La universidad latinoamericana puede fortalecer, difundir y expandir la economía solidaria, o las distintas modalidades de empresas de gestión y propiedad colectiva, consideró al Maestro David Fernández Dávalos, S. J., secretario ejecutivo de la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina (AUSJAL).

Así lo dijo al participar en el diálogo La economía social y solidaria como alternativa emergente en América Latina, organizado por el Centro Internacional de la Economía Social y Solidaria (CIIESS) de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, la Red Comparte -que forma parte del apostolado social de la Conferencia de Provinciales Jesuitas de América Latina y El Caribe, CPAL- y el Miami Institute for the Social Sciences.

Para contextualizar su disertación, en la que estableció tres presupuestos, Fernández Dávalos señaló que la pandemia de COVID-19 ha profundizado los problemas que ya se tenían desde antes, es decir, desconfianza en la democracia, reducción del Estado nacional y de todo lo público, y aumento de la pobreza y de las diferencias de clases. Además, se agravó la violencia de género y la violencia intrafamiliar, y se añadieron nuevos problemas, como los sanitarios.

Dicho esto, el primer presupuesto es que “estamos en una situación en donde realmente se encabalgan tres crisis por lo menos”, la socioambiental -diría el Papa Francisco-, la sanitaria y la económica -con la depresión que ha venido después del derrumbamiento de las economías o de un retroceso de al menos diez años-.

El segundo presupuesto es que, frente a esta situación no pueden pasar de largo las universidades, ni públicas, ni privadas; tienen algo que hacer. De hecho, el Maestro comentó que, desde su fundación y a diferencia de otras instituciones universitarias en otras regiones del mundo, la universidad latinoamericana -pública y privada- siempre ha producido bienes comunes, modos de convivir, de comerciar y de innovar, “que han sido trasladados como patrimonio a nuestras sociedades, es decir, no es ajena la universidad latinoamericana a los severos problemas sociales a lo largo de la historia de América Latina”.

Y el tercer presupuesto es que, una de las cosas que en estos momentos puede aportar la universidad latinoamericana es fortalecer, difundir y expandir la economía solidaria, o las distintas modalidades de empresas de gestión y propiedad colectiva.

Pero, ¿por qué fortalecer las fórmulas empresariales colaborativas y de empresa social y solidaria?; el secretario ejecutivo de AUSJAL mencionó que porque ponen a las personas y sus derechos en el centro de todo el proceso económico -a diferencia de las empresas privadas, donde lo central es la ganancia-, parten desde lo local, tienen una visión alternativa del desarrollo, fortalecen capacidades de participación y decisión en libertad.

También porque construyen un nuevo conocimiento y una nueva empresa de manera colectiva, emplean de manera sostenible los recursos naturales, cultivan bienes comunes en armonía con el entorno y el medio ambiente, priorizan la buena vida para todas las personas sin acumulación ni injusticia, afianzan la diversidad, y fortalecen el papel y la inclusión de las mujeres con suficiencia y con dignidad.

Y, ¿qué pueden hacer las universidades?; pueden desarrollar empresas sociales en alianza con colectivos populares y con organizaciones sociales, que se beneficien del acompañamiento de docentes y especialistas; pueden investigar teórica y prácticamente sobre la economía social y solidaria, pero hacer también investigaciones que sirvan al desarrollo de las empresas, como investigaciones de mercado, desarrollo de productos, líneas de producción, mercadotecnia.

A la vez, pueden formar, en sus capacidades técnicas y teóricas, cuadros o agentes para estas experiencias; pueden hacer consultoría y asesoría a fin de mejorar las experiencias de producción, comercialización, gestión empresarial y de organización; y pueden comercializar productos, como espacios de comercialización, pero también como alianza para empresas comercializadoras.

Así que las universidades tienen mucho que hacer y aportar, y su alianza con empresas sociales y solidarias beneficiaría a las dos partes, destacó Fernández, quien consideró conveniente que la universidad latinoamericana trabaje modelos y proyectos sociales que permitan enfrentar “las lacras” que han traído la pandemia y el modelo neoliberal de los últimos 30 años, y que afiance un desarrollo eficaz, igualador, incluyente y respetuoso del medio ambiente, “y una de las piezas críticas para ello pudieran ser las empresas de economía social y solidaria”.

La universidad misma tiene que transformarse

Mas para poder responder con eficacia y suficiencia a este “desastre de cosas”, el Maestro mencionó que la universidad misma tiene que transformarse, pues si se quieren resultados distintos de la educación y de las universidades, “tenemos que hacer cosas distintas en la universidad”.

Entonces hay que concebir una universidad que incorpore junto con los saberes de la ciencia occidental, los saberes tradicionales, populares y críticos. Tiene que ser una universidad crítica y una universidad que esté atravesada por las agendas de los sectores excluidos, subalternizados y explotados, que rompan el paradigma de desarrollo hegemónico que se ha tenido.

“No es fácil, en efecto, el tema es fundamentalmente político y se necesita un consenso social importante para poder empujar esto, si no se aplasta”. No obstante, al Padre David le parece que “el tema de la economía social y solidaria es un elemento que podría ayudar a reconcebir el funcionamiento de la universidad”, y a contraponer algo más humanista y menos depredador a la dinámica empresarial de la ganancia por la ganancia.

El diálogo

El Mtro. Alberto Irezabal Vilaclara, director del Centro Internacional de la Economía Social y Solidaria (CIIESS) de la IBERO, universidad jesuita de la Ciudad de México, explicó que el diálogo La economía social y solidaria como alternativa emergente en América Latina fue un espacio pensado para resaltar las experiencias que se están construyendo desde el subcontinente, un territorio lleno de contrastes y también cargado de esperanza, que puede contribuir justamente desde este tipo de experiencias a mejorar la situación del planeta ante esta crisis civilizatoria que se enfrenta.

El Padre Emilio Travieso, jesuita que vive en Haití y pertenece al grupo de investigación de la Red Comparte, mencionó que ésta integra 16 centros sociales en 11 países de América Latina, que acompañan a más de 500 iniciativas productivas, asociaciones y cooperativas, que agrupan a más de 50 mil personas, de los cuales la mitad son mujeres.

En tanto que Maribel Morey, del Miami Institute for the Social Sciences, informó que el instituto se dedica a amplificar la producción científica de la mayoría global, para que desempeñe el papel que le corresponde en la transformación social, en el desarrollo de “nuestro mundo compartido” y en el avance teórico de las ciencias sociales.

Añadió que en el 2020 el Miami Institute comenzó sus comunicaciones en inglés, pero parte de su meta es ser un centro de diálogo en diversos idiomas, por lo que este diálogo en español es su primer paso formal hacia esa meta.

En este sentido, junto con el Mtro. David Fernández, secretario ejecutivo de AUSJAL, también participaron en el diálogo: Mtra. Gisela Herrerías, Grupo Cooperativo Quali; Mtra. Claudia Ruiz, ASERJUS Guatemala; Dr. José Andrés Fuentes, CECIS; y Mtra. Verónica Ponce, CIIESS.

Todos los y las dialogantes hablaron sobre los artículos que publicaron en el Miami Institute for the Social Sciences: ‘La importancia de las universidades en la construcción de alternativas latinoamericanas’, Fernández; ‘El enfoque de educación permanente en un proceso de economía social y solidaria: La experiencia del Grupo Cooperativo Quali y Agua para Siempre’, Herrerías; ‘Confianza y Reciprocidad: El Sistema participativo de garantías para la producción agroecológica’, Ruiz; ‘Epistemologías del Sur para la Economía Social y Solidaria’, Fuentes; y ‘Los desafíos de la Economía Social y Solidaria desde la perspectiva de género’, Ponce.

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PEDRO RENDÓN/ICM