La Clínica Jurídica para Refugiados Alaíde Foppa de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México participó en los trabajos de actualización del ‘Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren a personas migrantes y sujetas de protección internacional’, que llevó a cabo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El proceso de actualización del Protocolo -elaborado en su primera edición en 2012- fue encabezado por la Dirección General de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos de la SCJN, y se realizó en la sede alterna del máximo tribunal de México.

Elba Coria Márquez y Lorena Cano Padilla, directora y abogada de la Clínica Jurídica para Refugiados Alaíde Foppa, respectivamente, fueron quienes participaron, por parte de la IBERO, en los paneles del evento ‘Acceso a la Justicia para Población Migrante. Proceso de actualización del Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren a personas migrantes y sujetas de protección internacional’.

Coria y Cano estuvieron acompañadas en la Suprema Corte por diez estudiantes de la IBERO de, Derecho, Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas y Administración Pública, quienes actualmente colaboran con las labores de la Clínica Jurídica a favor de personas solicitantes de asilo y refugiadas en México. 

Respecto al proceso de actualización iniciado por la SCJN, Coria Márquez dijo: “Tiene un gran mérito, porque refleja su compromiso por seguir avanzando en herramientas que contribuyan a fortalecer el acceso a la justicia de personas migrantes y con necesidades de protección internacional, como son las y los solicitantes de asilo y refugiados”. 

La iniciativa es además oportuna, puesto que desde el 2012 a la fecha ha habido avances y desarrollos jurídicos concretos en el poder judicial, con relación a casos de personas en contexto de migración y refugiadas en México, que han visto vulnerados sus derechos. A esto se suma el papel del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, organismo autónomo que también ha participado activamente en resolver asuntos de afectaciones graves a derechos de personas migrantes y refugiadas.

Por ejemplo, en el ámbito judicial, se han emitido tesis aisladas por Tribunales Colegiados de Circuito con relación a la libertad personas detenidas en estaciones migratorias, o sobre el análisis e interpretación de los elementos que hacen a una persona refugiada.

Igualmente, se cuenta con sentencias, que si bien no han dado lugar a criterios jurisprudenciales, sí han sido relevantes en cuanto al análisis de grandes problemáticas que enfrentan las personas en contexto de migración y con necesidades de protección, como son: las alertas migratorias; el ingreso de organizaciones civiles a estaciones migratorias para brindar asesoría y representación legal; violaciones al debido proceso en los procedimientos migratorios; y los derechos de niñas, niños y adolescentes en contexto de migración. 

“De tal forma que, aunque persisten grandes retos y obstáculos en materia de acceso a la justicia para estas poblaciones -uno primordial es contar con defensa legal gratuita y especializada-, se cuenta con recursos de una práctica judicial y jurídica con enfoque en derechos humanos que en 2012 era prácticamente inexistente”. 

“Incorporar así estos avances, contando también con mayor especialización en la temática migratoria y de asilo, tanto por parte de los operarios judiciales como de las organizaciones de sociedad civil y de quienes fundamentalmente de forma gratuita llevan a cabo su defensa legal, son uno de los grandes aportes que tendrá la actualización del protocolo”, destacó la Directora de la Clínica Jurídica para Refugiados Alaíde Foppa de la IBERO.

Acceso a la Justicia para Población Migrante

De acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el evento ‘Acceso a la Justicia para Población Migrante’ marcó el inicio del proceso en el que se convocará a operadoras y operadores del sistema de justicia, organizaciones de la sociedad civil y comunidad académica a participar en la identificación de herramientas, recomendaciones y buenas prácticas para la actualización del Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a personas migrantes y sujetos de protección internacional.

En dicha actividad, las abogadas de la Clínica de la IBERO participaron con las siguientes ponencias: ‘Reflexiones y aprendizajes en torno a la defensa legal y acceso a la justicia de personas solicitantes de asilo y refugiadas en México, Elba Coria; y ‘Retos y experiencias en el proceso de creación del protocolo’, Lorena Cano Padilla.

PEDRO RENDÓN/ICM