La impunidad y la violencia que se ciernen sobre el país tienen que ver con la militarización de seguridad pública, la cerrazón para revisar la estrategia de seguridad, la deficiencia y corrupción en las fiscalías y policías; así como la nula posibilidad de que la ciudadanía participe en estos temas que le afectan, afirmaron especialistas durante la mesa Caso Cerocahui: ¿Cómo enfrentar la impunidad y la violencia en México. Reflexiones desde la academia y la sociedad civil.

Durante la presentación, el Dr. Alejandro Anaya, vicerrector académico de la Universidad Iberoamericana y moderador de la mesa, dijo que la comunidad universitaria se encuentra dolida e indignada por los asesinatos de los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar, ocurrida el 20 de junio en Cerocahui, Chihuahua, pues es una afrenta también a los valores que nos inspiran y nos dan sustento y dirección como institución.

“Como Universidad estamos llamadas y llamados a darnos espacio no solamente para hacer análisis y reflexión profunda y sistemática; sino también porque debemos proporcionar espacios para levantar la voz, y exigir justicia y reparación del daño para estos casos concretos, pero también para demandar el fin a la impunidad, el respeto al derecho de las víctimas y medidas de reparación efectivas en todos los casos: ejecuciones, desapariciones, tortura, feminicidios y más violaciones graves a los derechos humanos”.

Con esta idea, se organizó la mesa de diálogo para desentrañar las dinámicas de la impunidad y la violencia que operan en México, así como la posibilidad de identificar las acciones necesarias y urgentes para enfrentar a estos dos flagelos que ponen en jaque al país.

Para José Ramón Cossio, ministro en retiro de la SCJN y académico en el Colegio de México, hay dos mecanismos claros de impunidad que se ciernen sobre el país: la reforma judicial de 2008 está completamente detenida, no se ha profundizado en ella e incluso hay decisiones de la actual administración que la han desarticulado; y se une a la cerrazón para cambiar o al menos revisar la estrategia de seguridad del gobierno federal.

“Creo que está relativamente bien diagnosticado dónde están los problemas de la impunidad. Tampoco es que sea algo desconocido, sea algo que nos cayó de repente en la historia nacional o que no sepamos. Y creo que todo esto lo cierra el discurso del propio presidente López Obrador cuando dice que no va cambiar en un ápice, utilizando la expresión tradicional, en nada de lo que está aconteciendo con su estrategia de defensa”.

Y agregó: “Esta combinación (reforma-cerrazón) me parece que produce una enorme impunidad adicional a otros factores que tienen que ver con la violencia y con delincuencia”.

Catalina Pérez Correa, investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), destacó que la estrategia de seguridad basada en la militarización no sólo no baja los niveles de violencia sino que los aumenta. “Hay una estrategia de seguridad que consiste básicamente en la ocupación territorial que no se permite respuestas distintas a fenómenos distintos como si se tratara de una sola violencia”. Esta acción ha impedido las iniciativas tanto comunitarias como locales de prevención del delito.

“La única (estrategia) que hay ahorita es ésta del despliegue militar en la que hay patrullajes supuestamente preventivos o disuasores, los cuales no funcionan para reducir la violencia y lo que sí hacen es desincentivar la posibilidad de que se construyan cuerpos civiles eficaces y también los vínculos e iniciativas comunitarias que se sabe que funcionan”.

Detalló que en 2006, cuando se hicieron los primeros operativos conjuntos contra los grupos de la delincuencia organizada, había 45 mil efectivos militares; en 2020, ya con Andres Manuel Lopez Obrador, la cifra ascendía a 214 mil y hoy, en 2022, el número de soldados desplegados en el país es de 300 mil. “Esto vino acompañado de esta política de detención de objetivos prioritarios que tuvo un efecto muy lamentable en la violencia, pues los cárteles se fraccionaron”.

Ana Lorena Delgadillo, integrante de Fundación para la Justicia, agregó que una de las cosas más preocupantes es que la maquinaria de impunidad está tocando a las personas más vulneradas: las y los migrantes, por ejemplo, son quienes están siendo secuestrados y son presa del crimen organizado; y son también quienes menos pueden exigir justicia en el país. Y lo mismo pasó con las asesinadas en Ciudad Juárez o quienes habitan en la Tarahumara.

“Esto es una muestra clara de que quienes no tiene un poder económico sólido para llegar a la justicia simplemente no tienen justicia y eso lo saben quienes comenten los delitos. Creo que debemos poner en el centro de la impunidad a las fiscalías. Cuando hay impunidad se manda el mensaje de que la violencia está permitida”, señaló.

Luis Daniel Vázquez, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y de FLACSO México, habló de las redes de macrocriminalidad (gobernanza criminal, uso político de la justicia y redes de burocracia) y puso énfasis en las estructuras políticas porque cuando están “tenemos una demanda explícita de impunidad. Las estructuras políticas lo que hacen es no solamente ser omisas en los procesos de investigación sino por el contrario ser muy activos para que no se investiguen los delitos que cometen esas redes de macrocriminalidad”.

Para Maria Luisa Aguilar, coordinadora del área internacional del Centro de Derechos Humanos Míguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), hay dos temas que pueden explicar la impunidad y la violencia: por un lado, la militarización de la seguridad pública y lo que implica la frase ‘abrazos no balazos’; y por otro, la falta de una política de justicia que permita cubrir los vacíos que deja el monopolio de la fuerza.

¿Qué hacer para enfrentar la impunidad y la violencia?

José Ramón Cossio dijo que se debe aplicar el derecho y quitar la idea de que es un asunto de clases sociales; ser conscientes de que en el país sí hay una enorme impunidad, incluso en el gobierno actual; y no hay un sistema nacional de seguridad. Ante ello, propuso un relanzamiento conceptual del sistema nacional de seguridad, bien articulado y con objetivos claros, es decir, una institucionalización de la seguridad “porque si no, es estar jugando en el vacío”.

Catalina Pérez Correa comentó que lo que se necesita es un sistema de procuración de justicia y uno policiaco que funcionen. Afirmó que la militarización no es compatible con un sistema democrático porque no hay rendición de cuentas, transparencia ni objetivos medibles, pero también porque no hay una participación de todas y todos en la construcción de una estrategia de seguridad. “Ahí tenemos un enorme reto en permitir que haya participación de la ciudadanía en la construcción de paz en el país”.

Por su parte, Ana Lorena Delgadillo dijo que debemos preguntarnos qué pasa con los pesos y contrapesos, por la separación de poderes, es decir, lo normal en un Estado de derecho; pero también se debe hablar de los partidos políticos y de cómo el crimen organizado ha tomado puestos políticos. “Es urgente desmilitarizar la seguridad pública, pero también la procuración de justicia, las políticas públicas, las obras públicas, las aduanas… cuando uno militariza, no hay vuelta atrás”.

Agregó que se debe combatir la corrupción no sólo en el discurso, y eso implica el tema de las policías, de las procuradurías y también en el poder judicial en general. “Esto pasa porque no se tienen mecanismos de control que realmente funcionen. Es una tortura ir a denunciar ante cualquier mecanismo de control”.

Para Luis Daniel Vázquez, una propuesta central de reconstrucción de paz debe tener: desarme, desmovilización y reinserción social. Señaló que la política social no basta y se tienen que “echar a andar” a nivel local porque existen violencias muy fragmentadas; así como la reconstrucción de seguridad, de las fiscalías y las policías; la reconstrucción de las economías locales y de los lazos sociales. También es necesaria la desmilitarización y, finalmente, la búsqueda de la verdad y la justicia.

Finalmente, Maria Luisa Aguilar expuso que en el caso de los sacerdotes muertos existen varias tentaciones que no deberían ocurrir, como capturas individuales de criminales, la militarización de la Tarahumara y la entrega de bonos económicos. Lo que sí se debe hacer son los cambios en el lugar, apertura al diálogo con las autoridades y el acceso a la justicia. 

Iván Cabrera