Corte frenó acto inconstitucional del Ejecutivo, que creó una Guardia Nacional militar
Lic. Ernesto López Portillo, coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la IBERO.
Al declarar inconstitucional el pase de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) “frenó el acto inconstitucional del Poder Ejecutivo Federal”, que burló la carta magna al crear una GN militar, señaló el Lic. Ernesto López Portillo, coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.
Recordó que en 2019 el Constituyente Permanente --el más alto poder reformador de la Constitución-- aprobó la reforma con la cual se creó una Guardia Nacional civil. Y antes, en 2008, el mismo constituyente decidió que lo correcto es que las instituciones de seguridad pública sean civiles.
Pero el Presidente López Obrador decidió que la GN fuera militar, y con esto, “pasó por encima de la Constitución” y despreció el acuerdo de todos los partidos políticos, en el Congreso de la Unión y en los congresos estatales, cuando aprobaron esa reforma de 2019.
A partir de ese momento nació la Guardia Nacional constitucional civil, “pero en las calles empezó a desarrollarse otra GN, la militar; la del Presidente”. Y es que, de acuerdo con datos actuales, el 85% de los integrantes de la GN son militares, 14% son expolicías federales y sólo 1% son nuevos reclutas civiles.
López Portillo afirmó: “La Guardia Nacional es militar en su doctrina, en su formato de capacitación, en su esquema de despliegue y sólo tiene escasas horas de formación en temas policiales. De hecho, hemos encontrado (en el Programa de Seguridad Ciudadana) que la Guardia Nacional, en su capacitación básica, no imparte cursos de especialización en investigación de los delitos, y eso enseña todavía con más claridad que se trata de una institución propiamente militar”.
Con base en esos antecedentes, el profesor e investigador de la IBERO celebró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación llevará a cabo “sus funciones de control del poder, de control de la constitucionalidad de los actos del poder y que nos regrese al camino correcto, para poder cumplir en la calle lo que ordena la constitución”.
Mas aclaró, “con ésta es la segunda vez que la corte le pone un freno a la militarización de la seguridad pública en México”, pues rememoró que en 2018 decidió invalidar la Ley de Seguridad Interior, porque regularizaba la intervención militar en seguridad pública de manera inconstitucional.
Sobre cómo regresar al camino correcto, mencionó que lo primero por hacer es crear una doctrina y un plan de desarrollo de la GN civil. “Ahí tiene que estar todo el concepto y todas las actividades que en los próximos uno, cinco, diez años, nos permitan rendir cuentas adecuadamente”.
Y respecto a si una GN civil ayudaría a combatir la alta letalidad de la misma, Ernesto López Portillo comentó que esto será posible sólo si en la Guardia Nacional se crean mecanismos de fiscalización y de control internos y externos adecuados sobre el uso de la fuerza. “Únicamente así podríamos tener expectativas de reducir el abuso del uso de la fuerza letal”.
Por cierto, “hay que cumplir la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Atenco, que publicó la corte en 2018, y que ordena crear el observatorio externo que vigilará a la Guardia Nacional”, concluyó.
Texto y foto: PEDRO RENDÓN / JCM
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