Soñemos, por un momento, que los aspirantes y la aspirante a la presidencia intentaran hacerse de adeptos a través de la socialización de sus propuestas y no mediante burdas estrategias publicitarias y prebendas. Supongamos, después, que sus propuestas fueran relevantes, al surgir de un sesudo análisis de la realidad del país que diera como resultado la identificación de sus más acuciantes necesidades.

Aun si este análisis no fuera exhaustivo, la crisis medioambiental hubiera brotado rápidamente como una prioridad nacional, y es que el estado crítico de las problemáticas ambientales así lo demanda. Según el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (2016), México es uno de los países más vulnerables ante los efectos del cambio climático; asimismo, pertenece a una de las regiones más peligrosas para los activistas defensores del medio ambiente. La desertificación, la pérdida de biodiversidad, la crisis hídrica y la gran cantidad de conflictos socioambientales en el territorio nacional se suman a la larga lista de urgencias que atender.

Sin embargo, estos apremios poco se ven reflejados en las propuestas de los candidatos y la candidata a la presidencia, en donde el tema ambiental se trata como un requerimiento discursivo con el que hay que cumplir. No hay agenda ambiental a pesar de que la mayoría de quienes aspiran a la presidencia asegura su importancia.

En algunos de los planes nacionales, el medio ambiente simplemente no es tomado en cuenta y sólo aparece en declaraciones aisladas con el pretexto de la transversalidad del tema, pero con un fondo de indiferencia e incomprensión. Otros proyectos que sí dedican apartados a lo ambiental presentan contradicciones entre las iniciativas de este corte y las de índole social y económico. En todos los casos faltan estrategias y metodologías para atender la situación ambiental.

Cabe mencionar que las políticas ambientales de todos los candidatos y la candidata sientan sus bases en el paradigma del desarrollo sostenible, una visión débil de la sustentabilidad que reproduce la visión mercantilista de la naturaleza y sólo busca paliativos que permitan perpetuar el actual modelo civilizatorio. Cualquier política emanada desde este enfoque resultará insuficiente frente a un reto como la crisis ambiental mexicana, que exige transformaciones radicales.

En este sentido, no esperamos que surja de la silla presidencial una política ambiental verdaderamente efectiva. La construcción de una sustentabilidad fuerte ha estado siempre en el día a día de las personas de a pie, quienes con su vida defienden sus territorios del despojo y buscan la construcción de alternativas al modelo hegemónico. Pero, sin duda, las decisiones de quien asuma la presidencia pueden sentar las condiciones para el desarrollo pleno de las libertades y los derechos de los y las activistas.

Sabemos del grave peligro que representa luchar por el medio ambiente en México. En su Informe anual sobre la situación de personas defensoras de los derechos humanos ambientales en México 2017 (2018), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) reportó 88 casos de ataques a estos defensores en el periodo 2016-2017, siendo el Estado, en sus tres niveles, el principal agresor. El caso del asesinato de una de las fundadoras del cuerpo de guardabosques de Cherán, Guadalupe Campanur, en enero de este año, y los actos de intimidación hacia Bettina Cruz, representante del pueblo zapoteco contra los parques eólicos en el istmo oaxaqueño, son pruebas de la continuidad de este modus operandi que busca disuadir a estas personas de su propósito.

De ahí que consideremos de suma importancia el posicionamiento de los candidatos y la candidata respecto al Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, un instrumento de derechos humanos “que permite a toda persona participar de forma individual o colectiva en la toma de decisiones que afectan al medioambiente” (Beauregard, 2018).

Este Acuerdo, firmado por México a principios de marzo de 2018, será ratificado el 27 de septiembre de este año en la Sede de las Naciones Unidas; y aunque no recaería su ratificación en manos de la nueva presidenta o el nuevo presidente, es importante que los aspirantes o la aspirante se comprometan con el desarrollo de mecanismos que garanticen las disposiciones contenidas en él. Después de todo, al blindar a los defensores de los derechos humanos ambientales se abona al fortalecimiento una sustentabilidad fuerte.

No obstante, sigue siendo necesario insistir en la formulación de una agenda ambiental nítida que haga frente a los principales problemas ambientales del país. En este sentido, la Universidad Nacional Autónoma de México (unam) preparó un documento llamado Agenda ambiental 2018. Diagnóstico y propuestas (2018), esfuerzo explícitamente dirigido a los aspirantes y la aspirante a la presidencia de la nación, el cual destaca la crítica condición del agua, la biodiversidad y los bosques. Asimismo, señala a la actividad minera como una práctica con consecuencias ambientales y sociales devastadoras, a la vez que considera la situación de los derechos ambientales en México.

El documento, elaborado por 40 especialistas en la materia, debería ser el punto de partida de los candidatos para la elaboración de propuestas que realmente velaran por la justicia socioambiental del país. La prioridad de los temas ambientales no está a discusión, pues en última instancia del medio natural dependemos todos, y los límites que impone no se pueden estirar más. Es fundamental una agenda que aterrice los grandes problemas ambientales de México en estrategias operables que no sean incongruentes con las también prioritarias políticas de seguridad, sociales y económicas, pues sin agenda ambiental no quedará país que gobernar.