En México hay que buscar y generar nuevos modelos de hacer empresa, e impulsar un sector completo de carácter social en el modelo económico nacional, lo que “resulta estratégico para superar realmente la pobreza y para avanzar en las metas de democratización económica, social y cultural de nuestro país, mediante la participación ciudadana en los mercados y en las cadenas de producción”, dijo el Maestro David Fernández Dávalos, S. J., Rector de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.

Así lo expresó durante su participación en el panel ‘Política pública para en desarrollo incluyente’, que formó parte del seminario ‘La empresa social, un instrumento eficaz de impacto en el desarrollo’, organizado por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Fundación del Empresariado en México (FUNDEMEX).

En su disertación sobre la economía social y la economía solidaria el Rector reconoció que si bien las empresas privadas que tienen impacto social permiten mejorar las condiciones de vida de muchas personas, no constituyen una solución consistente frente a la pobreza y la desigualdad que aquejan a México, y destacó “desarrollar este tipo de empresas privadas con impacto social continúa marginando a la población en pobreza, de un verdadero desarrollo incluyente y de una democratización económica”.

Dicho lo anterior, compartió con los empresarios asistentes al seminario lo que él considera tiene que ser un ecosistema que pueda dar origen a un sector económico social, es decir, que no sea público ni privado.

Entre otras cosas, el ecosistema debería tener lo siguiente:

Leyes específicas para el fomento, desarrollo y protección de empresas que valoricen el trabajo por encima de la mera ganancia; campañas de sensibilización al empresariado nacional y a la población en general sobre las posibilidades que un sector social de la economía puede tener para la superación de la pobreza y la desigualdad, y para el desarrollo del país; difusión amplia de los logros en este sentido.

Acciones de fomento de este tipo de empresas por parte de los tres niveles de gobierno; acciones concretas con presupuesto asignado; programas de formación y capacitación de empresarios sociales en instituciones públicas y particulares de educación superior; fondos de capital constituidos exclusivamente para fondear y financiar este sector, sin subsidios, y exigiendo rentabilidad y eficacia en su operación.

Se requieren banca y organizaciones financieras privadas que puedan apoyar el desarrollo de estas empresas sociales o solidarias, sensibles al tipo de empresa que se desarrolla y con condiciones distintas a las empresas privadas en cuanto tales; también se necesita un conjunto de políticas públicas de creación, desarrollo, fomento, respaldo, protección y aceleración de empresas, que detonen el potencial de las personas en pobreza y en vulnerabilidad, contribuyendo así a la igualdad y a la cohesión social. 

“La intención es ir generando en nuestro país un sector formal de la economía, que no sea ni el sector privado ni el sector público, sino un sector social que pueda alcanzar niveles de participación económica semejante al que ya tienen varios países de Europa, de alrededor del 15, del 17%, en países como España o en Francia. De ese tamaño es la importancia de un sector así”.

Asimismo, destacó que los sistemas alternativos de producción económica pueden ser fundamentales para construir gradualmente una globalización distinta a la de la actualidad, que en las próximas décadas sea menos desventajosa para el sur global, y que resulta fundamental para desarrollo de los pueblos de esta región, particularmente para los sectores empobrecidos y vulnerables. 

“La propuesta es recuperar y valorizar los sistemas alternativos de producción de las organizaciones económicas populares, de las cooperativas obreras, de las empresas autogestionadas, de la  economía solidaria, y otras, que este concreto modelo de desarrollo que ahora tenemos ha desacreditado  como corporativistas y como instrumentos electorales, o que ha ocultado; y entonces no se ve la importancia que realmente tienen para la superación de la pobreza en sectores importantes del país”.

México necesita un cambio profundo

Para el licenciado Jesús Campos Orozco, director del Centro Internacional de Investigación de la Economía Social y Solidaria en México (CIIESS) de la IBERO, también presente en el panel, México necesita un cambio profundo y de largo plazo, y pensar qué se requiere hacer en el sector social de la economía y respecto a la pobreza. 

Dijo que en nuestro país, donde de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) hay 55 millones de pobres, “ha sido muy equivocado de parte de los gobiernos, de los organismos internacionales, plantear la solución a través de las carencias”.

Campos, con base en su experiencia en 21 estados del país con cooperativas y empresas de economía social -de las cuales el CIIESS tiene registradas cinco mil en su base de datos- ha descubierto que las personas que integran éstas tienen capacidad de resolver las cosas, se están levantando productivamente y quieren salir adelante, no por dádivas del gobierno, ni de fundaciones; lo que quieren es oportunidades y condiciones para trabajar. “Hay potencial ahí, volteemos a él”.

También consideró necesario hacer un cambio profundo en México, ya que aunque a 20 años del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se incrementó diez veces la inversión extranjera directa, y es  mayor la exportación de recursos no petroleros, todavía hay millones de mexicanos en pobreza y sigue existiendo una enorme desigualdad. 

Mencionó que si tantas cosas se están haciendo, si se ha derramado dinero para combatir la pobreza, más de cien mil millones cada año sólo de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y resulta que eso no baja la pobreza), hay que hacer algo distinto, “encontrar modelos distintos de hacer empresa, modelos distintos de hacer la economía”.

Economía social

Al compartir la definición de economía social, el Rector Fernández Dávalos dijo que es el conjunto de actividades económicas, de producción, de comercio, de distribución y empresariales, que en el ámbito privado realizan entidades que persiguen el interés común de sus integrantes o propietarios, o el interés general económico social, o las dos cosas. 

Hay quienes en lugar de economía social hablan de economía solidaria, la que entienden como una forma de producción, de consumo y de distribución de la riqueza centrada en la valorización del capital humano o del ser humano, y no del capital. Tiene una base asociativa y cooperativista, y se dirige a la producción, consumo y comercialización de bienes y servicios, de manera autogestionada, teniendo como finalidad la producción ampliada de la vida.

“Los dos conceptos, economía social y economía solidaria tienen en común que preconizan el trabajo como un medio de liberación y de crecimiento humanos dentro de un proceso de democratización económica, y pretenden crear así una alternativa a la dimensión asalariada y excluyente de las relaciones de trabajo en una sociedad de mercado como la nuestra”.

El ámbito de las alternativas de estos procesos económicos engloba desde microiniciativas llevadas a cabo por grupos sociales marginalizados, buscando adquirir algún control sobre sus vidas y sus bienes; hasta propuestas para una coordinación económica y jurídica de ámbito internacional destinada a garantizar el respeto a patrones básicos de trabajo decente y de protección ambiental, nuevas formas de control del capital financiero global y tentativas de construcción de economía regionales basadas en principios de cooperación y solidaridad.

“No estamos hablando entonces de empresas privadas con impacto social…Estas (las de economía social y solidaria) son empresas en donde la propiedad de las mismas recae en un conjunto de trabajadores, campesinos, que al mismo tiempo generan la riqueza y la redistribuyen entre los propietarios. Esto permite mejorar condiciones de vida y de trabajo de grandes conglomerados sociales en temas como vivienda, como salud, como financiamiento, etcétera”. 

En el panel ‘Política pública para en desarrollo incluyente’ también participaron José Ramón Ardavín Ituarte, director Ejecutivo de la Comisión de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable del CCE; y Tomás Bermúdez, representante en México del Banco Interamericano de Desarrollo (moderador).

Texto y fotos: PEDRO RENDÓN/ICM

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