Si algo nos está demostrando la crisis de la pandemia es que el sistema socioeconómico en el que vivimos no funciona. Las personas en contextos de desigualdad se vuelven aún más vulnerables y quienes pueden tener un mínimo de condiciones de vida dignas se convierten en personas privilegiadas. Esto sucede justamente porque vivimos en un sistema de desigualdades en el que por cada intersección se incrementa la vulnerabilidad.

Las personas migrantes forzadas, por su condición migratoria, de clase, género, edad, nacionalidad, identidad sexual y por las violencias acumuladas de las que huyen, más las que viven en el tránsito y llegada, suman múltiples condiciones de vulnerabilidad que las ponen en mayor riesgo frente a la nueva pandemia por COVID-19.

En algunos países se han tomado medidas de cierre de fronteras como respuesta a la pandemia que refuerzan las políticas migratorias que los países del norte global ya venían adoptando. En el caso de Estados Unidos con México, no es la excepción, y el país vecino ha aprovechado la oportunidad para implementar medidas aún más restrictivas y presionar a los países para recibir y contener a la migración hacia el norte.

Desde junio del 2019 el gobierno mexicano decidió intensificar sus políticas de control fronterizo después de que el gobierno de Donald Trump amenazara con imponer un 5% de aranceles a los productos mexicanos. Aunque desde hace años las organizaciones y albergues ya venían denunciando que la situación de las personas migrantes era sumamente grave y que era necesario que imperara un enfoque de derechos humanos en la política migratoria, lo peor llegó desde que el gobierno mexicano decidió asumir el rol de frontera externalizada bajo las presiones de Estados Unidos.

Y ¿qué significa esto de una frontera externalizada y qué tiene que ver esto con la crisis del COVID-19? La externalización de fronteras es una apuesta en la que los países del norte global transfieren sus responsabilidades internacionales a los países del sur global. Es una forma de expandir sus fronteras a través de la militarización de las fronteras de países vecinos que se encargan de contener la llegada de migrantes a sus territorios. También se externalizan los sistemas de asilo, esto quiere decir que se realizan acuerdos, bajo presiones comerciales o de otro tipo, para que terceros países del sur global acojan a las personas refugiadas, generalmente en pésimas condiciones. La Unión Europea está construyendo una fortaleza alrededor de la externalización de fronteras y países como Turquía, Libia o Grecia están recibiendo a las personas que huyen de guerras y hambre, (generalmente de Siria y otros países asiáticos, así como de países africanos) en campos de refugiados que son más parecidos a campos de exterminio.

México no está muy lejos de esos contextos. Bajo las presiones de Estados Unidos, este gobierno desplegó a la Guardia Nacional a las fronteras norte y sur, y se han recibido a más de 60 mil personas solicitantes de asilo en Estados Unidos que son regresadas a esperar sus procesos a México bajo el Programa Quédate en México o MPP Migrant Protection Protocol, sin garantías de condiciones de vida digna y en ciudades fronterizas sumamente violentas que incrementa los riesgos de población solicitantes de asilo.

Además, en medio de la crisis por COVID-19, el gobierno mexicano está recibiendo a las personas deportadas de manera exprés desde Estados Unidos. Desde el pasado 21 de marzo, el gobierno de Estados Unidos aprovechó el pretexto de la pandemia para cerrar sus fronteras y ha desmantelado lo poco que quedaba de protección a la población migrante en Estados Unidos. Están deportando de forma exprés hacia México sin respetar el debido proceso y sin garantizar el derecho a solicitar asilo. No hay cifras oficiales publicadas para abril, pero ya se hablan de más de 10 mil personas deportadas sin importar la nacionalidad.

Todo esto tiene que ver con el COVID-19 porque la crisis ha agravado los contextos de las personas migrantes que tuvieron que salir huyendo de sus países y que tienen necesidades de protección cada vez más específicas y urgentes. Los gobiernos están utilizando la ocasión para terminar de desmantelar el sistema de protección de los derechos humanos mientras que las necesidades de protección de las personas se van intensificando. En el caso de México, el gobierno federal y la Secretaría de Salud implementan políticas de protección a la población, diariamente reportan las acciones que están tomando en la fase 3 pero no se habla de lo que está sucediendo con la población migrante forzada. Utilizan eufemismos y no reconocen la situación de emergencia que se está viviendo en la frontera norte.

Además, el Instituto Nacional de Migración está operando como una institución “deportadora” que no respeta los derechos humanos de las personas migrantes y que tampoco reconoce a la sociedad civil como un interlocutor válido en la demanda de transparencia sobre lo que sucede con la población migrante. Con el pretexto de vaciar las estaciones migrantes por ser espacios de confinamiento, han optado por deportar a la población, en lugar en garantizarles regularización migratoria y un espacio seguro y en libertad en donde puedan pasar el confinamiento.

Los albergues para las personas migrantes continúan brindando atención humanitaria en la medida de sus posibilidades: algunos en confinamiento con las personas que ya estaban en el albergue cuando comenzó la emergencia, otros brindando ayuda humanitaria en las calles, otros no han tenido otra opción más que recibir a las personas migrantes que han salido de las estaciones migratorias y que no tienen un lugar a donde ir. Persiste la dinámica por la cual son los albergues y sociedad civil quienes terminan asumiendo una responsabilidad que le corresponde al Estado y que no sólo no asumen, sino que además deportan a la población a contextos muchos peores, sin información sobre lo que está sucediendo en sus países en medio del COVID-19 y sin reconocer que son lugares de los que vienen huyendo.

Las personas migrantes se encuentran en un limbo del que es muy difícil de salir. Mucha de la población que ha sido deportada desde Estados Unidos está atrapada en las rutas migratorias de México porque no pueden volver a sus países, no pueden llegar al norte y tampoco tienen a donde ir en medio del confinamiento. Miles de personas han sido negadas de su derecho a tener derechos y actualmente desafían las fronteras defendiendo su derecho a vivir una vida digna.

La crisis por el COVID-19 destapa que vivimos en un mundo en el que se gobierna para que unas personas puedan vivir y otras, las que son desechables para gobiernos en el poder, se queden en el camino y mueran por omisión. Esta misma crisis está demostrando que miles de esas personas tienen una capacidad de afrontamiento admirable, que deciden romper el régimen de fronteras, peleando por su derecho a una vida vivible. Por este motivo es necesario que las comunidades y sociedad civil nos organicemos para apoyar a los espacios que les apoyan y exijamos al gobierno mexicano que garantice el derecho a la salud para todas las poblaciones sin distinción alguna, pero reconociendo las necesidades específicas de protección que tienen las personas más vulneradas.

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