Hace cinco años, entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, cuyas edades iban de los 17 a los 25 años, desaparecieron. Este hecho, dada la lucha de sus madres y padres, se ha vuelto emblemático en torno de la desaparición de personas en México y de la respuesta ineficiente de un Estado incapaz de ofrecer una respuesta satisfactoria en relación con lo sucedido.

La desaparición ocurrió cuando un grupo de estudiantes se dirigió a Iguala con la intención de ‘tomar’ los autobuses que requerían para participar en la conmemoración del 2 de octubre y mantener viva la memoria de la represión en contra de estudiantes, en 1968. Todo se complicó cuando, se supo después, uno de los camiones, el quinto, podría ir cargado con droga, la cual sería trasladada a Chicago, de acuerdo con el Informe Ayotzinapa, entregado el 6 de septiembre de 2015 al gobierno de Enrique Peña Nieto, por Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

El quinto camión y el supuesto cargamento de droga permitirían explicar, al menos en parte, la brutalidad de que fueron objeto los 43 estudiantes desaparecidos y, en teoría y de acuerdo con la ‘verdad histórica’ del exprocurador Jesús Murillo Karam, la participación del gobierno municipal y el grupo delincuencial Guerreros Unidos, quienes los asesinarían e incinerarían en el basurero de Cocula, para luego arrojar los restos al Río San Juan, en Guerrero.

Una investigación reciente realizada por Jonathan Nácar y María Idalia Gómez, publicada por el semanario Eje Central, el 27 de septiembre de 2019, bajo el título ‘Los normalistas de Ayotzinapa, ¿siguen vivos?’, refiere que 27 teléfonos celulares atribuidos a los normalistas desaparecidos seguían siendo utilizados, al parecer por sus propios dueños, un mes y veinte días después de la noche del 26 de septiembre, lo cual podría indicar la posibilidad de que los estudiantes se encontrasen con vida. Se corroboró también que, a casi dos meses de la noche de Ayotzinapa, se hicieron llamadas a dichos celulares desde los estados de Chiapas, Guerrero, Morelos, Puebla y Ciudad de México. Estos datos fueron proporcionados por el Buró Federal de Investigaciones de los Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés), al exprocurador Murillo Karam quien habría decidido ignorar y omitir esta información al momento de declarar a los jóvenes muertos e incinerados, según afirmara María Idalia, en entrevista radiofónica con Carmen Aristegui, el 27 de septiembre pasado.

Como ya se dijo, lo ocurrido en Ayotzinapa se ha convertido en un hecho emblemático, incluso en el Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre Desaparición de Personas y Fosas Clandestinas en México 2017, ocupa un apartado especial denominado ‘Lamentables hechos de desaparición forzada registrados los días 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero’. Sin embargo, es sólo la punta del iceberg de un fenómeno de desaparición que, de acuerdo con el mismo subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, involucraría a más de 40 mil personas cuyo paradero se desconoce y cuya incidencia se concentra de manera importante en estados como Veracruz, Tamaulipas y el propio Guerrero.

Por rango de edad, se calcula que seis de cada 10 personas desaparecidas (del fuero común) son jóvenes en la franja de 15 a 39 años y que la mayoría de los desaparecidos (fuero común y federal) son varones, alrededor de tres cuartas partes.

La desaparición, por su parte, es solamente uno de los varios delitos que se comenten en contra de la población en un país desgarrado por la violencia indiscriminada y la impunidad.

Es importante decir que la incidencia de tales delitos sigue un patrón de sexo-género. Es decir, en algunos de ellos la mayoría de las víctimas son mujeres y en otros hombres. La edad también es una variable para considerar al clasificar dicha incidencia.

Así, por ejemplo, de acuerdo con datos del INEGI en 2016, se registraron un total de 23 mil 699 muertes de personas por homicidios dolosos cuya edad se ubicó en el rango de 15 y 44 años, de tal manera que 7 mil 029 fueron de personas de entre los 15 y 24 años; 9 mil 405 fueron de aquellos cuya edad estaba entre los 25 y 34; y 7 mil 265 fueron de personas entre los 35 y hasta los 44 años.

De 2007 a 2016, 46 mil 754 jóvenes fueron asesinados, principalmente con armas punzocortantes o de fuego, por golpes, ahogados o quemados, entre otras modalidades. De ese total, 41 mil 296 eran hombres, cinco mil 445 mujeres y en 13 casos se desconoce el sexo.

En el mismo reporte del INEGI, ‘Características de las Defunciones Registradas en México’, presentado en 2017, se consignó que los asesinatos son la principal causa de muerte entre los hombres jóvenes y adultos que se encuentran entre los 15 y los 44 años. Este rango de edad, en el que se encontraban los normalistas desaparecidos y supuestamente asesinados, contiene la mayor incidencia de muertes por homicidio, de acuerdo con el ‘Índice de mortalidad’ de la misma institución.

Fuera del rango de edad comprendido entre los 15 y 44 años, el asesinato se registró como la tercera causa de muerte a nivel nacional entre los niños y adolescentes que tenían entre 10 y 14, dichas defunciones sumaron un total de 234. Entre los niños de cinco a nueve años el asesinato significó la séptima causa de muerte.

Destaca en el estudio del INEGI que los asesinatos contra jóvenes se han triplicado en una década pues dicho índice tuvo un aumento de 193.5%.

Tan sólo en 2017, el homicidio fue la principal causa de muerte en hombres de 15 a 44 años (32 mil 079). Las otras dos en rango de importancia, relacionadas con causas ajenas a la salud, fueron los accidentes (36 mil 215) y los suicidios (6 mil 559). En estas tres últimas causas de muerte, se observa una mayor proporción en hombres, representando el 75.6% de los accidentes, el 88.9% de los homicidios y el 81.2% de los suicidios.

Destaca igualmente, que entre 2008 y 2017 la tasa de defunciones por homicidio en hombres alcanzó el 47%; mientras que en el caso de las mujeres fue de 5.4, siendo el promedio de 25.9%.

Los homicidios son la séptima causa de muerte en la población en general (32 mil 079) y la cuarta causa de muerte en hombres (28 mil 522). Destaca el hecho de que los homicidios y las agresiones no figuran entre las 10 principales causas de muerte en mujeres, que se relacionan todas con problemas de salud.

Antes de seguir, cabe aclarar que el hecho de que estadísticamente el porcentaje de mujeres asesinadas sea bastante menor que el de los hombres no resta importancia a la violencia sufrida por las mujeres en México.

Continuando con la información, la separación en función del sexo y la edad fue considerada también en el ‘Informe 2018’ del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF por sus siglas en inglés), que reportó que, en solo siete años, de 2010 a 2017, ocurrieron en México 10 mil 547 homicidios de niños, niñas y adolescentes, alrededor de cuatro asesinatos por día.

En el informe se hace notar que la cifra de menores de edad víctimas de la violencia de todo tipo “está en aumento... teníamos un promedio de tres por día, hasta hace unos cinco o seis años” y hoy se encuentra en cuatro. En el mismo, se indicó también que alrededor de 76% de asesinatos se cometieron en contra de niños y hombres adolescentes, siendo el grupo más vulnerable el de los menores de entre 12 y 17 años (los normalistas más jóvenes tenían 17 años), quienes representaron el 78% de las defunciones.

Igualmente, se informó que alrededor de 20% de las personas extraviadas o desaparecidas en el país, durante 2017, fueron menores de edad; de entre ellas, el 60 por ciento fueron niñas o mujeres adolescentes”.

De acuerdo con UNICEF los niños son atraídos por el crimen organizado y utilizados en actividades ilícitas, porque no se les juzga igual que a los adultos “y eso es peligroso”. En el mismo sentido, el 26 de abril de 2019, el periódico Milenio, en el reportaje ‘Inegi: en el país, 5 mil 888 niños bajo proceso o con sentencia’, incluyó el testimonio de un menor identificado como Hugo, quien señaló: “Ellos (los cárteles) reclutan a más menores de edad porque son los que salen más rápido (de los centros de reclusión para adolescentes) y los vuelven otra vez a meter a trabajar”.

Los cinco años en los que hubo más homicidios contra este sector de la población fueron: 2011, con seis mil 345; 2012, con seis mil 283; 2010, seis mil 46; 2016, cinco mil 242 y 2013, con cinco mil 105. Asimismo, en el índice de mortalidad del INEGI, se muestra como prácticamente se quintuplicó en nueve años, el número de personas, de entre 15 y 24 años, que murieron de manera violenta, pues en 2007 fueron mil 785 y en 2016 esa cifra fue de cinco mil 240.

El pasado 27 de abril, Milenio publicó también un reporte de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), que replica la relación de los hombres y las mujeres en torno a los homicidios, pero en menores de edad. Según el estudio durante el primer trimestre de 2019 asesinaron en el país a 285 niños y niñas, es decir, tres homicidios diarios. Se precisó que, del total de víctimas 234 eran niños y 51 niñas. Los estados más violentos fueron Guanajuato, con 35; Veracruz, 20, y Nuevo León, 18. Además, se lamentó que de cada 100 carpetas de investigación donde menores son víctimas, solo haya una sentencia.

Durante la Conferencia Nacional Niñez Desaparecida, el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, afirmó que entre 1995 y 2018 habían desaparecido más de 9 mil niños, con edades de 0 a 17 años. De acuerdo con REDIM durante el sexenio de Enrique Peña Nieto desaparecieron al menos 4 mil 980 menores y adolescentes, de las cuales 3 mil 067 fueron niñas (61.6%). Esta misma organización señaló que de cada cuatro desapariciones de menores (tanto niñas y niños), tres ocurrieron durante la administración pasada (75.3%). El incremento en la desaparición de menores es escandaloso como puede observarse.

Tan sólo con los datos proporcionados, pues no se incluyen aquí delitos como el secuestro y la trata de personas, se puede observar cómo la incidencia de ciertos delitos afecta de manera diferenciada a hombres y mujeres.

Lo preocupante en este caso, es que más allá de los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos y supuestamente asesinados, porque “vivos los llevaron y vivos los queremos”, no haya un movimiento nacional, como el de las mujeres, que busque parar en este país la enorme violencia sufrida por los hombres, en especial los jóvenes, quienes además formaban en 2016 el 35% de la población penitenciaria total, en un rango de edad que iba de los 18 a los 29 años y de 34% en el rango de 30 a 39 años. Esto es, que poco más de dos terceras partes de las personas en reclusión son jóvenes, según datos proporcionados por el INEGI, en su informe ‘Estadísticas sobre el sistema penitenciario estatal en México. Documentos de análisis y estadísticas 2017’.

Nuevamente, el patrón por sexo-género se reproduce pues al cierre de 2016 se registró un total de 188 mil 262 personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios de las entidades federativas, de las cuales 95% eran hombres y el 5% restante, mujeres.

Los datos anteriores llevan a reflexionar en torno a la violencia que en México se está ejerciendo, sean las mafias, sean los gobiernos, o sea quien sea y por la razón que sea, en contra de niños y jóvenes, sin descontar, por supuesto, la ejercida en contra de niñas y mujeres.

¿Cómo puede una sociedad como la mexicana no estar alarmada ante semejantes hechos? ¿Qué futuro le espera a un país que agrede y mata a sus jóvenes? ¿Qué se puede exigir a esos mismos jóvenes cuando lo que se les da a cambio es violencia y muerte?

Ciertamente, en descargo de la sociedad se puede argumentar que la dispersión de la información, las campañas de desinformación, los contenidos basura transmitidos por los medios, las preocupaciones cotidianas la mantienen lejos de los datos necesarios para formarse un juicio y actuar.

Sirva este artículo para poner los reflectores sobre lo que pasa en México con relación a las y los jóvenes cuyos casos no trascienden, pero que son tan terribles y dolorosos como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

*La Dra. Ivonne Acuña Murillo es académica del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la IBERO