En fechas recientes, la Real Academia Española (RAE), institución cultural dedicada a la regularización lingüística entre el mundo hispanohablante, reconoció el término ‘edadismo’, entendido éste como: discriminación de las personas basada en la edad; y, por otra parte, México firmó la ‘Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores’.

En cuanto a lo primero, la Lic. Marcela Vázquez-Mellado Cervantes, egresada de la IBERO y gerontoactivista, lo consideró “un triunfo”, porque dar nombre a este tipo de discriminación posibilita referirse a éste y poderlo combatir.

El edadismo -palabra que desde 2010 se pidió a la RAE incluir en el vocabulario- es el único tipo de discriminación que afecta o afectará a todas las personas, sobre todo a las adultas mayores, a quienes a veces sólo por su edad y por chunga, se les ponen motes como ruco, por ejemplo.

La licenciada recordó que combatir el edadismo es la primera prioridad de la Década del envejecimiento saludable establecida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), por lo que, entre otras cuestiones, la gente debe evitar hacer comentarios discriminatorios por edad, como decir a alguien: ya caminas como viejo.

Si alguien se vuelve consciente de que en su forma de hablar a veces utiliza edadismos, le abre a su cerebro la posibilidad de incorporar una nueva forma de tratar a las y los demás, porque por lo general, discriminar a otras personas por su edad es por ignorancia o por caer en la tentación de hacer un chiste, no tanto por maldad.

Respecto a la firma de la ‘Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores’, la gerontoactivista la calificó un hecho “vergonzosamente extraordinario”, pues debió bastar con firmar la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano; sin embargo, no fue así, “se han tenido que ir haciendo acotaciones específicas para los distintos colectivos”.

Además, pidió no echar las campanas al vuelo, en tanto en el ámbito legal los despachos de abogacía no empiecen a llevar casos de abuso y discriminación, por ejemplo, laboral, en contra de personas adultas mayores, con el fin de garantizarles el ejercicio de sus derechos.

Una de las primeras políticas públicas en las que se tendría que trabajar para ayudar a las y los adultos mayores a ejercer sus derechos, son las de género, es decir, garantizando una pensión que proteja económicamente a las mujeres viudas o divorciadas que dedicaron toda su vida al trabajo del hogar.

En segundo lugar, tener espacios amigables para las personas adultas mayores. Esto implica que, así como en su momento fue exigible que los restaurantes tengan juegos y menús infantiles, las personas mayores tienen derecho a que en esos sitios públicos se ofrezca una alimentación acorde a sus condiciones -algunas tienen disfagia-.

Y tercero, quienes ya pertenecen a la tercera edad y por alguna razón tienen que seguir trabajando, deben tener ofertas laborales congruentes con sus años de vida, como no tener jornadas tan largas o no ocupar puestos donde el uso de las tecnologías sea exigible; de esta manera, podrán seguir generando dinero y tendrán una vejez más digna.

PEDRO RENDÓN

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