La Universidad Iberoamericana recibió la visita de miembros de la tribu yaqui; a la doctora Raquel Padilla Ramos, especialista del INAH-Sonora, y a Edmundo del Pozo, de Fundar Centro de Análisis e Investigación, quienes compartieron sus análisis y puntos de vista en torno a la construcción del acueducto Independencia, obra que se realiza en Sonora, con el fin de extraer agua del Río Yaqui.

Al dar la bienvenida, el ingeniero Pablo Reyna Estévez, coordinador del Programa de Interculturalidad y Asuntos Indígenas de la Ibero, mencionó que en los últimos años los procesos de despojo de los bienes naturales en comunidades indígenas y campesinas se han multiplicado, a lo largo y ancho del país es notorio el avance de proyectos extractivistas, de telecomunicaciones y megaproyectos de control y de la naturaleza como las presas y los acueductos.

Y recalcó: “Con estos procesos también ha llegado la amenaza de extinción de los pueblos y los territorios, los primeros por el riesgo de quedarse sin medios de subsistencia y los segundos por la devastación de la naturaleza que la expoliación trae consigo”.

Sin embargo, y pese a lo anterior, en el otro polo de este contexto, frente a estos procesos de despojo, la indignación ha hecho posible que un nuevo ciclo de resistencias surja y que movimientos en defensa de los pueblos y los territorios antagonicen con el Estado mexicano.

Sobre esto, Juan Domingo Molina Valencia, de la Tribu Yaqui, mencionó: “Defender el derecho a cuidar el agua, esa es la demanda y al mismo tiempo el horizonte que la tribu yaqui se plantea, defender el río no porque sea agua que corre, sino porque esa agua lleva consigo la vida, la cultura y la razón de ser de los yaquis. Defender el futuro, de eso se trata la lucha que hemos emprendido en los últimos años contra el acueducto Independencia, proyecto que el actual gobernador Guillermo Padrés ha promovido como un proyecto hídrico necesario para aliviar los problemas de falta de agua del estado”.

Recorriendo el camino jurídico, con movilizaciones en la capital del estado y en el Distrito Federal, y acciones como los bloqueos de la carretera internacional que une a Estados Unidos con México, la defensa del agua ha sido la labor permanente de ocho comunidades yaquis del sur de Sonora.

Desde 2010

La tribu yaqui y los productores del Valle del Yaqui han entablado diversos juicios, todos con sentencias a favor de la suspensión de la obra e incluso en el año 2012, la Suprema Corte de Justicia emitió una resolución judicial en la que obliga al Estado mexicano a consultar a la tribu sobre el acueducto.

El proceso de consulta a la fecha está suspendido porque en el último mes diversos se suscitaron diversos acontecimientos, como la irrupción de elementos de las policías federal y municipal, y elementos de la Marina en la comunidad de Vicam, realizando cateos ilegales para ubicar a los voceros de la tribu, sobre quienes pesan órdenes de aprehensión.

En este sentido, Edmundo del Pozo, miembro de la Misión Civil de Observación sobre la consulta a la tribu yaqui, menciona que “es necesario que cesen estos actos de represión y hostigamiento contra los voceros y que se suspenda la operación del acueducto para que la consulta pueda llevarse a cabo”.

Menciona además que según los estándares internacionales la consulta debe ser previa, libre e informada y que ninguna de estas condiciones se han cumplido a cabalidad; no ha sido previa porque el acueducto se construyó antes de la consulta; no ha sido libre por las diferentes medidas de coacción que se han dado contra la tribu; y no ha sido informada porque las solicitudes de información no han sido respondidas por instancias como Profepa y Semarnat.

Y destaca: “Esta consulta es una oportunidad histórica para que el Estado mexicano pueda, aunque sea de manera mínima, resarcir los agravios contra los indígenas, esta consulta repercutirá en otros procesos de resistencia contra el despojo”.

Raquel Padilla, investigadora del INAH-Sonora, menciona por su parte: “Es el pan de cada día, pues la lucha, esta lucha de los yaquis no es nueva, desde hace más de un siglo el Estado mexicano ha emprendido una guerra de exterminio que ha costado muchas vidas y que ha llevado a la tribu a defenderse y a construir su resistencia”.

Destaca que esta lucha es necesaria para que, como otras veces, los yaquis sobrevivan. La lucha por el agua debe ser la lucha de todos porque, añade, “no podemos permitir que los yaquis sean exterminados; y privarlos del derecho al agua significa la paulatina muerte de la tribu”.

En este mismo sentido, Mario Luna, vocero de la tribu, mencionó: “Los yaquis han pagado una cuota muy alta por el derecho a existir y en honor a esa lucha vamos a seguir resistiendo porque en esa tierra nacimos, ahí vivimos y ahí nos vamos a morir”.

Comentó que desde el inicio la obra del acueducto ha sido impugnada porque viola los derechos humanos y culturales de la tribu, además de que, agrega, “es una obra para beneficiar a los ranchos de los ricos de la zona, hemos visto cómo del tubo principal del acueducto se desprenden otros tubos en su camino a Hermosillo”, por lo que “no es verdad que el agua sea destinada para consumo humano".

El agua, menciona Guadalupe Flores Maldonado, miembro de la tribu yaqui, “para nosotros no es algo que podamos vender o que podamos intercambiar, es nuestra cultura”.

Resaltó que la lucha del pueblo yaqui siempre se ha dado dentro de los cauces de la legalidad y como una lucha ejemplar, por lo que cuestiona al Estado mexicano sobre las ordenes de aprehensión contra los voceros; “son órdenes con delitos fabricados, con delitos que nunca han existido; es una forma de querer echarnos para atrás, pero nos les ha funcionado”.

Al término de las participaciones de los ponentes se abrió el diálogo entre los asistentes y los miembros de la tribu yaqui, quienes agradecieron su presencia y las diversas muestras de solidaridad, y a la Universidad Iberoamericana por la invitación.

Cabe destacar que entre los asistentes se encontraban integrantes de otras organizaciones como los comuneros de Xochicuautla, quienes se oponen a la construcción de la carretera Naucalpan-Aeropuerto, y miembros del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota.

PRL/ ah