ANÁLISIS: ¿Por qué se desató la violencia en Quintana Roo?

Jue, 19 Ene 2017
Experto en seguridad afirma que lo ocurrido en un festival de música y a instalaciones del gobierno local son eventos complementarios
  • Foto: Noticieros Televisa
Por: 
Mtro. Erubiel Tirado*

Además de la incertidumbre política y económica en nuestro país, enero tiñe de sangre nuestro ánimo con el necio recordatorio de la crisis de seguridad que padecemos. Cancún y el corredor turístico circundante (la pomposa Riviera Maya) son ahora el escenario de una disputa abierta entre cárteles del crimen organizado y el narcotráfico por el control de los negocios ilegales de la zona así como un claro desafío a los gobiernos estatal y federal. Las manifestaciones de violencia son diferenciadas y así hay que considerarlas en el análisis. Por un lado, el tiroteo (con víctimas mortales) suscitado en el contexto de un festival de música electrónica, en Playa del Carmen, dirigido hacia la atracción turística del exterior y, por otro, el ataque a un centro de vigilancia de seguridad (denominado “C4”, comando, control, cómputo y comunicaciones) por un comando armado deben mirarse como eventos complementarios y que responden a una misma sintomatología criminal.

Síndrome reactivo ante la necia realidad

En menos de 48 horas se registraron dos tiroteos y nueve muertos con casi dos decenas de heridos con una respuesta previsible junto con la retórica a la que nos tiene acostumbrados las autoridades locales y federales. Esto sin contar la pretensión inicial de minimizar la primera balacera como si fuera un pleito de cantina. La realidad, como siempre, se impone con una complejidad que requiere una respuesta y acciones más inteligentes.

En el caso de la discoteca de Playa del Carmen, destaca un entorno de venta y consumo habitual de drogas y que se mimetiza con el cosmos orgánico de prácticas delictivas de la zona: extorsión, cobro ilegal de derecho de piso, trata de personas, prostitución, etc., donde la celebración de un evento musical es sólo un pretexto dentro de un esquema de operación criminal que permea las estructuras de gobierno y comercio locales. Esta realidad subyacente es ignorada en forma deliberada no sólo por las autoridades locales y federales sino también por las notas, análisis y comentarios de medios.

Como botón de muestra está la falta de cuestionamiento sobre la naturaleza migratoria y la situación irregular del desempeño (¿ilegal?) de varias de las víctimas que en forma eufemística se señalaron como staff de seguridad y que eran de origen extranjero y que laboraban en el lugar. Una simple indagatoria al respecto, independiente de la motivación que provocó la balacera (y que apunta hacia el crimen organizado), dejaría mal parados a funcionarios no sólo municipales sino federales.

Sobre Cancún, en particular, debe decirse que las señales de la problemática y crisis por la que atraviesa y que quedó de manifiesto el 17 de enero, estaban en las mediciones del INEGI: una alta percepción de inseguridad de la población (73.9% de los mayores de 18 años expresaron en diciembre que consideraban inseguro vivir en dicha ciudad) junto con la prevalencia de “motivos que generan conflictos o enfrentamientos”, cuya percepción dio un salto significativo en un solo trimestre, que pasó de 30.9% (septiembre de 2016) a 43%. Así las cosas, sólo era cuestión de tiempo esperar el momento de la explosión de la violencia criminal. Esto nos muestra la falta de previsión de las autoridades locales y del nuevo gobierno.

El otro extremo de esta línea de análisis no es menos preocupante porque apunta hacia la dinámica cruenta de reacomodos y disputas entre organismos criminales en una región donde se observa el fenómeno con más claridad, al menos desde hace una década. Para los analistas de inteligencia federal, desde hace tres lustros al menos, la Península representa mucho. Tiempo atrás que Cancún dejó de ser un laboratorio de operación y control sobre el tráfico, venta y consumo de dogas y forma parte importante de un enclave estratégico como es la Península de Yucatán y de Quintana Roo en particular.

La región es puerta de entrada de drogas y de salida de las ganancias ilegales. De ahí que si bien, no sorprende la violencia que se expresa en el incidente de la discoteca, llama la atención el ataque (con la muerte de un oficial de policía y tres más heridos) a un centro importante de vigilancia que, supuestamente, sirve para prevenir la comisión de delitos y de garantizar la seguridad de los habitantes y visitantes de la zona. La descripción del ataque también sorprende por la alta capacidad de fuego de los perpetradores (tres de ellos murieron en el enfrentamiento) y que denota el origen de su naturaleza criminal: Más aún sorprende el hecho mismo junto con la pretensión, según afirman las autoridades, de destruir con granadas el centro neurálgico del sitio. No hay precedentes de este tipo de ataques en el país.

Esto ocurre en la alborada de una nueva administración estatal y con el evidente reacomodo de grupos criminales que han operado de manera intermitente en cuanto a su dominio en la zona. El desafío está planteado y sus términos no tienen precedentes, pese a que ahí se dio el caso de nuestro primer narco-estado y cuyo estratega o peón que operaba desde el gobierno estatal, recién fue repatriado a nuestro país (Mario Villanueva).

Esta sintomatología alarmante debe preocupar y ocupar a los estrategas y operarios de la seguridad del país, cuyas acciones deben ir más allá del envío y presencia de policías federales pertenecientes a la Gendarmería.

*El Mtro. Erubiel Tirado es coordinador del Diplomado en Seguridad y Democracia en México en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México

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