Hace una semana que el reportaje del The New York Times (NYT) y el informe Gobierno Espía, elaborado por Citizen Lab (Universidad de Toronto), Artículo 19, R3D y Social Tic, develó, con suficiente información y evidencia documental, que en México se espía a periodistas, personas defensoras de derechos humanos y activistas sociales que son voces críticas en la actual situación de corrupción e impunidad que vive el país.

La Plataforma contra la Impunidad y la Corrupción se solidariza y respalda el trabajo que realizan, de forma individual y en sus respectivas organizaciones, las personas que hasta ahora aparecen como víctimas de intrusión en sus comunicaciones privadas.

Una vez conocida esta información, las y los afectados presentaron una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR). Sin embargo, el presidente Peña Nieto desestimó los señalamientos, los tildó incluso de falsos y revirtió hacia las víctimas la carga de probar la afectación sufrida. Declaraciones de este tipo, son evidencia de que los gobernantes mantienen una política de responsabilizar a las víctimas de las violaciones de que son objeto. Al mismo tiempo pretenden ignorar que es estricta responsabilidad de las instituciones de procuración de justicia y administrativas esclarecer hechos como los denunciados y deslindar responsabilidades. En este caso la acusación recae directamente sobre el Ejecutivo y la única posibilidad existente es pedirle al mismo Ejecutivo que investigue.

Sin duda se requiere de una investigación penal, pero de acuerdo con las distintas implicaciones y la gravedad de las afectaciones que puede generar un acto pluriofensivo. Es el caso del espionaje ilegal, que contraviene normas penales, constitucionales y convencionales, cuando se efectúa sin control alguno y contrariamente a los fines legítimos que pudiera tener; por tanto la investigación debiera abordar esta conducta desde un enfoque que abarque no solo delitos relacionados con libertad de expresión, sino también responsabilidades penales y administrativas de servidores públicos así como mecanismos que garanticen la prohibición absoluta del uso indebido de herramientas de investigación criminal y el estricto apego de éstas a rigurosos controles constitucionales.

Limitar la respuesta estatal sólo a la persecución penal, bajo el enfoque de afectaciones a la libertad de expresión, significa ignorar otros aspectos igual de relevantes para el combate a la impunidad. Bajo esta perspectiva, será difícil garantizar la no repetición de estos hechos y ejercer controles efectivos sobre este tipo de actos, cuyas afectaciones aún no se han dimensionado.

Por ello, consideramos que el grupo de apoyo técnico anunciado el día de ayer por la PGR se inscribe en una lógica de investigación sumamente estrecha y podría tender al control político de daños, pero no al esclarecimiento de los hechos.

En las actuales circunstancias de violencia y criminalidad exacerbada, la inteligencia del Estado tendría que estar destinada a reunir información para profundizar en el conocimiento de las dinámicas de la delincuencia y de esa manera diseñar estrategias de seguridad novedosas y que apunten al éxito.

Sin embargo vemos que el uso de la inteligencia se pervierte y se endereza contra  periodistas, personas defensoras de derechos humanos y activistas sociales; probablemente para intimidarlos y hacerlos desistir de sus respectivos trabajos, lo cual contraviene diferentes obligaciones estatales y genera suspicacias respecto de los controles democráticos que debieran pesar sobre ciertas instancias.

La compra de software de espionaje y su uso malicioso es una evidencia de corrupción pues se emplean recursos públicos para propósitos ilegales y se erosiona aún más la poca credibilidad de las instituciones públicas. Corrupción alentada por la clara conciencia de que no habrá consecuencia alguna por estos delitos penales y administrativos.

Por tanto la Plataforma Contra la Impunidad y la Corrupción demanda de las autoridades las siguientes acciones:

• Suscribimos la exigencia de establecer un panel de expertos independientes nombrados y auspiciados por organismos internacionales de derechos humanos, pues estamos ante la paradoja que el Ejecutivo (PGR) debe investigar al mismo Ejecutivo.
• Establecer un mecanismo de seguimiento puntual y rendición de cuentas al Plan de investigación de la PGR para que efectivamente se agoten todas las líneas de investigación.
• Que los órganos internos de control de la SEDENA, CISEN y la Visitaduría General de la PGR realicen las respectivas investigaciones internas para determinar qué funcionarios, e incluso particulares, tuvieron acceso al uso de cualquier programa de espionaje y el uso realizado del mismo.
• Se transparenten los contratos respectivos, para determinar su apego al marco jurídico y poder conocer las personas que pudieron tener acceso a esta información.
• Al Congreso que inicie un proceso de cambios al marco jurídico para asegurar transparencia y rendición de cuentas respecto de la compra de cualquier tipo de tecnología de intervención de comunicaciones, así como el establecimiento de controles que eviten el uso indebido como en este caso
• Hacemos un llamado al Instituto Nacional  de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) para que garantice el acceso a la información de la adquisición y uso de esta tecnología intrusiva, evitando la secrecía bajo un abusivo uso del concepto de seguridad nacional.

Plataforma contra la Impunidad y la Corrupción

Alarbo AC

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C. (CADHAC), Monterrey, Nuevo León

Católicas por el Derecho a Decidir

Causa en Común A.C

Centro de Derechos Humanos de la Montaña "Tlachinollan", Tlapa, Guerrero

Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, León, Guanajuato (CDHVD)

Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, A.C (CASEDE)

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH)

Comunicación e Información de la Mujer AC (CIMAC)

Dirección de Programas de Incidencia de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México

Centro Diocesano de Derechos Humanos Fray Juan de Larios A.C, Saltillo, Coahuila.

Idheas Litigio Estratégico en Derechos Humanos A.C

Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB)

Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C

Justicia Pro Persona A.C

Justicia, Derechos Humanos y Género A.C

México Unido Contra la Delincuencia A.C (MUCD)

Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, A. C (ProDESC)

Renacer Lagunero A.C, Torreón, Coahuila

Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF)

Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)

Plataforma Internacional contra la Impunidad (Guatemala)

Abel Barrera, Defensor de derechos humanos

Alberto Olvera, Investigador de la Universidad Veracruzana

Alejandro Anaya, Investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE)

Aleida Calleja, Experta en libertad de expresión

Ana Yeli Pérez Garrido, Defensora de derechos humanos de las mujeres

Ángeles López, Defensora de derechos humanos

Aram Barra, Experto en derechos humanos

Armando Rodríguez, Experto en temas de seguridad

Carolina Pimentel, Defensora de derechos humanos

Carlos Peralta, Investigador del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), Guadalajara, Jalisco

Christiane Coste, Experta en protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos

Daniel Gershenson, Defensor de derechos humanos.

Daniela Pastrana, Periodista

Denise González, Coordinadora del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana

Eliana García, Defensora de derechos humanos

Elisa Gómez, Promotora de diálogo político

Eloísa Acosta, Defensora de derechos humanos

Ernesto López Portillo, Consultor internacional en seguridad ciudadana

Edgar Cortez, Defensor de derechos humanos

Fabián Sánchez, Defensor de derechos humanos

Guillermo Trejo, Investigador de la Universidad de Notre Dame, Indiana, EUA

Ina Zoon, Experta internacional en derechos humanos, Open Society Foundations Justice Initiative

Jacobo Dayán, Experto en Memoria y Verdad

Jaime García Chávez, Coordinador Unión Ciudadana de Chihuahua

Jesús Ibarra, Director de la Maestría de Derechos Humanos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO)

Jorge Fernández Souza, Magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo CDMX

José Antonio Caballero, Investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE)

Jorge Javier Romero, Profesor-investigador Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco

José Luis Caballero, Académico - investigador de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México

Jorge Verástegui, Defensor de derechos humanos

Juan Carlos Arjona, Tutor de la Maestría de Derechos Humanos y Democracia de la Facultad Latinoamerica de Ciencias Sociales (FLACSO México)

Juan Carlos Gutiérrez, Defensor de derechos humanos

Julián Mejía Berdeja, Activista social        

Layda Negrete, Especialista en temas de justicia

Lucia Lagunes, Periodista

Luis Daniel Vázquez, Profesor investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y de FLACSO-México

Luis González Placencia, Defensor de derechos humanos y académico de la Universidad Autónoma de Tlaxcala

Maite Azuela, Defensora de derechos humanos

Mara Hernández Estrada, Investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE)

María de la Luz Estrada, Defensora de derechos humanos de las mujeres

María Elena Morera, Especialista en seguridad pública

María Teresa Juárez, Periodista

Marcela González Duarte, Académica de la Facultad de Derecho Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Marcela Turati, Periodista

Mariclaire Acosta, Defensora de derechos humanos

Michael Chamberlin, Defensor de derechos humanos

Pablo Girault, Empresario

Paulina Vega, Defensora de derechos humanos

Pablo Reyna Esteves, Director de Programas de Incidencia de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México

Roberto Hernández, Abogados con Cámara

Rocío Culebro, Defensora de derechos humanos

Rubén Aguilar, Académico Universidad Iberoamericana, Ciudad de México

Sandra Ley, Profesora-investigadora Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE)

Ximena Andión, Directora del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir