actualmente implementa Estados Unidos conformado por “drones, torres de vigilancia, cámaras de alto alcance y con sistemas infrarrojo, escáneres para la recolección de información biométrica, sistemas predictivos como el Future Attribute Screening Technology (FAST) que detecta comportamientos considerados “inusuales o mal intencionados por parte del examinado”, monitores GPS” (CEJIL, 2023, p.22), entre muchos otros, tienen la capacidad de perfilar con base en “la asociación de estereotipos y prejuicios sobre peligrosidad, irregularidad y la concepción de no calzar en aquello que se supone es una identidad nacional” (Observatorio de Racismo en México y Centroamérica, 2023, p.20).
 
De acuerdo con la coalición latinoamericana Migrar Sin Vigilancia, el perfilamiento de personas en contextos migratorios conlleva a la toma de decisiones con base en características físicas o morales, lo que favorece la discriminación a partir de sesgos, además, asegurar que una tecnología como FAST puede prevenir delitos futuros es incongruente y conduce a consecuencias que podrían ser penales para las personas migrantes. Herramientas como los monitores GPS o las bases de datos, facilitan la vigilancia incluso antes de que se llegue a una frontera y después de la misma, lo que implica una invasión a la vida privada. Es importante mencionar que toda esta recopilación de datos e información, en la mayoría de los casos, es usada sin el consentimiento de la persona migrante, con el objetivo de precisar aún más los sistemas de identificación, incluso existen acuerdos entre países para su intercambio transfronterizo.
 
El acuerdo de cooperación no vinculante entre México y Estados Unidos para el intercambio de estos datos existe desde el 2013 y fue actualizado en el año 2017, pero la colaboración en el ámbito de la digitalización de fronteras entre ambos países no es nueva. En marzo del 2002, George W. Bush y Vicente Fox, presidentes de la época, anunciaron un acuerdo para construir la frontera inteligente del futuro entre ambas naciones, lo que fue el eje central de la Estrategia Nacional de Seguridad (Méndez-Fierros, 2023).
 
Entre 2003 y 2007, según la Sindicatura de Cuentas del gobierno estadounidense, se adquirieron unos 7500 sensores para plantarse a lo largo de la frontera con México, los cuales se utilizan para establecer perímetros de detección de movimientos y son del mismo tipo que los que se emplean en Afganistán (Aradas, 2021). Asimismo, en ese último año, Estados Unidos desplazó el foco de la guerra contra las drogas de Colombia a México y, en ese marco de securitización, se integró el régimen de control de la inmigración. En 2008, la Iniciativa Mérida proporcionó financiamiento a México para, entre otras cosas, la recopilación de información de inteligencia. En 2013, la Iniciativa fue renovada con el fin de crear “una frontera estadounidense-mexicana del siglo XXI, mejorando al mismo tiempo la aplicación de las leyes de inmigración en México y la seguridad a lo largo de las fronteras meridionales de México" (Aizeki, et.al., 2023).
 
Un año después, con el Programa Frontera Sur, la seguridad en esa frontera de México incrementó, con mayor presencia de policía de migración y un aparato de deportación, lo que, de hecho, convirtió al país en uno de los mayores sistemas de detención de personas migrantes en todo el mundo. Debido a la gran cantidad de datos que se manejaban, el Departamento de Defensa de Estados Unidos vendió no solo equipamiento militar a nuestro país, sino también tecnologías de fronteras inteligentes, lo que incluye infraestructura para recopilar y compartir datos, entre ellos, biométricos, biográficos y de antecedentes penales. En consecuencia, entre 2018 y la primera mitad del 2022, el gobierno mexicano recopiló y compartió información sobre más de 360 mil migrantes en centros de detención, lo que expone la vida de estas personas, pues no se sabe de qué manera y con qué fin es utilizada la información, y peor aún, quién tiene acceso a ella (Aizeki et.al., 2023). Es así como hasta el día de hoy, ambos países siguen reforzando estas medidas de seguridad en la frontera, incluyendo cada vez más equipo tecnológico.
 
Respecto a esta situación, Méndez-Fierros (2023) menciona que la securitización de las fronteras y las estrategias de contención de las migraciones a través de la utilización de dispositivos digitales, están alineadas simbólicamente en el eje inmigrantes-amenazas-enemigos. Tanto Estados Unidos como México deshumanizan a las personas migrantes, convirtiéndolas en sujetos de datos con factores como la nacionalidad, nivel educativo, género, religión, idioma, entre otros, en la mira de estas tecnologías que fomentan los prejuicios, racialización y discriminación, al mismo tiempo que obstaculizan sus posibilidades de entrar al país y de que se les reconozcan sus derechos fundamentales, de tal forma que se permita su integración.
 
A grandes rasgos, podemos concluir que el presupuesto en la tecnología fronteriza entre México y Estados Unidos ha incrementado con el paso de los años, pues el uso de nuevas herramientas digitales se ha vuelto cada vez más común, pero al mismo tiempo más invasivo y violento. Como se mencionó en un principio, las TICs han tenido en gran parte un impacto positivo en la vida de cualquier persona y, en este caso, para las personas migrantes que se mueven constantemente en contextos adversos y de grandes riesgos. No obstante, los Estados usan estas herramientas para su propio beneficio sin tomar en cuenta la vulneración de los derechos de estas personas al utilizar y compartir información personal como datos biométricos y biográficos sin cuidado alguno. Y aunque muchas veces lo justifican en la búsqueda de antecedentes penales, la realidad es que también se intercambian datos de personas que no cuentan con los mismos, lo que trae como consecuencia que se les categorice como sospechosos sin ningún tipo de prueba, lo que puede causar su detención y deportación. Esto ha causado a su vez que las personas migrantes tomen rutas más peligrosas para evitar cruzarse con estas herramientas de perfilamiento y con cualquier tipo de agentes, lo que los expone aún más a la inseguridad.
 
La manera en que estas tecnologías son utilizadas en este ámbito va en contra de lo que establecen las leyes en materia de protección de datos personales y no hay justificación para la irresponsabilidad en el uso de estas. Así, lo que se refleja es que el criterio, el razonamiento y el respeto a los derechos humanos se han dejado de lado al permitir que la tecnología, que no es perfecta ni exacta, lleve a cabo este tipo de tareas de suma importancia. Los papeles se han invertido y ahora son las máquinas quienes deciden cuáles vidas tienen valor y cuáles no, y, sobre todo, qué sujetos están en el foco de atención de acuerdo a características basadas, en su mayoría, en prejuicios infundados y discriminatorios. Debemos tener presente que el vínculo con las personas migrantes se ha perdido y ahora solo queda un muro digital que determina su identidad y estipula (o no) el respeto de sus derechos humanos. Por lo tanto, también en el ámbito digital es esencial pasar del enfoque de seguridad nacional centrado en el Estado, a un enfoque que proteja la integridad de las personas migrantes y sus derechos.
 
*Artículo elaborado por Lorena Celis, estudiante de la Licenciatura en Relaciones Internacionales, como parte del servicio social en el Programa de Asuntos Migratorios (Prami) de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México (https://prami.ibero.mx/)
 
Notas de interés: 
 

 

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