Las violencias sociopolítica, contrainsurgente, armada y criminal en Latinoamérica se dan en condiciones estructurales de pobreza, desigualdad y despojo. Ignacio Martín Baró, S.J., llegó a plantear que las violencias se sustentan en una crisis institucionalizada, un ocultamiento sistemático de la realidad, un fortalecimiento de la polarización y una deshumanización del tejido social.

Agregaba que, bajo la sombra de la impunidad, los Estados desarrollan -a nivel local, estatal o nacional- una estrategia militar y psicológica, por medio de la cual buscan dominar a la población con una represión aterrorizante, es decir, la ejecución visible de actos crueles que desencadenan un miedo pasivo, para inhibir en la gente su rebeldía frente a las injusticias y la solidaridad con otras y otros.

Todo esto lo refirió Clemencia Correa, directora de Aluna Acompañamiento Psicosocial, en el panel Verdad, paz y justicia del 6° Congreso de Construcción de Paz con Perspectiva de Género de la IBERO, y quien agregó que “los Estados nos mienten”, niegan los asesinatos, desapariciones y torturas sexuales, amparan su discurso represivo en la libertad, justifican los actos de terror como respuestas necesarias para la seguridad, y crean leyes para violar los derechos humanos y “legalizar lo ilegal”.

Pero las violencias del Estado no se distribuyen ni impactan de la misma manera a todos los cuerpos, pues algunos son más prescindibles, torturables y desaparecibles que otros, señaló el Mtro. David Fernández Dávalos, jesuita y miembro de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Graves Violaciones de los Derechos Humanos de 1965 a 1990.

Esos cuerpos son los de las mujeres y de las personas indígenas, afromexicanas y de la diversidad sexual, que generalmente pasan desapercibidos, se les ignora o consideran poco relevantes en las políticas de esclarecimiento de la verdad y en temas de memoria.

Fernández Dávalos subrayó entonces, que no puede haber una política de verdad y de memoria justas si no se considera con seriedad a las distintas comunidades de víctimas y a sus características personales, que van a determinar de alguna manera la violencia de que fueron objeto y las consecuencias que eso les acarreó y sigue acarreando.

“El enfoque diferencial o interseccional no es sólo un método, no es sólo un índice o un capítulo que se tiene que llevar, es un habitus, o debe ser un hábito, una actitud, una forma particular de indagar y de enfrentar las realidades violentas”.

Por otra parte, Ana Laura Velasco, co-fundadora de Internacional Feminista, consideró “una contradicción tremenda” el que México se posicionara como un país feminista, cuando el Canciller Ebrard presentó la Política Exterior Feminista (PEF) en la Asamblea General de Naciones Unidas, siendo que en el país se mata a 10 mujeres todos los días.

Además, no le queda claro cómo se decidió asumir la PEF, cuando el Presidente tiene un enfrentamiento abierto con el movimiento feminista y, como reveló Guacamaya Leaks, inteligencia militar considera que el movimiento feminista, en particular las colectivas, son una amenaza a la seguridad nacional.

Y Carolyn Williams, del Centro de Justicia y Paz de la Eastern Mennonite University, quien complementó el panel, mencionó que las juventudes tienen un papel crítico en la socialización y sensibilización de la paz, justicia y verdad.

Se debería consultar, incluir y escuchar a las y los jóvenes -de 18 a 30 años- porque: actúan de forma interseccional e innovadora, piensan en el colectivo, trabajan de manera colaborativa, horizontal y comunitaria, construyen paz en espacios informales, y actúan como catalizadores, movilizadores y líderes en sus contextos.

“Merecen acceso a la toma de decisiones y deben ser consultados en temas que les afectan...Para que nuestra vía hacia un futuro de paz, verdad y justicia sea inclusiva, diversa, ejecutable, sostenible, hay que incluir a gente joven, sí o sí”.

PEDRO RENDÓN

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