Por Erubiel Tirado, Coordinador del Diplomado de Seguridad Nacional, Democracia y Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana

“En este país, si Caín no mata a Abel, Abel mata a Caín.”
Gral. Álvaro Obregón a José Vasconcelos

I. Agradezco la invitación del Senador Emilio Álvarez Icaza, a la Mtra. Eliana García, activista de Derechos Humanos y acompañante de víctimas, y al Senado de la República que mantiene abierta las puertas a la reflexión y al debate de temas de interés nacional. Por supuesto, agradezco compartir la mesa con el realizador, David Zonana que, sin lugar a dudas, forma parte de esta generación que está irrumpiendo en la escena cultural cinematográfica del país provocando conciencias con su trabajo. El conjunto de mi intervención tiene dos parámetros: uno breve sobre el significado cultural y social que representan propuestas como la de Heroico y otra acotada sobre los derechos humanos tanto en lo que respecta a las instituciones militares mexicanas en lo interno y como fuera de la institución, trátese de operativos en el contexto de su función propiamente dicha, o su interacción con la sociedad. De ahí y por las implicaciones múltiples y estructurales que se derivan de lo que muestra la película, expreso mi preocupación por señalar y demandar, más como ciudadano que como especialista, la necesidad inaplazable por un cambio moderno, real y democrático, en el reclutamiento y formación de nuestros militares.

II. Son pocos los referentes de cultura fílmica sobre los militares en México que, en buena medida, desarrollan expresiones literarias que forman parte de nuestra historia. El señalamiento inequívoco de excepción y derrotero emblemático es, sin duda, La Sombra del Caudillo de Julio Bracho (1960) basada en la novela de Martín Luis Guzmán (1929). Paradójicamente, se realizó bajo los auspicios de la institución militar pero que, al final, no vio la luz pública por tres décadas debido a que, se dijo, afectaba la imagen del ejército en su conjunto. En realidad, lo sabemos, novela y película exponían el proceso de consolidación del estamento castrense mexicano en una circunstancia sucesoria específica que termina en la purga y asesinato de militares y políticos desafectos al presidente-caudillo. Fuera de este apunte, llama la atención que nuestra industria fílmica, siendo el reflejo de la compleja problemática del país, se ocupase poco del papel de los militares cuando su presencia tiene un trazo inequívoco y palpable socialmente (y en el imaginario colectivo) desde 1968. Existen desde entonces, claro y también de manera escasa, expresiones en el ámbito documentalista que describen la actuación castrense: 1) como instrumentos represivos o de control social ante movimientos políticos; 2) como factor de contención armada ante movimientos guerrilleros (tanto rurales como urbanos); y, 3) en las últimas décadas, en su papel en la lucha contra el narcotráfico junto con los duros y perniciosos efectos sociales que está generando (La Libertad del diablo -2017- y Hasta los dientes -2018-, constituyen ejemplos notables y recientes de un interés que, bajo el síndrome o complejo de La Sombra..., se obviaba o simplemente se ignoraba en forma deliberada por la naturaleza misma de los protagonistas institucionales: los militares mexicanos).

II. Heroico acerca la mirada y nuestra conciencia a situaciones que, más allá del discurso político, retratan y nos revela en forma dura al “ejército-pueblo” del que nos hablan institucionalmente. No sólo eso, recorre de manera transversal diversos aspectos que, además del reflejo de realidades disímbolas que existen en la formación de soldados y oficiales explican, por un lado, el déficit estructural que tienen nuestras instituciones armadas al no acompañar el desarrollo político mexicano, especialmente desde que entró de lleno a la transición democrática.

La transparencia, los derechos humanos y la asunción irrestricta del Estado de Derecho (con contrapesos legales e institucionales eficaces), serían los vértices que solo se advierten en algunas formalidades pero que están fuera de las estructuras castrenses mexicanas que, por otro lado, así lo vemos en el relato, se guían por reglas no escritas y en detrimento de la función de Estado de las fuerzas armadas... (o alguien desea poner una “queja formal” como pregunta en el filme, el general director del Heroico Colegio Militar al cadete Núñez, cuando se da el valor de preguntar sobre de su amigo y condiscípulo, golpeado, torturado y desaparecido).

La razón de este grave déficit estructural es simple, se explica por el síndrome sui géneris de los militares mexicanos, y aquí hago una extrapolación argumental con “La Sombra del Caudillo”: la excepcionalidad de comportamiento y consideración del uso fáctico de las Fuerzas Armadas como “norma regular” en el sostenimiento del sistema político y el presidencialismo mexicano. Esto se expresa en trato político, jurídico y presupuestal diferenciado respecto del resto de las instituciones (para los estudiosos del tema, se hablaría del fenómeno de autonomía militar) y de la población civil.

Es clara la distinción entre quienes, por un lado, son parte del “pueblo con uniforme” junto al pueblo “asociado” (familiares y amigos), es decir, vinculado al ejército y, por otro lado, el “pueblo raso”, por así decirlo, en cuanto al acceso a los beneficios institucionales o merecedores del desprecio militar o del “pueblo-uniformado” al maldecirlo (“civilones” y “cobardes”), como se describe en la película. Esto es una diferencia importante que explica, entre otras cosas, los resabios autoritarios del sistema político mexicano, pero también muestra cómo este hecho retroalimenta la aceptación social de injusticias y violaciones sistemáticas a los derechos humanos en aras de preservar la subsistencia familiar, interiorizamos el abuso y normalizamos el autoritarismo. Debemos recordar que en el siglo XIX mexicano, los únicos vehículos que brindaban la posibilidad de movilidad social y de forjar un futuro, era el ingreso al clero o a la milicia. La película muestra dónde estamos ahora.

Desde los años noventa a la fecha, al revisar los informes de labores de Sedena y la Semar, encontraremos que, en la preparación y capacitación de militares, los cursos de derechos humanos se cuentan por decenas de miles. Ante expresiones documentadas de ejecuciones extrajudiciales, tortura, desaparición forzada, feminicidios, la reacción institucional es minimizar (se trata de “unos cuantos elementos” o “casos aislados” protagonizados por unas “manzanas podridas” que no contaminan a las instituciones militares) o incluso negar los hechos (“está vivo…mátalo”; “neutralizar no es matar”, etc.), y la pregunta obligada es, por qué siguen ocurriendo y, como sabemos, ocultándose? La respuesta simple y llana está aquí en “Heroico”: no hay un proceso de internalización de respeto y cultura de derechos humanos, ni de obediencia irrestricta a las leyes y el debido proceso, cuando desde el reclutamiento y la formación (de hombres y mujeres) se vulneran la dignidad y las reglas básicas de convivencia en su preparación como servidores públicos.

Esto nos lleva a otra deformación estructural sobre el “espíritu de cuerpo” que caracteriza a las instituciones de seguridad en general: la lealtad que se forja y estimula se orienta a la verticalidad del mando en una rueda infinita de abuso e impunidad “legitimadas”: porque cuando se llegue a ser superior, nos recuerda la pedagogía del general de la película a cargo del Colegio, serán “autoridad” y, como lo dice el cadete preparado y sumido, vendrá también el desquite con los de nuevo ingreso. Nada de esto tiene que ver con la formación de recursos humanos que caracteriza los ejércitos modernos en el mundo.

Hacia la mitad de la primera década de este siglo, en una encuesta cuyo contenido era medir no solo el aprecio social del ejército sino las percepciones de la población sobre la institución militar, se preguntó qué profesión o actividad se deseaba para los hijos de casa: la respuesta sorprende porque la profesión militar estaba en último lugar pese a la contundente opinión favorable hacia el ejército.

Con esto concluyo. Con el involucramiento militar en la lucha contra el narcotráfico, en el sector civil de seguridad y defensa, se repetía una y otra vez que había de “proteger al ejército”. El problema fue que, ante la ausencia de un marco definido y claro de actuación e injerencia civil en la defensa, eso se tradujo en encubrimiento y mayores márgenes de autonomía castrense para disimular, ocultar o negar los excesos militares contra sus integrantes y la población a la que debía (y debe) proteger.

Es claro que hay una tarea ineludible, diría impostergable, para impulsar una reforma militar que permita al país tener fuerzas armadas profesionales y comprometidas con el Estado de Derecho (por ejemplo, que no tuviesen posibilidad de negarse a cumplir una recomendación o condena internacional en la materia) y la democracia, donde no exista carta de naturalización para el abuso y la impunidad dentro del sector castrense y tampoco en su interacción con el mundo civil. Esa es, sin duda, la verdadera protección al ejército y que el ingreso en sus filas, no sea por hambre y necesidad sino por vocación.