Las asimetrías territoriales están siendo ignoradas en la construcción, comunicación e implementación de las políticas públicas del Estado mexicano para encarar la pandemia del coronavirus, mencionó la maestra Tatiana Andrea Alfonso Sierra, académica del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

Por ejemplo, el ‘Quédate en casa’ sólo pueden acatarlo las personas que son propietarias de una vivienda o que tienen recursos económicos para seguir pagando su renta; en tanto que esta política deja fuera, entre otros, a la población que habita en las calles, dijo la docente durante su participación en la webinar ‘Desigualdades estructurales y principio de no discriminación frente a la epidemia por COVID-19’, organizada por el Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.

Asimismo, se ha puesto en práctica el mismo tipo de política pública para todo el territorio mexicano, sin considerar las diferencias en cuanto a densidad poblacional, prácticas comunitarias y prácticas productivas propias de cada lugar.

Y si se contrastan las zonas urbanas -donde se ha puesto un gran énfasis-con las rurales, en éstas últimas se enfrenta el reto estructural de no poder acceder a un servicio de salud pública suficiente, pues incluso no hay servicios sanitarios básicos, por condiciones preexistentes al coronavirus.

Entonces si no se diseñan políticas diferenciales para poder atacar esas situaciones, probablemente lo que se va a tener es la reproducción de la desigualdad estructural. Una desigualdad estructural que junto con los arreglos institucionales de discriminación, que han estado presentes desde hace tiempo, puso sobre la mesa y como telón de fondo el contexto de la pandemia.

La discriminación no se reduce a relaciones entre individuos

El Dr. Jesús Rodríguez Zepeda, profesor-investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), unidad Iztapalapa, comentó que cuando se ve a la discriminación como un proceso social de orden estructural, lo que se entiende es; primero, que las relaciones de discriminación no se reducen a relaciones entre individuos.

Segundo, que con frecuencia son relaciones que no pasan por la conciencia o percepción de los individuos sobre la manera en que tienen sus relaciones y el lugar que ocupan en su grupo y en el mundo social que habitan.

Y en tercer lugar, las relaciones de discriminación no son espontáneas. “A mí me puede parecer que tengo una reacción espontánea de rechazo hacia una persona, porque me desagrada, me cae mal, me molesta; cuando en realidad lo que estoy actualizando es una serie de pautas culturales que han moldeado mi representación simbólica del mundo, y por lo tanto, me llevan a entender a los demás grupos bajo determinados parámetros”.

A esos procesos previos de construcción cultural es a los que la psicología social y la antropología han llamado ‘proceso de construcción del prejuicio y la estigmatización’, es decir, cuando se juzga negativamente y se actúa en consecuencia respecto de quien parece extraño, peligroso o anormal.

Un ejemplo de quiénes padecen las desigualdades estructurales son las personas migrantes; por un lado, por ese ámbito social o cultural de reproducción de estereotipos y estigmas; y por otro, por una desigualdad en términos materiales, señaló Luis Xavier Carrancá Álvarez, abogado de la Clínica Jurídica para Refugiados Alaíde Foppa de la IBERO.

En el contexto del COVID-19 esa desigualdad estructural hace que las personas migrantes, particularmente aquellas en situación irregular, integren uno de los grupos en riesgo de contagio, al verse obligadas a aceptar trabajos precarizados y de explotación, “que la pandemia ha reconceptualizado como esenciales, pero que son muy mal pagados”.

En tanto que las personas detenidas en estaciones migratorias, bajo custodia del Estado, se enfrentan a una exposición y riesgo de contagio derivado de las condiciones de hacinamiento, y falta de atención y controles médicos en esos lugares.

Otro problema de los migrantes en situación irregular es que la criminalización, maltrato y amenaza del Estado hacia ellos los hace alejarse de las instituciones del Estado que están ahí para protegerlos y, en esta coyuntura, para evitar la expansión de la pandemia.

Por eso, Carrancá destacó: “La salud es un derecho humano y también un servicio de dimensiones públicas, porque la afectación de la salud de unos nos puede afectar a todos. Y sin embargo, con la exclusión de las personas migrantes en situación irregular estamos olvidándonos de esta dimensión pública”.

La mesa de diálogo ‘Desigualdades estructurales y principio de no discriminación frente a la epidemia por COVID 19’ formó parte del seminario on line ‘El Derecho frente a la pandemia del COVID-19’, organizado por el Departamento de Derecho de la IBERO, al cual está adscrito el doctor Jorge Peláez Padilla, quien moderó la webinar.

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Texto: PEDRO RENDÓN/ICM