Los distintos grupos dentro de la comunidad científica del país han tenido tan solo tres meses para analizar la más reciente iniciativa de ley general en este rubro y ya han encontrado varias contradicciones y retrocesos en términos de centralización de la toma de decisiones, limitación de la libertad de investigación y discriminación hacia investigadoras e investigadores de instituciones privadas. Lo importante, consideran, es llevar estas reflexiones a la discusión pública.

En este ánimo, se llevó a cabo en la Universidad Iberoamericana CDMX una mesa de análisis en torno a la iniciativa de Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (HCTI), con la pregunta central ¿Cuáles son las repercusiones para el desarrollo científico y las comunidades académicas?

Aunque ya son cinco las iniciativas de este tipo elaboradas en este sexenio, la que fue presentada en la Cámara de Diputados por parte del Poder Ejecutivo en diciembre de 2022 viene con mucha fuerza, pues básicamente recoge las propuestas del Conacyt. Ya desde el 15 de mayo de 2019 hubo una reforma constitucional en la que se forjó la idea de expedir una nueva ley en la materia, porque la que tenemos actualmente data de 2002.

“Estamos en un momento histórico, porque se va a desmantelar una estructura y se va a sustituir por otra”, dijo el Dr. Diego García Ricci, Procurador de Derechos Universitarios de la IBERO, “y la iniciativa presidencial no necesariamente nos va a entregar los mejores resultados”, lamentó.

El término de “ciencia neoliberal” no existe

La Dra. Marisol Silva Laya, Directora de Investigación y Posgrado de nuestra IBERO, apuntó que la iniciativa argumenta que en los tres sexenios anteriores “se generó una vinculación entre centros de investigación científica y tecnológica públicos con las empresas del sector privado”, lo cual tiene que ver con lo que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), ha llamado “ciencia neoliberal”.

Pero los datos oficiales no permiten sostener afirmaciones sobre la privatización de la ciencia, añadió. “Es verdad y no podemos dejar de reconocer que hubo un flujo de recursos hacia iniciativas privadas; pero de ahí a decir que totalmente estuvo guiado a las acciones comerciales y a la privatización de la educación, me parece que hay un salto muy grande”.

Señaló que sólo el 5% del total de becas del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) se concentra en estudiantes de las instituciones particulares más grandes. Además, sólo 6% del personal del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) está adscrito a estas instituciones. “Es un flujo de recursos marginal en relación con el grueso dirigido a las instituciones públicas, sería difícil sostener que se priorizó el flujo de recursos a universidades privadas", dijo la académica.

Por su parte, Gabriela Dutrénit, doctora en Economía y profesora distinguida de la UAM Xochimilco, indicó que lo que hay detrás de esta iniciativa es una concepción distinta de qué es, para qué sirve y cómo se debe desarrollar la ciencia. “Por eso surgen esos conceptos que en el mundo no existen, como ciencia neoliberal. No existen. Hay ciencia, hay investigadores que generan conocimientos, con independencia de dónde vengan y cuáles sean sus posiciones políticas”.

Poca participación en la agenda nacional

La Dra. Marisol destacó que la narrativa de la iniciativa en el papel parece ser muy consistente con el ejercicio del derecho humano a la ciencia, pero la operacionalización deja de serlo. Por ejemplo, el texto señala que se tendría que integrar una agenda nacional, democrática y participativa, pero en realidad, no contempla un sistema de gobernanza inclusivo con participación de todos los sectores involucrados en actividades de humanidades, ciencia, tecnología e innovación.

La integración de la Junta de Gobierno del Consejo Nacional exclusivamente por Secretarías de Estado es una muestra de ello.

Esta ley general, al ser federal, toca a todos, agregó la Dra. Gabriela, pero así como toca a todos, todos tienen que participar. “Esto parece algo obvio, pero en esta ley no es tan obvio”, porque el máximo órgano será la Junta de Gobierno, y en ella no participarán las entidades federativas: ni los órdenes estatal, ni municipal, ni de las demarcaciones de la Ciudad de México.

Actualmente, si bien no participan los gobiernos estatales, participa la red de consejos estatales de ciencia y tecnología, y hay representantes del sector social y del sector privado, explicó.

Limitación a la libertad de investigación

Esta falta de participación en la toma de decisiones va ligada a la priorización de temas de investigación. “Me parece que es importante evitar una visión estatista y centralista orientada por una visión instrumentalista y cortoplacista de la ciencia”, advirtió la Dra. Marisol.

Explicó que es verdad que hay problemas nacionales que ameritan una atención urgente y prioritaria, pero quienes hacen ciencia básica se sienten completamente desplazados cuando la Agenda Nacional posiblemente vaya a estar organizada en torno a esos temas, que son de atención urgente, pero el conocimiento va más allá y trasciende esas fronteras.

Sobre este punto, la Dra. Gabriela dijo que, en el discurso, la iniciativa del Conacyt sí afirma que tiene que haber libertad de investigación, pero a la hora de asignar recursos, el Estado definirá los temas, “y entonces no hay libertad de investigación, si el financiamiento sólo va para los que hacen investigación en las líneas que plantea Conacyt”.

Discriminación hacia instituciones de educación superior privadas

La Dra. Marisol hizo alusión al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, donde se declaran obligaciones básicas de los Estados que lo han firmado, México entre ellos. Este documento exhorta a los países a que “Eliminen las leyes, las políticas y las prácticas que limitan injustificadamente el acceso a personas o grupos particulares”.

Pero en la nueva iniciativa de ley está consagrada “una discriminación a ciertos sectores; concretamente, a estudiantes de posgrado de universidades privadas”. En su artículo 39, apunta la académica, se señala la obligación de que las universidades deberían exonerar completamente las colegiaturas a sus estudiantes para poder ser beneficiarios de las becas, particularmente en universidades privadas.

Cecilia Noriega, Maestra en Estudios de Arte y estudiante del Doctorado en Historia y Teoría Crítica del Arte en nuestra IBERO, externó que la comunidad estudiantil ha vivido un momento de incertidumbre, debido a cuestiones presupuestales, a políticas del Conacyt, “y esto tiene un costo en la decisión de ingresar a un posgrado o de continuarlo”. Lo que hemos vivido ha sido mucha angustia al no tener certezas sobre contar con los apoyos suficientes para concluir los estudios tanto de Maestría como de Doctorado.

Acusó un tratamiento diferenciado entre las universidades privadas y públicas en relación con los apoyos y financiamientos consignados en la iniciativa de ley. Explicó que se va a apoyar a las universidades e instituciones de educación superior y centros de investigación del sector público, y en un segundo momento, a los del sector privado.

“Entonces las becas se están otorgando no en función de la calidad y la pertinencia de los proyectos de investigación y de los respectivos programas, sino en función de sus condiciones de ser públicas o privadas”. De esta manera, el estudiantado no puede elegir en completa libertad la institución en donde desea realizar sus estudios de posgrado de acuerdo con sus intereses profesionales, “porque nuestra decisión va a estar influenciada por la posibilidad de adquirir una beca”.

Al mismo tiempo, dijo la Dra. Marisol, se ejerce discriminación al excluir del pago de incentivos a investigadoras e investigadores de instituciones privadas pertenecientes al SNI. El Dr. Diego García Ricci agregó que lo que dice la ley es que el Conacyt promoverá que las instituciones privadas paguen estímulos similares a los que se pagan a los de las públicas, siempre y cuando el Conacyt haya otorgado el reconocimiento.

Hubo consenso entre panelistas y el público asistente sobre la necesidad de generar espacios de participación amplia y plural para discutir e impulsar la construcción de una ley que esté a la altura de las necesidades y desafíos del desarrollo científico y social actual.

Texto: Yazmín Mendoza / JCM. Fotos: Alberto Hernández

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