El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha tomado nota de la enorme legitimidad que le fue otorgada en las urnas, de la credibilidad y la popularidad con la que cuenta y ha decidido utilizar su reputación como instrumento de presión para obligar a otros actores del sistema político mexicano a conducirse de la manera que él, pero sobre todo la opinión pública, consideran adecuada o correcta.

Esto es, antepone su reputación a las acciones y reputaciones de otros, dejando a la opinión pública la última palabra en torno a quién tiene la razón. Esta estrategia le permite remplazar, por el momento, el uso legítimo de la fuerza, privilegio con que cuenta todo Estado y, por tanto, todo gobernante que ha accedido a las urnas de manera democrática. Le posibilita también ejercer presión sobre diversos actores del sistema político incluyendo a su propio gabinete.

El primer mandatario ha aplicado esta estrategia de manera destacada en casos como el bloqueo de vías férreas por parte de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), en Michoacán, y a la respuesta insuficiente del gobernador Silvano Aureoles Conejo.  

Apelar a su credibilidad le permite también hacer llamados a la población en relación con algunos gobernadores que son abucheados por sus gobernados en eventos públicos, tratando de contrarrestar el rechazo popular de que estos son objeto, contraponiendo su propio prestigio ante la opinión pública.

Asimismo, le alcanza para presionar a los miembros de su propio gabinete en torno a presentar de manera pública su declaración patrimonial, cumpliendo así con su promesa de transparencia y rendición de cuentas y para cuestionar a los expresidentes Ernesto Zedillo Ponce de León y a Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.

Antes de entrar a la breve revisión de estos casos es pertinente aclarar el uso de los conceptos arriba propuestos.

En primer lugar, el concepto ‘reputación’, como otros, puede ser definido de diversas maneras; sin embargo, es importante resaltar aquellos otros conceptos con los que se le asocia, entre ellos destacan: prestigio, fama, notoriedad, opinión. A partir de éstos, se podrían anotar algunas definiciones mínimas de reputación como: la opinión que se tiene de alguien; la consideración, opinión o estima en que se tiene a alguien; opinión sobre personas notables por alguna característica digna de ser resaltada.

De esta manera, la palabra ‘reputación’ puede utilizarse para distinguir el prestigio y la fama construidos por un individuo en función de su actividad, trayectoria, comportamiento, acciones, valores o por ser protagonista de algún hecho relevante.

En política, la reputación es un activo necesario para el buen desempeño de las labores de gobierno; y es, al mismo tiempo, un producto del buen ejercicio público tal como lo considerara el gobernante romano Julio César, quien sostuvo que “la buena o mala reputación dependían principalmente del éxito”.  Desde el punto de vista filosófico, la buena reputación fue considerada como una virtud para Sócrates, quien afirmó que “si quieres gozar de una buena reputación, preocúpate en ser lo que aparentes ser”; por su parte, Hesíodo, autor de Los trabajos y los días, advirtió del error de despreciarla: “Una mala reputación es una carga, ligera de levantar, pesada de llevar y difícil de descargar”.

Visto así, la reputación “está hecha de dos materiales extremadamente volátiles: la coherencia -es decir, la correspondencia entre lo que se es y lo que parece ser- y el éxito -es decir, la culminación de los objetivos positivos que se persiguen”. (Reputación y liderazgo, Llorente y Cuenca).

La importancia de la reputación asociada con la apariencia no pasó desapercibida para el padre de la ciencia política moderna. En el capítulo XVIII de su obra más conocida, El Príncipe (1513), Maquiavelo sostiene que “cada uno ve lo que pareces, pero pocos palpan lo que eres y estos pocos no se atreven a enfrentarse a la opinión de muchos”. Se infiere de la cita que la apariencia es para el florentino un recurso que el gobernante debe moldear de manera que sus gobernados vean en él lo que quiere que vean.

En este punto, Maquiavelo hace una referencia indirecta a un concepto actual, el de “la imagen”, tan relevante en un momento en que la política no puede existir sin los medios de comunicación.

Unos siglos después, en el XVIII, otro pensador, Jean Jacques Rousseau, utilizó por primera vez (1744) en una carta, el concepto de ‘opinión pública’, asociándolo con la reputación. Para el ginebrino la opinión pública “es un tribunal de cuya desaprobación hay que protegerse” y es la reputación la que se pone en riesgo una vez que se ha caído en las manos de dicho tribunal. Justo aquí es donde la estrategia de López Obrador cobra sentido.

Cuando apela al ‘tribunal de la opinión pública’, muy claramente en el caso de los profesores de la CNTE, hace dos apuestas: por un lado, a la propia reputación que por años él mismo se ha encargado de construir y mantener (la apariencia diría Maquiavelo, la imagen diríamos hoy); por otro lado, al desprestigio, la mala fama que acompaña a los profesores integrantes de la CNTE. Descrédito creado de manera muy importante por la imagen que los gobiernos anteriores construyeron en torno a los profesores disidentes, misma que fue reproducida hasta la saciedad por ciertos medios de comunicación, y a la que en algunos momentos han contribuido los mismos docentes con acciones que a todas luces dañan los intereses de terceros, comenzando por los niños y niñas que se quedan sin clases, o como en el caso que se cita, bloqueando vías ferroviarias en Lázaro Cárdenas, Múgica, Uruapan, Pátzcuaro, Maravatío, La Piedad y Yurécuaro, Michoacán, impidiendo el abasto de combustibles, mercancías perecederas y otro tipo de productos.

Para no contribuir al desprestigio creado por gobiernos anteriores y desde los medios, se afirma, en descargo de los docentes que decidieron impedir el paso de trenes, que estas acciones responden a la falta de solución a una demanda expresada anteriormente y por otros medios: el pago de la primera quincena de enero y de bonos y prestaciones no pagados desde 2017.

A pesar de que el pago reclamado no es una responsabilidad del gobierno federal, para frenar la toma de las vías del tren y las pérdidas económicas por ella generadas, el presidente López Obrador decidió enviar a Michoacán, a cuenta de las participaciones federales designadas al estado, mil millones de pesos, los cuales son sólo parte de los fondos necesarios para los pagos correspondientes.

No obstante, esos envíos, mismos que no llegaron directamente a las manos de los docentes sino a las arcas del gobierno estatal, los profesores de la CNTE decidieron mantener el bloqueo. Es esta acción la que lleva al primer mandatario a anteponer su reputación y legitimidad al desprestigio de los profesores disidentes, presionándolos a abandonar su posición y acceder a la mesa de negociación abierta para resolver el problema que llevó al sitio de las vías ferroviarias.

En la conferencia de prensa del 28 de enero, López Obrador dijo estar confiado en la respuesta positiva de los docentes al tiempo que los fustigó con la amenaza de merecer un dictamen negativo ante la opinión pública, como se puede observar en la siguiente cita: “Yo espero que tengan (…) conciencia de que ya se les atendió. Tomen (…) la decisión de liberar las vías, eso es lo que yo espero. No lo descarto porque ya no habría motivo. Ya sería pues (…) un capricho y entonces pues (…) no quedarían bien, serían mal vistos. Porque, les adelanto eh, no voy a dar la orden de reprimir al pueblo. No es debilidad, es que me voy a apoyar en la fuerza de la opinión pública”.

Dos detalles son dignos de ser resaltados en esta declaración: primero, el presidente hace referencia a la idea de ‘ser mal vistos’. Interesante reflexión que apunta a lo que John Thompson, teórico estadunidense de los medios de comunicación, llama la ‘ley de la visibilidad compulsiva’, que tiene en el centro la ‘necesidad’ que los diversos actores de la vida pública tienen ‘de ser vistos’, pero también a la imposibilidad que supone el ‘no ser vistos, dado el predominio de los medios de comunicación. Segundo, que anteponga la fuerza de la opinión pública al uso legítimo de la fuerza pública. Con esto, López Obradorb se coloca a la vanguardia de una nueva forma de hacer política, la cual recupera a la democracia, pensada no sólo como el gobierno del pueblo, sino como el ‘gobierno de la opinión’, como bien la entendieran el filósofo David Hume y el filósofo y economista Adam Smith.

Ya puestos en este tenor, López Obrador no desperdició la ocasión de enfatizar la responsabilidad del gobernador michoacano, Silvano Aureoles Conejo, al afirmar, en la conferencia de prensa de la mañana del 30 de enero: “De repente se da este bloqueo a las líneas de ferrocarril en momentos en que se nos presentó el problema del desabasto de combustible. Fue así, este… muy sorpresivo (…) con esta demanda que no corresponde resolver al gobierno federal. Es un asunto de falta de pago a maestros estatales, es una responsabilidad del gobierno del estado. Al mismo tiempo, el gobernador se va a una gira de trabajo a Europa, (…) no se atiende el problema”.

De manera clara, el primer mandatario no reparte culpas, sino responsabilidades. Después de su extrañamiento por ‘lo repentino’ de la protesta, afirma la responsabilidad de las autoridades estatales, entiéndase el gobernador Aureoles, y de su falta de atención al problema. Nuevamente, antepone su reputación a la de un gobernador que no las tiene todas consigo, pues desde que inició su gestión ha sido señalado como un gobernante frívolo que utiliza los recursos públicos para caprichos personales como cuando, al inicio de su gestión, facilitó un helicóptero oficial a la cantante Belinda para que esta pudiera acudir a un evento del Papa Francisco y hablar con él. Más recientemente, Aureoles ha renovado, con cargo al erario, su guardarropa, en el que destacan trajes sastre con un costo de 300 mil pesos cada uno, como reportó el periódico La Jornada, el 17 de diciembre de 2018, en el artículo ‘Silvano Aureoles, impunidad intocable’.

En esta situación, la responsabilidad directa por el retraso de estos pagos es del gobernador quien no programó en el presupuesto anual estos pagos, a decir de los propios dirigentes de la Sección 18 del Sindicato Nacional de la Trabajadores de la Educación (SNTE), quien desatendió el asunto y dejó escalar el conflicto por alrededor de una semana so pretexto de un viaje de trabajo a Europa. Es de notar que desde finales del mes de noviembre de 2018 Aureoles buscó, de manera unilateral, regresar los servicios de educación básica y normal al gobierno de la República, ya que su pago ha significado al estado de Michoacán, a decir de él mismo, un déficit financiero por pago de nómina y prestaciones de cuatro mil 200 millones de pesos en lo que va de su administración.

En el mismo artículo de La Jornada se habla de la simulación en la que incurre el gobernador michoacano, como cuando se llevó a cabo una supuesta entrega de tabletas digitales a estudiantes de sexto de primaria, mismas que después del evento público y de tomada la foto volvieron a las manos del equipo del gobernador. Se menciona igualmente el hecho de que personal de la Universidad Michoacana y de otras instituciones de educación superior, así como personas pensionadas, no habrían recibido su salario desde octubre.

Se sostiene en el artículo que “esto es apenas un botón de muestra de la magnitud de la corrupción que se vive en Michoacán, de la crisis agudizada en gran parte por la frivolidad de un gobernador que no tiene escrúpulos”, proporcionando a la opinión pública los elementos para cuestionar su reputación y al presidente los elementos para anteponer su propia reputación a la del gobernador michoacano.

Como Aureoles Conejo, quien fue abucheado durante la visita del primer mandatario a su estado, otros gobernadores han sido exhibidos por sus gobernados en las giras que cada fin de semana realiza el presidente de la República, entre ellos: Alejandro Moreno Cárdenas, de Campeche; Miguel Ángel Riquelme Solís, de Coahuila; José Rosas Aispuro, de Durango; Alfredo del Mazo Maza, del Estado de México; Héctor Astudillo Flores, de Guerrero; Omar Fayad Meneses, de Hidalgo; Alejandro Murat Hinojosa, de Oaxaca, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, de Nuevo León; Arturo Núñez Jiménez, de Tabasco; Juan Manuel Carreras López, de San Luis Potosí; Marco Antonio Mena Rodríguez, de Tlaxcala; Cuitláhuac García Jiménez, de Veracruz; Alejandro Tello Cristerna, de Zacatecas. Con excepción de Cuitláhuac García, de Morena, Silvano Aureoles y Arturo Núñez, del PRD, los demás mandatarios estatales pertenecen al PRI.

En este caso, destaca la intención del presidente López Obrador de apaciguar el malestar ciudadano mostrado por la población en los eventos públicos que encabeza a lo largo del país. De manera visible, lo hecho por los gobernadores mencionados no es aprobado por sus gobernados, quienes no tienen empacho en mostrar su enojo e incluso corear el conocido ‘fuera’ cuando los mandatarios estatales hacen uso de la palabra. Por el contrario, esa misma ciudadanía se ocupa de mostrar su apoyo al presidente en turno, como ocurrió en Nuevo León, donde una mujer gritó: “Tenemos fe en usted”, mientras que un hombre vociferó: “No como el otro que está a tu lado”, en clara referencia a el Bronco. Igualmente, en Tlaxcala, donde al tiempo que abucheaban, chiflaban al gobernador, incluso le mentaban la madre, coreaban su apoyo al presidente: “AMLO, amigo, el pueblo está contigo”, “Es un honor estar con Obrador”.

No pueden dejarse pasar las palabras del primer mandatario, quien se ha mostrado molesto ante dichas protestas: “Digo esto para que se vaya aceptando y actuemos de manera respetuosa con todas las autoridades (…), yo sé que hay celos, hay sentimientos, pero ya tenemos que unirnos todos y les quiero decir con toda franqueza que nos está apoyando, estamos trabajando de manera coordinada con el gobernador de Tlaxcala”, a pesar de lo cual continuó el “fuera, Mena”. En Tlapa de Comonfort, Guerrero, tuvo que interrumpir para que dejaran hablar al gobernador: “Hay que portarnos bien, ya acabó la campaña, ahora es el gobierno y tenemos que ser respetuosos. No se resuelve nada a gritos y a sombrerazos”. En Coahuila, intervino antes que el gobernador para pedir respeto a todos y ‘urbanidad política’.

La pregunta necesaria en este caso es: ¿hasta dónde le alcanzará al presidente de la República para cubrir con su reputación, popularidad y credibilidad, en un afán de reconciliación y trabajo conjunto, el desprestigio y mala fama de los mandatarios estatales que en los últimos sexenios perdieron, si es que algún día la tuvieron, la vocación de servir, y se dedicaron a hacer del servicio público la vía para enriquecerse y apoderarse de los bienes de la nación, a costa de sus gobernados.

La imagen construida por AMLO le permite, igualmente, exponer públicamente el actuar de dos expresidentes, de Ernesto Zedillo y de Felipe Calderón, quienes han ocupado puestos en empresas extranjeras beneficiadas durante sus administraciones, como afirmó en la conferencia de prensa del 5 de febrero: “No se vio bien (haciendo referencia de nuevo a la cuestión de la visibilidad), no es ético. Zedillo promueve la privatización de los ferrocarriles y termina su mandato y se va a trabajar de asesor a una de las empresas que se beneficiaron con la privatización de los Ferrocarriles Nacionales. Se rescata a los bancos con el Fobaproa y también trabaja en uno de los bancos rescatados. En el caso de Felipe Calderón, tiene relaciones con las empresas extranjeras, como una empresa que no voy a mencionar su nombre (la cual vende energía a la Comisión Federal de Electricidad), termina su mandato y se va de consejero de esa empresa. ¿Está bien eso? Les pregunto a ustedes”. Esta pregunta hecha a los reporteros y reporteras que cubren la fuente, recoge a la perfección el papel asignado a la opinión pública, desde inicios del siglo XIX, ser la observadora crítica de la política.

Pero no son los políticos ajenos a su partido o a su gobierno los únicos a los que el presidente expone ante la opinión pública. Cabe decir, que la estrategia de reconocer a la opinión pública la posición de juez la aplicó López Obrador a los miembros de su propio gabinete, con el ultimátum lanzado para que presentaran su declaración de bienes, instándolos abierta y públicamente a hacer sus declaraciones. De tal manera que, de no hacerlo, no los juzgaría sólo el primer mandatario, sino que quedarían expuestos al ojo público, no dejando con ello espacio para la discrecionalidad o los acuerdos en privado, en caso de que alguno o alguna no quisiera hacerlo.

Hasta aquí se han mostrado tan sólo algunos casos en los que se observa cómo se va prefigurando el estilo personal de gobernar de Andrés Manuel López Obrador, como diría el experto en sistema político mexicano, Daniel Cosío Villegas. El actual mandatario bien podría estar inaugurando una nueva forma de hacer política.

*La Dra. Ivonne Acuña Murillo es académica del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la IBERO