Fue presentado un proyecto que en el papel y en la intención parece representar una nueva lectura que la administración del Presidente López Obrador pretende dar a la movilidad migratoria de Centroamérica.

El denominado Plan de Desarrollo Integral El Salvador-Guatemala-Honduras-México se sienta sobre cuatro pilares: a) desarrollo económico; b) bienestar social; c) sostenibilidad ambiental y d) gestión del ciclo migratorio.

Las áreas detectadas en la iniciativa van de la cooperación económica al comercio, remesas, educación, y una variedad amplia de temas vinculados al desarrollo regional, con un apartado en el cual, dice el informe, se invertirán cuantiosos recursos en una terminal de gas natural, interconexión del sistema eléctrico entre México y Centroamérica; mejoramiento de infraestructura fronteriza; conectividad ferroviaria y la construcción de un gasoducto para interconectar al país con Centroamérica.

Entre los objetivos que este plan invoca, está lograr la reducción de la movilidad que se desplaza en condiciones forzadas. Hasta aquí parece haber consenso sobre la pertinencia del plan.

Pero el acuerdo termina cuando el proyecto se parte en dos: una referencia amplia a derechos, poblaciones, procesos sobre los cuales no se precisan los medios a disposición, las poblaciones focalizadas, los criterios de selección de tales poblaciones, las áreas prioritarias, la temporalidad de las inversiones, las estrategias, las fases de trabajo, los resultados a lograr y el tiempo de presentación de resultados, es decir, una amplia gama de qué, pero muy poco o ningún cómo.

Pero, por otro lado, lo que si se presenta es una cartera de inversiones con recursos, sectores localizados y áreas de inversión. En este apartado la primera duda que surge es: ¿dónde caben las poblaciones migrantes en un gasoducto, en una interconexión carretera; acaso sólo como mano de obra?

Porque lo que es un hecho es que quienes tienen capacidad de participar de estos proyectos son las grandes empresas transnacionales, aquellas que acaparan los contratos y que monopolizan los sectores productivos. Hemos de ampliar la pregunta: ¿acaso los y las migrantes tendrán alguna participación de los beneficios de estas inversiones, más allá de la promesa de los frutos que generarán estas iniciativas en un futuro?

Otra alarma que surge de la revisión de la iniciativa es la ausencia de un diagnóstico del papel de Centroamérica en el contexto global. Una región poco atendida por las inversiones internacionales, excluida de la competencia de los mercados globales de mercancías, con un mercado regional débil y con un grave problema de gestión gubernamental, corrupción, violencia e impunidad, requiere de una intervención desde múltiples espacios, pero seguramente el primer paso supone reconocer, evaluar y acometer esfuerzos para mejorar su gestoría interna.

Invertir dejando recursos en manos de instituciones fallidas es apostar a un fracaso seguro. Por ello, ¿No hubiese sido mejor comenzar con inversiones relacionadas con el mejoramiento de la gestión gubernamental antes de pensar en inversiones?

Derivado de este sencillo diagnóstico, viene una duda que asalta la tranquilidad. Si la gestión gubernamental centroamericana impide delegar el uso de los recursos dada la grave corrupción imperante en éstas, ¿la otra alternativa es que los organismos internacionales o las naciones involucradas en estas iniciativas tutelen el desarrollo de la región? El riesgo de repetir prácticas de la Colonia bajo el argumento de la inmadurez de las naciones beneficiarias abre la puerta a muchos riesgos.

Otra duda originada en la lectura del informe es el papel que se atribuye a las comunidades migrantes en el diseño, gestión y operación del proyecto. En ningún apartado se definen términos de colaboración, intercambio de información, uso de los potenciales de la diáspora centroamericana en Estados Unidos, es decir, ¿en qué momento se le da la palabra a los propios migrantes para que opinen sobre este proyecto? Al parecer, se trata, como en muy diversas ocasiones, de proyectos migratorios sin migrantes.

Otro cuestionamiento se refiere al papel que deben asumir las organizaciones de la sociedad civil. Cierto es que hay una mención amplia de este concepto en el informe, pero la mayor parte de las propuestas se refieren a su papel en tanto organizaciones relacionadas con la asistencia humanitaria y con las situaciones de emergencia.

Al respecto, hay una lectura muy pobre sobre las capacidades de estas organizaciones, muchas de las cuales tienen amplia experiencia en el diseño de iniciativas de promoción, integración, reintegración, economía social y solidaria, organización comunitaria, lo que pone en duda la capacidad de influencia de tales instancias en la gestión de este proyecto.

Es cierto que la iniciativa despierta muchas más dudas, pero tal vez alguna que se puede mencionar finalmente, es la propia narrativa que acompaña su diseño: se plantea que es el esfuerzo más integral según los lineamientos del Pacto de Marrakech.

Es cierto, el documento dice cosas que otras iniciativas no han propuesto, pero hay dos fallos elementales que impiden que este proyecto sea un parteaguas en la historia contemporánea: la atribución de un papel prácticamente pasivo a las iniciativas de los propios colectivos migrantes y la ausencia de la propuesta central que debió acompañar su diseño: que la migración bien gobernada puede traer beneficios al desarrollo de las naciones, que el objetivo estratégico debería ser el aprovechamiento de la movilidad migratoria como una alternativa más de desarrollo. Aquí radicaría la clave que diferenciaría un proyecto común con buenas ideas, y un proyecto innovador y de vanguardia.

Suponemos que hay tiempo para un diagnóstico más amplio, y si esto fuera posible, para alguna reorientación de sus instrumentos, estrategias y objetivos. Por ello, a fin de abonar a un debate sobre tal iniciativa, proponemos entre otros temas:

a) integrar activamente a los parlamentos nacionales para que, en un espacio de cooperación internacional legislativa, establezcan lineamientos de trabajo de cara a la armonización de iniciativas que regulen, gestionen y agilicen los procesos derivados del proyecto; b) integrar al debate sobre la operación del proyecto a los clubes, asociaciones o similares de los cerca de cuatro millones de centroamericanos asentados en la Unión Americana; c) integrar una relatoría que desde los organismos internacionales (ONU), pueda dar seguimiento a la operación, gestoría y resultados del proyecto y d) redefinir y ampliar las áreas de trabajo de las organizaciones de la sociedad civil más allá de las situaciones de emergencia.

PRL/ICM