En los últimos meses hemos visto imágenes de un éxodo masivo de personas huyendo de Centroamérica. No es nada nuevo que cada año miles de personas crucen nuestro país. En esta ocasión, en lugar de hacerlo de manera individual, que implica mayor vulnerabilidad e invisibilización, lo han hecho de manera colectiva. Las caravanas no son un fenómeno nuevo, por lo menos desde el año 2010 líderes religiosos han convocado a los llamados vía crucis migrantes para denunciar las graves violaciones a derechos humanos que sufren las personas en su tránsito, y también para hacer visible que la defensa de los derechos de las personas en movilidad no es un delito.

Según la Declaración sobre los defensores de los derechos humanos cualquier persona, grupo o institución que contribuye a la eliminación efectiva de todas las violaciones de los derechos humanos y las libertades de pueblos y los individuos se puede llamar defensor o defensora de derechos humanos. Las personas defensoras de migrantes se enfrentan, nos enfrentamos, a una serie de problemas que se derivan de la complejidad de la política migratoria, el cierre de fronteras y un enfoque de seguridad que confunde y criminaliza la defensa del derecho a migrar con la responsabilidad del Estado de proteger sus fronteras y en algunas ocasiones con la responsabilidad de proteger a las personas migrantes de redes transnacionales de tráfico y trata de personas.

El contexto migratorio a nivel mundial se caracteriza por un incremento nunca antes visto de personas que se ven obligadas a salir de sus lugares de origen debido a que no tienen condiciones para una vida digna y segura. La tendencia no va a cambiar y la necesidad de protección y promoción de sus derechos humanos tampoco. El 12 de octubre de 2018 salió el primer grupo desde San Pedro Sula, Honduras y desde entonces no han parado de llegar a México grupos grandes que van desde 50 hasta 2000 personas. Los números no son exactos, pero por lo menos desde la salida de la primera caravana de este año, el Instituto Nacional de Migración (INM) entregó 13,270 tarjetas de visitantes por razones humanitarias como parte de un programa emergente que ya cerró.

Una característica de estas nuevas caravanas es que en su caminar conjunto por territorio mexicano se han ido empoderando y se va formando una organización colectiva en la que, a través de asambleas nocturnas, se toman las decisiones claves que afectan al desarrollo de su ruta. Son formas de organización propias y únicas en cada grupo que se va formando y se salen de los paradigmas tradicionales sobre los cuales organizaciones sociales, defensora/es e instituciones siempre habíamos trabajado.

En estas nuevas formas de organización, van surgiendo líderes y defensores de derechos humanos que son parte de la caravana, que también salieron de Honduras buscando una vida digna. Conforme van caminando se van empoderado y ejercen sus derechos y libertades fundamentales. También tienen sus formas propias y particulares que son producto de sus contextos y de la violencia estructural de la que vienen huyendo y que, en muchas ocasiones, más que entenderles e intentar buscar soluciones a situaciones que sabemos son complejas, se les criminaliza por no aceptar las reglas y las condiciones que les imponen de manera autoritaria y jerárquica en los lugares a los llegan.

El ambiente hostil en torno a las caravanas va incrementando, las personas que acompañan brindando ayuda humanitaria, documentando y denunciando las diferentes situaciones que van sucediendo en el tránsito también sufren la criminalización por su labor de defensa.

En el caso de México, la falta de información y el no reconocimiento de la voz colectiva a través de los líderes de las caravanas está derivando en su criminalización. Vemos con mucha preocupación que a cualquier forma de organización colectiva se  tilda de negativa y peligrosa, sin la intención de complejizar, entender y reconocer las formas nuevas de migración a las que nos estamos enfrentando.

Según el reciente Informe del Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos las personas en movimiento, de manera muy frecuente las personas migrantes se enfrentan a la estigmatización y su situación irregular provoca que quienes les defienden y acompañan se enfrenten a situaciones en donde pueden ser acusadas de delitos graves como el tráfico y la trata de personas.

En el mismo informe del relator se muestran ejemplos de diferentes casos de criminalización en diferentes partes del mundo, muy similares a los que nos enfrentamos hoy día, con graves declaraciones que vinculan a cualquier persona que acompañe a las personas migrantes con la organización Pueblos Sin Fronteras. Organización que ha sido terriblemente criminalizada y que derivado de su caminar con las personas han sido objeto de acusaciones muy graves. Este tipo declaraciones provocan la desmovilización social y criminalizan la solidaridad, citando de nuevo el informe: “criminalizar la solidaridad entraña el riesgo de promover, en la opinión pública y entre las fuerzas políticas, una actitud de indiferencia hacia los migrantes y los refugiados, o incluso posturas abiertamente racistas y nacionalistas”.

En esta ocasión, con mucha preocupación hemos visto que la solidaridad y la hospitalidad hacia las personas migrantes ha disminuido a lo largo de todo el territorio por el que han transitado las personas. De alguna manera el clima de hostilidad y criminalización se ha ido instalando en el imaginario colectivo y vemos como un reto el reconocer y fortalecer el papel que juegan quienes defienden los derechos de las personas en movimiento, principalmente aquellas que conforme van caminando van creando una capacidad de agencia que les permite asumir la voz de su colectivo. Siempre hemos dicho que un reto fundamental es promover el empoderamiento de las personas migrantes, el reto ahora es aprender a trabajar con ellas y ellos, con sus modos y contextos.