Ausente, participación social en Programa Sectorial de Educación

Lun, 14 Sep 2020
Afirman que la propuesta de gobierno refleja un desdén hacia los organismos 'intermedios', sindicatos, ONG, y las niñas, niños y adolescentes
  • Participantes en la mesa 'Rectoría del Estado en la educación y consenso nacional'.
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AUSENTE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN EL PROGRAMA SECTORIAL DE EDUCACIÓN 2020-2024

En el Programa Sectorial de Educación 2020-2024 (PSE), dado a conocer el pasado 7 de julio por la Secretaría de Educación Pública (SEP), se refleja un desdén de la administración actual hacia los organismos 'intermedios', los sindicatos, las organizaciones de la sociedad civil, y las niñas, niños y adolescentes, lo cual limita los márgenes de participación social en torno al proyecto educativo de nuestro país.

En lo anterior coinciden especialistas que participaron en el Seminario Programa Sectorial de Educación 2020-2024: Diagnóstico, propuestas y retos para su implementación, convocado por el Faro Educativo del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación (INIDE-UIA) de la Universidad Iberoamericana, por el Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia (ODEJ) del CEA-MOPE, y el Departamento de Educación de la IBERO.

De acuerdo con la Nota informativa Nº8 del Faro Educativo del INIDE, el martes 18 de agosto se realizaron las últimas dos mesas temáticas del seminario, en las cuales especialistas discutieron el objetivo prioritario del Programa Sectorial de Educación alrededor de la 'Rectoría del Estado en la educación y consenso nacional' y 'Las políticas y presupuestos implicados en la implementación del PSE'.

Alejandro Canales Sánchez, académico del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE) de la Universidad Nacional Autónoma de México, afirmó que en el PSE se plantea como solución al problema de la corrupción la entrega directa –sin intermediarios entre el gobierno federal y los beneficiarios– de recursos; lo que se relaciona con el desdén de la administración actual hacia los organismos 'intermedios' como el Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU) o el extinto Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).

Canales Sánchez dijo también que “el interlocutor referente de este PSE no son los sindicatos –como en el sexenio pasado, que se declaraba objetivo la recuperación de la rectoría de la educación– sino, en buena medida, los otros dos órdenes de gobierno: el estatal y el municipal, en una visión de desconfianza a la descentralización”.

Sobre la participación social en educación, Canales Sánchez señaló que el actual gobierno “no ha sido particularmente sensible” a posiciones críticas, sugerencias y propuestas. Con todo, dijo, “ha habido muestra de que cuando la presión de las organizaciones de la sociedad civil o de otras instancias es mayor, sí puede rectificar”.

Mauro Jarquín, politólogo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, profesor del Colegio de Pedagogía de la misma institución y colaborador del diario La Jornada, resaltó que es importante incorporar los procesos políticos a la discusión, ya que ello abre la posibilidad de desmontar ideas que se han generado como "consensos" entre algunos grupos sociales en torno al proyecto educativo de este gobierno.

Entre estas ideas, abundó Jarquín, se encuentra la noción que permea, sobre todo en el magisterio nacional, de que estamos frente a una ruptura del gobierno actual respecto a gobiernos anteriores; también el que estamos ante una propuesta de política educativa que representa una cara amable frente a un proceso de reforma anterior que tenía como fin último incrementar la incidencia de actores privados en la educación.

Por último, dijo que este tipo de ideas han encontrado una base fuerte en un escenario “inédito” para el país caracterizado por “la personalidad y política populista del actual presidente” que implica que, en cada propuesta de política educativa, persiste un presupuesto de legitimidad de origen por el triunfo electoral.

Roberto Rodríguez, académico del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la UNAM, dijo que la rectoría del Estado en la educación ha sido un tema que ha estado en el centro de la discusión desde hace mucho tiempo –alrededor de 150 años– y que la administración actual la propuesta parece dar continuidad a lo que se inició en el sexenio anterior al centralizar en la SEP la conducción de las políticas educativas y revertir el proceso de descentralización en otros actores e instituciones, tanto administrativa, como curricularmente.

La paradoja es querer hacerlo con menos presupuesto y con una capacidad administrativa disminuida. Ejemplo de ello es la desaparición de la Subsecretaría de Planeación, antes encargada de la elaboración de la redacción y seguimiento del PSE.

Roberto Rodríguez también se refirió al hecho de que en el diagnóstico del objetivo del PSE revisado en las mesas de trabajo se enuncia que las decisiones ya no se van a tomar de manera vertical; es decir, se sostiene que las decisiones antes se tomaban desde la presidencia, la SEP y las secretarías de educación estatales, pero que, ahora, las decisiones no dependerán de estos actores, sino de algo parecido a una democracia participativa; sin embargo, hasta el momento, las acciones gubernamentales “van en sentido contrario” a esta declaración.

A manera de conclusión Roberto Rodríguez comentó que se tendrían que pensar cuáles son las formas de incidencia desde la sociedad y transitar hacia una etapa en que la rectoría de la educación la tenga la sociedad y no el Estado.

Úrsula Zurita, académica de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) sede México, afirmó que en el supuesto nuevo paradigma de gobernanza del PSE se propone generar mecanismos de participación activa con enfoque de derechos y perspectiva de género. Ello, dijo la panelista, es singular y trascendente, pero no tiene la centralidad, congruencia y consistencia en el PSE, por el contrario, se observa la continuidad de una visión de la participación supeditada a la autoridad federal, no se menciona a todos los actores, organismos e instituciones que ya están funcionando, que se acaban de crear o que cambiaron de nombre, y a ello se suma que el gobierno ha abierto las puertas a algunos actores –según sus alianzas con ciertos grupos de interés–, pero se las ha cerrado a otros –especialmente de donde emanen críticas u opiniones diferentes a las oficiales–, lo que dificulta que se puedan abrir espacios para la participación y el debate.

Úrsula Zurita dejó en claro que quienes siguen pagando los costos de la invisibilidad histórica son las niñas, niños, adolescentes y jóvenes porque se incluye la posibilidad de que participen, pero de manera muy limitada. Se asume que su participación consiste en hacer cosas en la escuela, pero no se ha reconocido la dimensión del derecho a su participación. Al respecto, destaca que otra vez las sociedades de alumnos no aparecen en ningún lado.

Jesús González Alcántara/ICM

 

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