La campaña Cuenta hasta 10 que presentó el gobierno federal para prevenir la violencia contra las mujeres carece de perspectiva de género y es clasista, no atiende las raíces de la problemática y está basada en mitos sobre la violencia contra las mujeres, señaló la Mtra. Elvia González del Pliego Dorantes, coordinadora del Programa de Género e Inclusión de la IBERO.

“La campaña muestra un desconocimiento de la violencia por razón de género, trivializa el problema, además de que resulta indignante tomando en cuenta las pasadas declaraciones del presidente de México en las que negaba la problemática y a esto se agrega la reducción de recursos a instituciones que atienden la violencia contra la mujer”, señaló González del Pliego.

Para la académica, esta campaña está sustentada en el mito de la marginalidad que, según investigaciones, señala que la violencia contra las mujeres en la familia o en la pareja sólo ocurre en países subdesarrollados, así como en familias y/o personas de escasos recursos, cuando en realidad esta violencia se da en personas de todos los grupos sociales, étnicos, culturales, de cualquier edad, nivel de ingresos, estudios u ocupación. Ni los maltratadores ni las mujeres maltratadas corresponden a ningún estrato social en particular o a un perfil de familia.

De acuerdo con la especialista, es preocupante la violencia contra las mujeres que se está registrando en el ámbito familiar en México en este momento de confinamiento; así como los recortes presupuestales para la prevención de esta violencia. En particular preocupa la afectación a los refugios y la reciente cancelación de recursos para Casas de las Mujeres Indígenas.

Compartió que ya desde antes de la pandemia había mujeres que no denunciaban a sus agresores y que en estos momentos seguramente no están denunciando porque tienen miedo, porque están con el agresor en casa y no pueden salir corriendo con sus hijas e hijos ante el peligro de contagio por el COVID-19. Además de que hay instancias judiciales que no dejaron información clara y accesible para que quienes son víctimas de violencia puedan solicitar ayuda o denunciar.

Comentó que Equis Justicia para las Mujeres, en su investigación Des-protección judicial en tiempos de Covid-19, evaluaron 32 poderes judiciales del país y se encontró que 84% poderes judiciales suspendieron servicios durante la contingencia. En 19 estados no se contemplaron guardias para emitir órdenes de protección y medidas cautelares, en materia familiar y penal, que son cruciales para proteger a víctimas de violencia.

Diez de 32 poderes judiciales locales no incluyeron en sus directrices de suspensión de labores, información sobre la operación de pago de pensión alimenticia cuando esta se paga a través del órgano judicial. Asimismo, 14 de 32 de los poderes judiciales suspendieron las actividades totales de los Centros de Convivencia Familiar Supervisada, que son espacios donde se reúnen los progenitores con sus hijas e hijos para evitar que entren al domicilio donde viven con la madre. 

De acuerdo a la Red Nacional de Refugios (RNR), en esta temporada se incrementó un 80% las llamadas y mensajes para solicitar ayuda por violencia por razón de género.

“Lo que está ocurriendo es una suma de acciones que nos hablan de que el tema realmente no lo entienden o no lo consideran importante. Con acciones como la de la campaña, la negación del incremento en las llamadas para pedir ayuda, los recortes presupuestales a la prevención a la violencia contra las mujeres, la idea de que imponiendo ley seca se va a acabar las agresiones contra las mujeres, me parece estar viendo que todas las acciones del gobierno se basan en mitos sobre la violencia contra la mujer y en un absoluto desconocimiento de las raíces y de la problemática”, explicó. 

Asimismo, añadió que todas estas acciones son preocupantes pues parecería que hay detrás hay un interés muy claro en desaparecer  la utilización de la perspectiva de género en los análisis de todos estos fenómenos relacionados con la violencia contra las mujeres y con la igualdad de género. A esto sumamos, también recientemente, el querer cambiar la tipificación de feminicidio y ponerlo como homicidio doloso.

Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los primeros tres meses de 2020, a nivel nacional, hubo 240 feminicidios, de los cuales 76 ocurrieron entre febrero y marzo. También, se registraron alrededor de 720 homicidios dolosos de mujeres en el mismo tiempo, 254 de ellos en solo mes. No se sabe si para identificarlos como tales, antes utilizaron el protocolo de investigación como feminicidio.

“Entonces, si vemos la suma de declaraciones y acciones que incluyen lo antes mencionado sobre el feminicidio, más los recortes presupuestales para la prevención y atención de la violencia contra las mujeres, y dentro de esto la afectación a los refugios y las Casas de la Mujer Indígena, además de negar públicamente que exista un incremento de la violencia contra las mujeres – que también es un neomito negacionista- y con declaraciones promover los roles de género tradicionales normalizando la responsabilidad de las mujeres sobre los cuidados en las familias y, finalmente, la reciente campaña, me parecería que nada de esto es casualidad y que detrás hay un interés muy claro de evitar utilizar la perspectiva de género y boicotear poco a poco el trabajo en favor de la igualdad de género y del acceso a las mujeres a una vida libre de violencia”.

Agregó la especialista: “Habría que recordarles que, para la construcción de la paz y la seguridad, también es indispensable la utilización de la perspectiva de género, y que la paz no se logra sacando una banderita y contando hasta 10, sino que involucra un trabajo serio que incluye el reconocimiento del daño causado, poner los cuidados en el centro como algo que atañe a todas las personas y no únicamente a las mujeres, el diálogo, transformar conflictos y hacer acuerdos de no repetición, trabajar para erradicar el machismo, la homofobia, el sexismo, entre otras muchas cosas ”.

Valentina González/ICM