El Gobierno de México informó que los archivos sobre el caso Ayotzinapa estarán abiertos para madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la escuela normal rural "Raúl Isidro Burgos", en Iguala, Guerrero, para que tengan acceso a la verdad histórica sobre el caso. Ante esta medida, la gente se pregunta, ¿será suficiente con ofrecer la verdad?

Para la Dra. Ariadna Salazar Quiñónez, Coordinadora de la Maestría en Derechos Humanos, adscrita al Departamento de Derecho, en nuestra IBERO, esta es una acción positiva por parte del gobierno, sin embargo dijo que no será suficiente en caso de que no se haga una investigación objetiva, se juzguen los hechos y se haga la reparación de daños correspondiente a las víctimas.

A través de un comunicado, Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), y presidente de la Comisión para el Acceso a la Verdad y la Justicia del caso Ayotzinapa (Covaj), señaló que será del 4 de enero al 4 de marzo de 2024, cuando se podrá acceder a estos documentos.

La académica de la IBERO indicó que madres y padres de los 43 estudiantes han hecho un trabajo excepcional, y explicó que al optar por una justicia transicional lograron conformar la Comisión de la Verdad. Sin embargo, lamentó que hasta el momento no se hayan esclarecido del todo las interrogantes que abundan en este tema, además de que ya ha pasado bastante tiempo del caso.

“En otros países, donde también existen comisiones de la verdad, por lo general, en un plazo de un año se inicia el proceso, se esclarecen todos los hechos y se da una explicación detallada de lo que ocurrió. Lamentablemente en México la historia viene desde 2014 (hace casi 10 años) y no ha sido del todo claro lo qué pasó”.

La académica investigadora instó a las autoridades para que se pueda hacer una reparación de daños a las víctimas acorde con sus derechos y garantías judiciales, además, reiteró que el resultado de toda la investigación objetiva debe asegurar que se dará justicia a las y los afectados.

Explicó que ahora el trabajo de las madres y los padres consiste en revisar y analizar los archivos que el gobierno mexicano puso a disposición. “Vamos a esperar estos tres meses de plazo para ver cuál es la postura de los familiares de las víctimas y poder ver si realmente hay voluntad política de seguir avanzando en ese derecho a la verdad que tanto presumen las autoridades”.

La Dra. Salazar Quiñónez subrayó que con estos procesos también se busca saber cuál fue la postura de las personas que realizaron las agresiones, cuáles fueron sus motivos y si eran dirigidos por autores materiales para perpetuar el acto.

Resaltó que además de la reparación de daños, el gobierno debe asegurar la no repetición de estos hechos, ya que “ese es uno de los objetivos principales, estudiar y analizar los errores y las malas prácticas que surgieron durante todo este proceso, y así poder tomar decisiones en cuanto a cambios de cargos o detenciones. Es una oportunidad estupenda para que se pueda demostrar que realmente se ha tenido intención de esclarecer y juzgar estos hechos delictivos tan graves”.

Actualización

Inicialmente, el Gobierno mexicano había decidido habilitar los archivos del 4 de enero al 4 de marzo, sin embargo, por intrucciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el plazo de amplió hasta el 4 de abril.

Texto: Alberto Elihú Cortés Hernández 

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