Para 21 fiscales de estados republicanos de la Unión Americana, una de las prioridades del gobierno del Presidente Biden debe ser declarar como organizaciones terroristas a los cárteles de droga mexicanos.

Resulta, que no es la primera vez que se realiza esta petición al jefe del Ejecutivo estadounidense. Se pueden rastrear por lo menos dos momentos previos no muy alejados en el tiempo. Durante la administración de Trump, el expresidente anunció que estaba emprendiendo acciones para poder designar como terroristas a cárteles mexicanos.

Eso fue derivado, entre otras cosas, del incidente del 4 de noviembre de 2019, donde fueron asesinados varios miembros de la familia LeBaron en Bavispe, Sonora. Como resultado de las acciones judiciales que esta familia emprendió en Estados Unidos, en 2022 una corte de Dakota del Norte sentenció al Cártel de Juárez a pagar una suma millonaria como indemnización, por considerar este atentado como un “acto terrorista”.

En 2021, motivado por la presencia de los cárteles y su función como traficantes de personas migrantes, el gobernador de Texas, Greg Abbot, urgió a Biden a reconocer como terroristas a los cárteles, aduciendo el peligro a la seguridad que representaban para un estado fronterizo; posteriormente, el 21 de septiembre de 2022, Abbott emitió una orden ejecutiva para designar a los cárteles como organizaciones terroristas (https://gov.texas.gov/news/post/governor-abbott-designates-mexican-cartels-as-terrorist-organizations).

Actualmente, la razón por la que los fiscales dicen revivir esta petición, está relacionada con las muertes que ha causado la distribución masiva del fentanilo y su uso en la composición de otras drogas, lo que lleva a considerar que los narcotraficantes mexicanos, así como los grupos dentro de Estados Unidos, han alcanzado tales grados de organización y capacidad de violencia, que ya no pueden ser combatidos como una organización delictiva convencional.

Otro factor es la disputa presidencial que se anticipa pues, en el fondo, estas elecciones deciden también entre dos proyectos antagónicos para enfrentar los problemas sociales, como el de las adicciones.

En todo caso, esta determinación representaría una admisión tácita del gobierno estadounidense sobre la incapacidad del gobierno mexicano de combatir efectivamente al narcotráfico. Además, se seguirían sumando argumentos para hacer aún más profundo el prejuicio de México como un país violento e “ingobernable desde adentro”.

De este modo, se reforzaría el pensamiento colonial de que Estados Unidos puede “poner orden” en México, cosa que para muchos no sería disparatada, si ponemos sobre la mesa el hecho de que algunos grandes capos mexicanos y funcionarios coadyuvantes de alto nivel, han sido sentenciados por cortes estadounidenses.

Desde México, resultaría interesante hacer un ejercicio con nuestra propia población para conocer si estarían de acuerdo con que Estados Unidos interviniera en territorio nacional para combatir a los narcotraficantes, usando toda la fuerza que han utilizado para contrarrestar el terrorismo en otros países.

Si preguntáramos a los mexicanos, en el fondo les estaríamos enfrentando a la paradoja de ceder soberanía nacional y libertades individuales, a cambio de protección y seguridad proporcionada por otro país, que sería, ni más ni menos, Estados Unidos. El caso de la familia LeBaron ya nos da una pista sobre cómo responderían varios mexicanos ante este dilema; pareciera ser que algunos estarían dispuestos a ceder sus libertades y la soberanía nacional ante una amenaza constante de los cárteles de droga y una estrategia fallida del gobierno mexicano para proteger a su población.

*La Dra. Karla A. Valenzuela Moreno es profesora-investigadora de la Maestría en Estudios sobre Migración y del Departamento de Estudios Internacionales, de la IBERO.