La mayor parte de los trabajadores y trabajadoras en México son informales (algunos estudios señalan que son el 60%) y, sin embargo, la realidad de estas personas es que son invisibles para el gobierno y la sociedad, asentó el doctor Manuel Fuentes Muñiz, abogado laboralista, en su participación en la mesa de diálogo ‘Trabajo informal y la crisis del Covid-19’, que realizó la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, a través de su Departamento de Derecho.

Y es que aunque todas las legislaciones pueden estar “escritas en letras de oro”, las políticas públicas son totalmente distintas. Por ejemplo, si bien es cierto que una reforma a la legislación laboral impulsó que se diera de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a poco más de 22 mil trabajadoras del hogar, la mayoría no cuenta con seguridad social, “y vive en ese mundo invisible”, porque no tienen contrato y no tienen ingresos seguros.

Otro de los problemas de esta invisibilidad de las y los trabajadores informales se manifiesta cuando, al estar exigiendo algún derecho laboral, no tienen manera de probar que efectivamente realizan algún trabajo, cuando lo hacen de manera subordinada.

“Es común llegar a las juntas de conciliación y arbitraje, y a trabajadoras (del hogar) que no tienen un contrato de trabajo, les dice la autoridad: tú tienes la obligación de probarme que eres trabajadora, tú tienes la obligación de probarme a qué hora entras, a qué hora sales, cuándo te pagan, las órdenes de trabajo”; empero, la ley establece que es al patrón a quien  le corresponde acreditar eso.

En un contexto como el de la presente pandemia del coronavirus, si un trabajador o trabajadora informal contrae el COVID-19, al no tener seguridad social tampoco tiene posibilidad de obtener algún subsidio de parte del IMSS que, por ejemplo, por derecho, otorga el 60% de su salario a un trabajador formal incapacitado por enfermedad general.

Un tema dramático, no tener seguridad social

Manuel Fuentes dijo que, según cifras de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, durante esta pandemia 550 mil trabajadores formales han perdido su empleo, quienes con base en el Artículo 109 de la Ley del Seguro Social, gozan de la siguiente garantía: ‘El asegurado que quede privado de trabajo remunerado, pero que haya cubierto inmediatamente antes de tal privación un mínimo de ocho cotizaciones semanales ininterrumpidas, conservará durante las ocho semanas posteriores a la desocupación, el derecho a recibir, exclusivamente la asistencia médica y de maternidad, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria que sea necesaria. Del mismo derecho disfrutarán sus beneficiarios.

Eso deja ver que es “un tema dramático” no tener seguridad social, pues los trabajadores informales no tienen ningún tipo de garantía y, por ejemplo, en caso de que fallezcan en el transcurso de esta pandemia por COVID-19, sus hijos no tienen derecho a alguna pensión de orfandad.

Esto plantea que no es solamente legislando como se pueden estar resolviendo este tipo de problemas, sino que también deben haber mecanismos para que las autoridades se sientan obligadas a estar reconociendo los derechos de las personas, por el sólo hecho de ser personas, para que puedan tener visibilidad en el ámbito del ejercicio y respeto de sus derechos.

“Estamos hablando del reconocimiento de lo que es el derecho de la persona. Y yo diría, en los ámbitos del trabajo, en los ámbitos de la seguridad social; pero también en todo lo que es el entorno de la sociedad”.

“Debe haber una mirada distinta en donde efectivamente el derecho, el reconocimiento del derecho, no sea solamente una forma, yo diría cínica, de decir, sí, les reconozco los derechos, aquí está en la ley; pero en la realidad lo plantea de otra manera. Entonces, me parece a mí que debe haber una preocupación y una ocupación para que efectivamente estas cosas puedan cambiar y que pueda haber un asidero importante”.

Mas cabe preguntarse qué va a ocurrir después de la pandemia, si los problemas laborales van a seguir sin falta respuesta; por lo que para el Dr. Fuentes Muñiz el desafío es que “estas legislaciones de humo” puedan realmente transformarse en algo distinto, y lograr que las personas que  trabajan en el sector informal “puedan ser convertidas en seres visibles, con dignidad, con respeto. Y esa es una de nuestras mayores aspiraciones que tenemos quienes estamos cerca de estos grupos vulnerables, que queremos una transformación de verdad”.

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Texto: PEDRO RENDÓN/ICM