La Clínica Jurídica para Refugiados Alaíde Foppa (CJR) de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México lleva a cabo la defensa de personas solicitantes de la condición de refugiado en México para garantizar que cuenten con información veraz sobre su derecho a solicitar asilo y cómo acceder a él, así como prevenir actos de abuso y corrupción por su situación de vulnerabilidad intrínseca, en particular al ingresar al país.

En las últimas 36 horas, tuvimos conocimiento de diversas personas refugiadas de origen venezolano asesoradas por la Clínica, que llegaron a territorio mexicano por vía área, a través del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), quienes fueron detenidas por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), para posteriormente ser incomunicadas y canalizadas a una segunda revisión migratoria en un espacio aislado.

Esto pese a que, al presentarse ante la autoridad de control migratorio, expresaron de manera clara y precisa su intención de solicitar asilo en México. Incluso, estas personas registraron a través del portal oficial del Instituto Nacional de Migración y de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) sus intenciones de internarse por razones humanitarias y solicitar la condición de refugiado.

A partir de este aislamiento e incomunicación, sin garantías de defensa o de debido proceso, las personas solicitantes no entienden las razones de su detención o lo que les está pasando. Sin posibilidad de contactar a sus familiares o abogados, la situación que viven anula su derecho de defensa y les somete a arbitrariedades y violaciones a derechos humanos.

El uso de prácticas intimidatorias, en conjunto con la aportación de información falaz por parte de los agentes migratorios, obliga a los solicitantes a aceptar y firmar actas de rechazo o de “renuncia” a solicitar asilo, lo que permite ejecutar la devolución a su país de origen. Hecho que preocupa por ser contundentemente contrario a la obligación del Instituto y del Estado mexicano a garantizar el derecho humano a solicitar y recibir asilo, así como al principio de no devolución.

Preocupa que estas detenciones y abusos contra solicitantes venezolanos ocurran a tan sólo unas horas de las graves declaraciones del comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, respecto del trato que recibirían las personas en contexto de migración y de su devolución forzada a sus países de origen. Es pertinente enfatizar la obligación a cargo del Instituto de permitir su internación a territorio nacional, así como de informarles, protegerles y canalizarles con la autoridad correspondiente, sin privarles de la libertad.

La Clínica Jurídica para Refugiados Alaíde Foppa exhorta a las autoridades migratorias a cumplir con la normativa, a garantizar y respetar los derechos humanos de los solicitantes de asilo y, en ese sentido, a abstenerse de detener y/o rechazar a quienes intentan ingresar a México en busca de protección como refugiadas.

Texto: Clínica Jurídica para Refugiados Alaíde Foppa.

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