La propuesta de reforma a la Ley Minera no pretende inhibir la inversión, sino devolver al Estado la rectoría sobre los recursos propiedad de la nación y generar un ambiente de mayor certidumbre jurídica para comunidades, pueblos y empresas, dijo el Dr. Jorge Peláez Padilla, coordinador de la Clínica Jurídica para la Justicia Ambiental Berta Cáceres de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.

En el conversatorio ‘Reforma a la legislación minera en México. ¿Qué debemos saber?’ --organizado por el Programa Universitario para la Sustentabilidad de la IBERO-- el doctor mencionó que la reforma trata de regular una industria que ha llevado a concentraciones de riqueza, a desplazamientos y que no produce bienestar para las comunidades.

Aunque se trata de una iniciativa Presidencial, aclaró que no es sólo del Jefe del Ejecutivo, pues detrás existe el trabajo que por años han hecho la colectiva Cambiémosla Ya; personas de Puebla, Guanajuato y Sonora afectadas por la minería; organizaciones de la sociedad civil como Fundar y CartoCrítica, académicos y académicas, que han insistido en la necesidad de cambiar la Ley Minera.

Lo que se propone en la reforma es entonces, primero, cambiar el paradigma en torno al cual se otorga la concesión, es decir, pasar del paradigma del primero que la solicite en un terreno libre, a un proceso de concurso público luego de la exploración por parte del Servicio Geológico Mexicano.

Explicó que, en la actualidad, hay un terreno libre y un primer solicitante, y en general a éste se le otorga el título de la concesión minera, luego de lo cual puede hacer lo que quiera con ella: traspasarla, reducirla o utilizar el agua de laboreo de las minas. Eso ha generado un enorme mercado de concesiones y que sólo entre el 15% y 20% de las mismas terminen en un proyecto minero.

La reforma, por el contrario, plantea que gane la mejor oferta de contraprestación económica, lo que no significa ya no dar concesiones, sino regularlas de la mejor manera para el país y para las personas que habitan los territorios en que se otorga una concesión. También se propone que antes de convocar a un concurso de licitación pública, las comunidades y pueblos indígenas sean consultados para decidir si quieren o no un proyecto minero en su territorio.

Una vez que haya un ganador de la licitación, éste no se convertiría automáticamente en concesionario, ya que tendrá que pedir la concesión de agua para uso de minería, hacer un proceso de evaluación de impacto ambiental, estudios de impacto social, programas de restauración, cierre y postcierre de minas, y planes de manejo de residuos. Si reúne todos esos permisos, se convierte en concesionario.

No obstante, los requisitos, la reforma no limitará la minería, no ocasionará que se vayan las inversiones, ni tocará la inversión actual. Y sí va a permitir que bajo nuevas reglas se vuelvan a otorgar concesiones, lo que no se realiza desde hace cinco años, apuntó Peláez.

Respecto a la actual Ley de Minas --de 1992--, el Dr. Rodrigo Gutiérrez Rivas, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, señaló que la Ley de Aguas y la contrarreforma del artículo 27 constitucional --que permitió la venta de tierras-- forman parte de un “paquete normativo de abierta inclinación plutocrática, que está volviendo a permitir en México una nueva concentración de riqueza en pocas manos”.

Se construyó en un momento histórico en el cual se buscó volver a posicionar al mercado y al mundo empresarial por encima del bien común, de las comunidades y del interés general. “Por eso podemos decir que la actual Ley Minera es contraria a los principios republicanos y democráticos de nuestra nación, establecidos en la constitución”.

Hoy, con concesiones a 100 años, esta ley genera un mercado especulativo que permite enriquecerse en los mercados de futuro quizá mucho más que con la explotación de los propios minerales. “La Ley Minera lo que está haciendo es un frade a la constitución, permitiendo la especulación en esa materia”.

El párrafo tercero del artículo 27 dice, que la nación tendrá todo tiempo el derecho de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población.

Pero “una Ley de Minas que rompe con la lógica del dominio directo de la nación sobre los minerales, que desfonda la propuesta que está detrás de las concesiones, que es establecer un control sobre las extracciones, que permite que exista en el país una actividad que genera una distribución desigual de la riqueza pública, que provoca graves problema de devastación ambiental, que desequilibra los procesos de desarrollo del país y empeora las condiciones de vida de la población donde aparece, pues es claramente contraria al párrafo tercero del artículo 27 constitucional”.

Por esas razones, el investigador de Jurídicas de la UNAM comentó que el Estado, del que es parte el Legislativo, está obligado a evitar que existan esas normas violatorias de la constitución y los derechos humanos. Y, recordó, que además de despojar a las comunidades de sus tierras y territorios, la minería, por ser altamente contaminante y demandante de recursos hídricos, provoca deforestación, extracción masiva de agua y contaminación de suelos.

En el conversatorio también participaron la Dra. Sol Pérez Jiménez, investigadora del Programa Tierra y Territorio de FUNDAR -Centro de Análisis e Investigación-; y como moderadora la Mtra. Dulce María Ramos Mora, coordinadora del Programa Universitario para la Sustentabilidad de la IBERO.

PEDRO RENDÓN / JCM

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