La Ley de Seguridad Interior “va en la dirección de por lo menos limitar, y si no eliminar, los controles democráticos sobre la actuación de las fuerzas armadas”, por lo cual es aconsejable reducir en México la presencia de elementos castrenses en funciones de seguridad pública, consideró el Dr. Juan Méndez, exrelator especial de las Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

“Obviamente no conozco al detalle el texto de la ley que se está proponiendo, y creo que hay varios proyectos distintos, pero sí espero que en el debate parlamentario se mantenga por lo menos el espíritu de que si las fuerzas armadas van a intervenir en seguridad interior lo hagan bajo control de la autoridad pública, de las instituciones de control y especialmente de las autoridades elegidas democráticamente; porque el estado de derecho requiere que no haya ningún estamento estatal que esté fuera de los controles democráticos”.

Previo a una conferencia efectuada en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, donde realizó una visita académica, Méndez recordó que en el informe que hizo como relator de Naciones Unidas sobre la tortura, después de su visita a México en el 2014, destacó que “la incidencia en la tortura se correspondía en el tiempo con la incorporación de las fuerzas armadas a la seguridad interior”.

Y con base en información anecdótica, pero muy creíble, se observó en ese informe que los mismos patrones de tortura se aplicaban por parte de las fuerzas armadas y las corporaciones policiales, agregó Méndez, destacado defensor de los derechos humanos en el continente americano.

El abogado argentino añadió que en México “por la lucha contra el crimen organizado se ha generalizado la tortura; de una manera que es muy difícil erradicarla”. Y aunque “no es que no se hagan esfuerzos por controlarla, pero los esfuerzos hasta ahora no se demuestran del todo fructíferos”.

Abundó que en México la tortura está prohibida y hay mecanismos de prevención, pero no han sido eficaces, porque “el principal factor que reproduce las condiciones para que haya tortura es la impunidad. Hay muy poca o casi ninguna actividad de investigación, procesamiento y castigo de los casos individuales de tortura”, misma que es una obligación internacional asumida por el Estado mexicano. Y “hasta que no se rompa el ciclo de impunidad va a ser muy difícil prevenir la tortura para el futuro”.

Por eso opinó que es muy importante alentar a las instituciones del Estado, especialmente a la judicatura, y también a la sociedad civil, a no bajar los brazos y a insistir en que se puede combatir y derrotar al crimen organizado respetando los derechos humanos y la dignidad personal de toda la gente.

México no es el único lugar donde se presentan casos de tortura, de hecho ésta es una práctica habitual en muchas naciones y regiones del mundo. “Lamentablemente más de la mitad de los países del mundo practican la tortura, algunos más intensamente y algunos más frecuentemente que otros. En América Latina es una maldición que no hemos podido erradicar, ni siquiera en épocas democráticas, como fundamentalmente casi todos nuestros países están viviendo ahora”; pero esto no quiere decir que no haya habido progresos, parciales y limitados.

Pese a la situación, Méndez, asesor especial para la prevención de Crímenes de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, piensa que es posible erradicar la tortura en las democracias latinoamericanas y en el mundo en general “no es fácil, pero es posible; y deberíamos redoblar los esfuerzos”.

El problema que se tiene fundamentalmente ahora es que las democracias más desarrolladas del mundo, incluidos los Estados Unidos, bajo la amenaza del terrorismo han optado por ser un pésimo ejemplo para el resto del mundo, al “relativizar la condena de la tortura, el usar la tortura y el no investigar ni castigar los casos específicos de tortura que se conocen. Si el país más poderoso del planeta da esos ejemplos, obviamente es mucho más difícil conseguir que otros países respeten estas obligaciones”.

Méndez fue la figura central del "Conversatorio con Juan Méndez sobre su experiencia de trabajo internacional", llevado a cabo en la IBERO, gracias a la organización del Programa de Derechos Humanos, el Departamento de Derecho, el Departamentos de Estudios Internacionales y la Sociedad de Alumnos de Relaciones Internacionales, de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.

¿Quién es Juan Mendez?

La Mtra. Denise González Núñez, coordinadora del Programa de Derechos Humanos de la IBERO, mencionó que Méndez es doctor en Derecho. Como resultado de sus actividades de representación de presos políticos fue detenido, sometido a torturas y confinado en régimen de detención administrativa por la dictadura militar argentina durante año y medio. En ese periodo, Amnistía Internacional lo reconoció como preso de conciencia. Tras su liberación a finales de los años 70 se trasladó a los Estados Unidos.

Durante 15 años trabajó en Human Rights Watch, donde concentró sus esfuerzos en los problemas de derechos humanos en el hemisferio occidental. En 1994, fue nombrado asesor jurídico de la misma organización. De 1996 a 1999, fue director ejecutivo del Instituto Interamericano de Derechos Humanos en Costa Rica. El secretario general de Naciones Unidas lo nombró asesor especial para la Prevención del Genocidio.

Fue catedrático en la Universidad de Notre Dame, en Indiana; en la Universidad de Georgetown; en la Universidad Johns Hopkins y en la Universidad de Oxford (Reino Unido).

Texto y fotos: PEDRO RENDÓN/ICM

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