Para el Dr. Diego García Ricci, procurador de Derechos Universitarios de la Universidad Iberoamericana y especialista en transparencia y rendición de cuentas, la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) contra Enrique Peña Nieto por transferencias por 26 millones de pesos presuntamente de procedencia ilícita deberá construir un juicio público y no uno mediático.

Durante su participación en Aristegui Noticias, el académico del Departamento de Derecho señaló que la información dada este jueves por el titular de la UIF, Pablo Gómez, serviría más si fuera completa y de cara a la sociedad, pero al hablar sólo de ‘un expresidente’, sin decir el nombre, o de empresas A y B, no abona para que como comunidad nos involucremos en un caso de relevancia como éste.

“Cuando se presentan casos de tanta importancia para la sociedad como éste, debemos dejar que todos participen”, apuntó García Ricci, quien agregó que las personas se involucran cuando algo es sólido y no basado en suposiciones, pues “no sabemos si estamos andando por el camino correcto”. Señaló que, en este caso, debemos exigir un trabajo impecable de las autoridades.

Recordó que al tener información adecuada y transparente, se puede dar seguimiento al caso y tender las redes necesarias para hallar a quienes han cometido algún delito y sancionarlos. Los delitos por casos de corrupción, expresó, son muy técnicos y se necesita mucha precisión para poder desenmarañarlos y hallar a los responsables, que es el objetivo principal de una investigación.

Sobre la necesidad de que se construya un juicio público y no mediático, el especialista de la IBERO comentó que es vital para poder sancionar a quien comete el delito y no a otras personas; es decir, se busca delimitar las responsabilidades.

Por su parte, Daniel Lizárraga, editor de El Faro, dijo que Pablo Gómez dio un paso importante al presentar esta denuncia y metió a México en la ruta de países latinoamericanos que han transitado por caminos legales para enjuiciar a expresidentes. Mientras que el periodista Francisco Cruz señaló que la investigación deber ir contra Peña Nieto, pero también contra toda su administración.

También recalcó que las autoridades deben ser más precisas en la información que se ofrece, y aseguró que Pablo Gómez se metió en un canal que ya no tiene regreso y puede afectar al gobierno de Andrés Manuel Lopez Obrador o lastimar profundamente al gobierno del Estado de México, entidad que el próximo año elegirá gobernador.

Iván Cabrera